"A espaldas de la docencia que reclama aumento salarial y presupuesto, el gobierno de Javier Milei y los rectores lanzan una reforma de las carreras universitarias que pretende el desguace de las universidades tal cual las conocemos"

A la ofensiva contra el presupuesto y los salarios docentes, el gobierno de Milei suma un nuevo ataque: el intento de desguazar las carreras de grado y el sistema universitario a partir de la implementación de un sistema de créditos. Los ajustadores pretextan que, con este modelo, los planes serán “más libre y abiertos, interdisciplinarios y flexibles”. Pero la política que pretenden implementar exhuma el viejo proyecto menemista –copiado del modelo europeo de Bolonia– que apunta a la reducción de las carreras de grado gratuitas a expensas de un mayor desarrollo de los posgrados arancelados. En otras palabras, asistimos a un nuevo intento por profundizar la mercantilización de la educación superior con el guion –otra vez– del Fondo Monetario Internacional.

La resolución oficial está basada en un proyecto que elaboraron el CIN y el CRUP –los consejos que reúnen a las y los rectores de universidades públicas y privadas– en un salto en el esquema de destrucción de la universidad pública desde adentro. Nada que nos sorprenda de quienes, más allá de alguna declaración de emergencia, asisten impávidos al derrumbe de las universidades, a la liquidación de nuestros salarios, a la expulsión creciente de docentes y estudiantes del sistema.

La difusión de esta resolución que pretenden imponer hacia enero de 2027 para todas las nuevas carreras de grado y pregrado, pero que ya promueven la inclusión de las existentes, rebosa de eufemismos y fantasías. Como hace treinta años atrás, insisten en que las y los estudiantes se verán beneficiados con carreras más cortas, atribuyendo el problema de la cantidad de años de estudios a los programas y no al hecho evidente de que la mayoría del estudiantado –el 60% en la UBA– trabaja.

En lugar de más becas y con montos que puedan financiar los estudios, les prometen carreras cortas con títulos devaluados, la calificación de una masa de mano obra menos calificada y precaria acorde las necesidades del capital.

Como lo hicimos hace treinta años, tenemos que impulsar un gran movimiento estudiantil, docente y no docente para voltear esta resolución antieducativa y privatista. La tercera marcha universitaria por el presupuesto y por el salario tiene que asumir este planteo y esta denuncia. La AGD UBA (Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires) empeña toda su organización en esta lucha.