Luego de la movilización en defensa de la educación pública más masiva que se tenga registro en la última etapa, que marca el ingreso del movimiento estudiantil a la lucha, y abrió una crisis política en el gobierno, este junto a la “oposición” colaboracionista se apuran para tratar de darle tratamiento al paquete de reformas, y dar un paso más en el brutal ataque al pueblo trabajador, con el visto bueno del Congreso. Las mismas fuerzas políticas que, sin vergüenza, se mostraron en la calle junto a los centenares de miles de estudiantes y trabajadores de la educación de todo el país, se aprestan a darle algunas herramientas legales al gobierno de Milei para que avance contra los derechos y conquistas de los trabajadores y toda la población explotada de la Argentina. Nuevamente y alarmados por el proceso de movilización en curso, la UCR, el PRO y sus aliados se disponen a intentar asestar este golpe, con un PJ maniobrando de opositor, mientras deja pasar la ofensiva contra los trabajadores. Todos los que han gobernado, por acción o por omisión, actúan para darle “gobernabilidad” a Milei y apostar a “volver” luego de dejar pasar este ataque histórico que intentan perpetrar.
La mentada “ley de bases” contiene enormes condonaciones de deudas a los capitalistas como el blanqueo de capitales y la reducción y beneficios en el impuesto a los “bienes personales” y una moratoria con grandes beneficios a los grandes deudores y evasores. Contiene además, mayores facilidades para avanzar en la destrucción del ambiente para propiciar la mega minería, el fracking y el extractivismo. Mientras se otorgan todo tipo de beneficios a los capitalistas, la ley avanza en la posibilidad del gobierno de cerrar o reducir drásticamente institutos del Estado que albergan a miles de trabajadores como es el caso del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), el INCAA y otros, profundizando los despidos en curso. Delega facultades al Ejecutivo e insiste en meter mano y saquear los 43.291 millones de dólares del Fondo de Garantía y Sustentabilidad de los jubilados. Si bien tuvieron que retroceder de 40 a 18, plantea la privatización total o parcial de numerosas empresas, como Aerolíneas, Trenes Argentinos, YCRT o AySA. El fin del “Estado presente” no es la ausencia del Estado en beneficiar a los capitalistas, sino la de liquidar miles de puestos de trabajo, la educación y la salud pública en la Argentina.
A esto se suma con el paquete fiscal, el retorno del mal llamado “impuesto a las ganancias” sobre los salarios. No sólo pretenden imponer un tope a las paritarias frente a la inflación, sino que le intentan meter la mano en el bolsillo al conjunto de los trabajadores que luchan por conquistar un salario que les permita sostener a sus familias, mientras que a la par condonan impuestos a los más ricos con bienes en el exterior.
Por si esto fuera poco, a último momento, el gobierno y los bloques que colaboran con la “gobernabilidad” de Milei, acordaron incorporar diferentes puntos de una reforma laboral exigida por las patronales nacionales. Con la UCR y el PRO, y el visto bueno del bloque liderado por Pichetto, se pretende imponer una reforma laboral que extiende los períodos de prueba a los trabajadores, la eliminación de multas a las empresas por trabajo no registrado (las empresas podrían mantener el trabajo en negro sin ningún tipo de consecuencias), la eliminación de la posibilidad del trabajador de ser reinstalado por la justicia frente a un despido discriminatorio por actividad sindical, y terminar con el régimen de indemnizaciones por despidos, entre otros puntos anti obreros que la CGT venía negociando a cambio de que les mantengan la cuota sindical “solidaria”. Pretenden la penalización con años de cárcel a los trabajadores que realicen asambleas o se organicen frente a los atropellos patronales al igual que la penalización de acciones que corresponden al derecho de huelga.
Más que nunca queda claro que el gobierno de Milei representa los intereses de los grandes empresarios, las multinacionales, bancos y el FMI quienes le han declarado guerra a las y los trabajadores y a las mayorías populares. Con esta ley pretenden darle anclaje legal a su plan autodenominado “motosierra” y “licuadora”, que pulveriza salarios, jubilaciones y planes sociales, fomenta despidos de decenas de miles de trabajadores y ahoga la educación y la salud públicas. Un plan de pobreza planificada, con recesión y una inflación que es la más alta del mundo y que incluye el cese de envío de alimentos a los comedores populares. Un plan criminal que elimina los medicamentos oncológicos para pacientes graves.
El tan mentado “déficit cero” lo consiguen a costa de haber pulverizado los haberes jubilatorios, los planes sociales y los salarios estatales, un ajuste insostenible a las provincias, a la salud y a la educación, el parate de la obra pública, y con una nueva emisión multimillonaria de deuda para continuar destinando recursos para financiar el pago de la deuda externa y todo tipo de beneficios a los capitalistas. Los despidos, retiros voluntarios, jubilaciones adelantadas y suspensiones derivados de la violenta recesión económica con la que se pretende moderar la inflación, ya suman centenares de miles y recién comienza. En cambio, aumentan escandalosamente los salarios de altos funcionarios y de los senadores.
Todos a las calles. Paro general activo inmediato y plan de lucha hasta derrotar la ley y el plan de Milei. Continuidad garantizando el paro del 9 de Mayo.
El 1º de Mayo, día internacional de los trabajadores, tiene que ser un día de lucha, de movilización independiente donde, con la acción masiva de los trabajadores, hayamos derrotado en los días previos este nuevo intento de imponer un retroceso de carácter histórico. Los estudiantes, docentes y trabajadores de la educación mostraron un camino, copando las calles, con paro y movilización. Vamos por más. Abajo la Ley de anti obrera de Milei y la oposición colaboracionista. Abajo la reforma laboral. Abajo el DNU. Abajo el protocolo represivo de Patricia Bullrich y Jorge Macri. Todos al Congreso.
