Unión de los Trabajadores de la Educación de la provincia de Río Negro (Unter) versus el verso del "mejor salario docente del país"

Las declaraciones de la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, no solo resultan provocadoras, sino que expresan con claridad la mirada profundamente alejada de la realidad material que atraviesan las y los trabajadores de la educación en Río Negro.

Afirmar que en la provincia se pagan “los mejores sueldos del país” sin ningún tipo de respaldo comparativo serio, sin contemplar el costo de vida real, las zonas desfavorables, el desfinanciamiento de la obra social, los descuentos, la precarización salarial acumulada y la pérdida sistemática del poder adquisitivo, constituye una falacia discursiva funcional al ajuste. No es una afirmación técnica: es una definición política.

Calificar como “alocada” la exigencia de un salario inicial que permita vivir y no sobrevivir desnuda el núcleo del problema: para este gobierno, y para sus funcionarios, la vida de las y los docentes es una variable de ajuste. Lo que llaman “alocado” no es otra cosa que el reclamo elemental de que el salario alcance para cubrir alquiler, alimentos, transporte, salud, educación y recreación. Lo verdaderamente irracional es pretender sostener el sistema educativo con trabajadores empobrecidos.

El discurso de que “no se puede rifar todo lo que hay” es reiterado, pero profundamente engañoso. Nunca se habla de rifa cuando se condonan deudas, se garantizan beneficios a sectores concentrados o se naturaliza el salario en negro dentro del propio Estado provincial. La supuesta responsabilidad fiscal aparece únicamente cuando se trata de salarios docentes. Esa selectividad revela una clara priorización política, no una imposibilidad económica.

Asimismo, resulta inadmisible que se utilice el argumento de que “ya cerraron la liquidación de enero” para relativizar la urgencia del reclamo. Esa afirmación expresa con crudeza que el tiempo de quienes nos gobiernan importa más que el tiempo de quienes no llegan a fin de mes. Para el gobierno “no apuran los tiempos”; para las y los docentes, la urgencia es diaria.

Decir que la propuesta “da previsibilidad” es otra expresión vacía: no hay previsibilidad posible con salarios por debajo del costo de vida, con IPC que no reflejan la realidad de toda la provincia, con deudas salariales sin reconocer y con paritarias que se convocan tarde y alejada de la realidad económica y social. La previsibilidad que se ofrece es, en realidad, la previsibilidad del empobrecimiento.

Finalmente, insistir en que UnTER “no puede desconocer” que los salarios son de los mejores del país es una forma de deslegitimar el conflicto, de correr el eje del debate y de responsabilizar al sindicato por exigir lo que el propio Estado incumple: el derecho a un salario suficiente, móvil y justo. No es UnTER quien desconoce la realidad; es el gobierno quien se niega a mirarla desde abajo, desde las aulas, desde los hogares docentes, desde la vida cotidiana.

En síntesis, estas expresiones no buscan dialogar ni resolver el conflicto: buscan disciplinar, instalar sentido común anti-docente y justificar un ajuste que ya está en marcha. Frente a ese discurso, la organización, la lucha y la firmeza sindical no solo son legítimas: son necesarias.