Las medidas del Ejecutivo, sin necesidad ni urgencia alguna, no hacen otra cosa que repetir el modelo de las privatizaciones de los 90, eliminando el reconocimiento del agua como derecho humano y habilitando los cortes de suministro por falta de pago.
Además, como parte del ajuste brutal, el gobierno aplicó desde diciembre de 2023 aumentos tarifarios de más del 360%, el despido de más del 20% de la planta de trabajadores, el cierre de sedes y la suspensión de planes de expansión de la red de agua y cloacas. Todo ello acompañado de la reducción de controles de calidad, como los límites de nitratos establecidos por el Código Alimentario Nacional.
Por eso, exigimos:
No a los despidos ni a la venta de AySA
Apertura de las sedes de atención al público
Finalización y ampliación de Obras
No a los cortes de agua y cloacas
No a la baja de controles de calidad.
Sí a la gestión pública y comunitaria del agua.

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