A partir de la lucha de
la comunidad educativa del IES en Lenguas Vivas "Juan Ramón Fernández", que se
enteraron por los medios de la presencia de material cancerígeno en esa y en
otras escuelas -al menos doce según informe periodístico- que se usaba antaño en
la construcción de edificios, las escuelas se están organizando por este tema.
Sin embargo el
gobierno, a través de una carta de la ministra de Educación Soledad Acuña a las
familias, quiso convertir un problema de salud pública en un tema “sindical”,
atacando las medidas de asambleas y eventual suspensión de clases, en lugar de
informar qué plan tiene para sacar el material de las instituciones educativas.
Las supuestas
mediciones de presencia del material en cuestión no solamente no siguieron los
parámetros técnicos adecuados y con la participación de técnicos de todas las
partes, sino que la comunidad educativa desconoce los procedimientos que se
realizaron y los que se deben llevar adelante para erradicar los peligros que
conlleva trabajar y estudiar en un ambiente contaminado.
Es la misma actitud que
tuvieron con los trabajadores del subte que también emprendieron una lucha por
contaminación en material rodante, comprados a España. Fueron los delegados y
trabajadores los que pusieron de relieve esta situación y encontraron también
el ataque del gobierno contra las medidas de fuerza.
Desde Ademys (Asociación Docente de Enseñanza
Media y Superior) nos solidarizamos con la comunidad educativa del IES
Lenguas Vivas, apoyamos todas las medidas de acción que sean necesarias para
que el gobierno se haga cargo de la situación y reclamamos de forma urgente que
presente un plan para sacar este material prohibido de las escuelas.
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