La Asamblea Universitaria que finalizó sus sesiones el pasado jueves 21 de noviembre se tomó diez años para modificar un estatuto que, en esencia, no ha sido reformado.
Mientras la comunidad universitaria ha llevado adelante durante el año masivas movilizaciones y acciones de lucha por los salarios y el presupuesto, mostrando su interés y participación, los asambleístas del Rector y el Consejo Superior han sido incapaces de involucrar, en las decisiones de la UNT (Universidad Nacional de Tucumán) y el gobierno, a esos mismos docentes, no docentes y estudiantes.
Por el contrario, no hay cambios estructurales y sigue rigiendo un sistema de elección anti democrático. Siguen siendo un puñado de personas las responsables de decidir sobre el destino de la UNT.
En el caso de los docentes, seguiremos votando por estamentos: por un lado Auxiliares y JTP, por otro, Adjuntos Asociados, y por otro Titulares. Es decir, no como un cuerpo de colegas y compañeros sino de forma fragmentada y dividida.
A su vez, la docencia más castigada por el ajuste y la falta de presupuesto, como los JTPs, seguirán teniendo una casi nula participación.
En el caso de los estudiantes, seguirá rigiendo el voto calificado ya que de las votaciones solo participan los regulares y, además, su representación es minoritaria -siendo que los estudiantes son mayoría.
Seguimos sin Ciudadanía Preuniversitaria ya que incorporar al Director/a del Consejo de Escuelas Experimentales al Consejo superior no es reconocer la ciudadanía preuniversitaria. Las 8 escuelas siguen sin ser parte del HCS.
Además, solo incorporan 4 personas a la Asamblea Universitaria del lado de las escuelas: un/a representante por los docentes, no docentes, estudiantes, graduados.
Es decir que mientras las escuelas preuniversitarias son una parte considerable de la UNT, éstas tendrán solo 4 representantes en una asamblea universitaria que funciona, con suerte, cada 4 años.
No menos importante: el Estatuto mantiene todo el andamiaje de la menemista Ley de Educación Superior, que es un instrumento de privatización del nivel superior. Parece ser que en el rectorado no han oído a los millones de argentinos que rechazan la privatización educativa. No entendemos a que se refieren cuando hablan de que el “nuevo” estatuto surgió del “consenso”.
Es evidente, por todo esto, que la asamblea universitaria no ha tenido el propósito de incorporar derechos políticos para la comunidad universitaria. Hasta el punto de que se seguirá eligiendo los Rectores por el cuestionado método de elección indirecta. Éste método no tiene nada que ver con los principios de la reforma universitaria de 1918, porque es usado como una forma de elección en base de favores y compromisos de capilla. No de la voluntad de la comunidad universitaria.
Tampoco habrá con el nuevo estatuto avances en cuanto a la transparencia en el manejo de los fondos. Se sigue sin abrir las cuentas para que la comunidad universitaria pueda conocer el destino de los fondos. Se preserva el ocultamiento y se deja de lado en el control y manejo, una vez más, a la comunidad. La verdadera autonomía universitaria solo se puede conseguir y defender con la participación democrática.
ADIUNT (Asociación de los Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán)
