lunes, 27 de febrero de 2017

Imperfecto

Hay pocas cosas tan insufribles como el regateo de la nota. Sobre todo cuando fue puesta con  marcador negro grueso junto al apellido del evaluado y se dieron las explicaciones del caso. Y hace calor y ya es la hora del almuerzo. Pero el estudiante insiste y a la docente no le queda otra que seguir explicando lo que ya explicó tres veces, tratando siempre de no calentarse y levantar la voz lo menos posible.
“Volvamos al comienzo -dice entonces el profesor estirando el tono paciente y mostrándole otra vez las tachaduras sobre la hoja de papel-. Lo primero, y más importante que me interesa que adviertas, es que ahora, en febrero, te estoy tomando las mismas ocho preguntas que te tomé en diciembre, ¿no?  Te diiste cuenta, ¿no? Siete de ellas están mal y una apenas regular, por eso te estoy desaprobando, ¿estamos? No hay mucho más que charlar”
El muchacho la mira con los ojos abiertos. Como no pronuncia palabra ni hace un gesto, la mujer sigue un poco más. “Ya te detallé los errores de cada uno de los temas, ¿querés que lo haga de nuevo?”
Ahora el estudiante mueve sus manos de estratega como quien busca entrar a la discusión desde otro ángulo. La de Metodología suspira, sonríe y se apresta a seguir sus dichos, pero de inmediato da por concluido el debate ni bien escucha que el otro dice: “puede ser que las respuestas no estén del todo perfectas…”
Entonces lo corta en seco, las palabras “puede ser” y “del todo” son como misiles que destruyen su límite de tolerancia. “Es la una, tengo que ir a pasar las actas, venime a ver cuando empiecen las clases y te decidas a preparar la previa”.

domingo, 26 de febrero de 2017

Donald Trump puso fin a una protección federal a los alumnos transexuales que obligaba a las escuelas públicas a permitirles que usaran los baños y vestuarios correspondientes a su identidad de género

(La Nación. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, jueves 23 de febrero de 2017)- El gobierno de Donald Trump puso fin a una protección federal a los alumnos transexuales que obligaba a las escuelas públicas a permitirles que usaran los sanitarios y vestuarios correspondientes a su identidad de género.

El gobierno respaldó los derechos de los estados al cancelar la directriz federal emitida por el gobierno de Barack Obama. Ahora dependerá de cada estado y de los distritos escolares interpretar la ley federal contra la discriminación y determinar si los alumnos deberían tener acceso a los baños de acuerdo con el género con el que se identifican, aunque no sea el mismo que el que tenían al nacer.


"Éste es un asunto que se soluciona mejor a nivel estatal y local'', afirmó Betsy DeVos, la secretaria de Educación. "Las escuelas, las comunidades y las familias pueden encontrar soluciones, y en muchos casos ya las hallaron, para proteger a todos los estudiantes''.

En una carta a las escuelas del país, el Departamento de Justicia y el de Educación indicaron que la directriz anterior "ha generado litigios significativos relacionados con los baños y los vestuarios en las escuelas''.

Las agencias retiraron la directriz "con el fin de hacer avanzar las cuestiones legales involucradas y sopesarlas en forma más completa''.

Las medidas para combatir el acoso estudiantil no se verán afectadas por el cambio, de acuerdo con la misiva. "Todas las escuelas deben asegurar que todos los estudiantes, incluidos los de la comunidad LGBT, puedan aprender y prosperar en un ambiente seguro'', se afirma en ella.

Se desconoce cuál será el impacto inmediato que el cambio tendrá en las escuelas, ya que un juez federal en Texas suspendió temporalmente la directriz de Obama poco después de que fue emitida, luego de que 13 estados demandaron al gobierno en Washington.

Incluso sin esa suspensión, la directriz no era de cumplimiento obligatorio. Sin embargo, los defensores de los transexuales afirmaban que era útil y necesaria para proteger a los alumnos de la discriminación. Los opositores la consideraban una extralimitación de la autoridad federal y una violación a la seguridad y la privacidad de los otros alumnos.

A pesar de que no era legalmente vinculante, la directriz incluía una advertencia de que las escuelas podrían dejar de recibir financiamiento federal si no cumplían con ella.

Indignación generalizada

tores, músicos, autores y personalidades de la televisión pusieron sus voces en alto contra la última medida de Donald Trump : puso fin a una protección federal a los alumnos transexuales que obligaba a las escuelas públicas a permitirles que usaran los baños correspondientes a su identidad de género.

No bien se dio a conocer la noticia, Ellen DeGeneres, manifestó su indignación en Twitter: "Esto no es política. Esto tiene que ver con los derechos humanos, y no está bien. Para todos los que hoy se sientan atemorizados o desesperanzados, sepan que nunca vamos a dejar de pelear por sus derechos". 

La oscarizada actriz Brie Larsson también usó la red social para manifestarse en contra: "Esto es asqueroso. Es inaceptable. Estoy con Gavin [Grimm, el joven trans que puso en el foco la importancia de permitir el uso de baños según identidad de género] y cualquier otra persona trans que merece no menos que protección e igualdad". Luego, tomó un tuit de Donald Trump de junio del 2016, donde en plena campaña el entonces candidato agradecía ala comunidad LGBT y prometía: "Voy a pelear por ustedes mientras Hillary trae más gente que va a amenazar sus libertades y creencias".

"Necesitamos proteger a los jóvenes trans y levantarnos en contra de esta crueldad que lastima a nuestros niños", escribió Ellen Page. El actor y vocalista de Savage Garden, Darren Hayes, también se sumó a la causa: "Lo siento por todos los niños trans que deben enfrentar el ridículo y problemas de seguridad hoy como resultado de una avergonzante marcha atrás en la protección federal en las escuelas".



sábado, 25 de febrero de 2017

Dos multinacionales extranjeras sacan del erario público más de 25 millones de euros anuales controlando el acceso y promoción del profesorado universitario e investigador de España

(Por Enrique Javier Díez Gutiérrez, profesor de la Universidad de León. Barcelona, Sinpermiso, miércoles 15 de febrero de 2017)- Para acceder a un puesto en el ámbito universitario, acreditarse para cualquier puesto docente, promocionar en la carrera académica, cobrar el complemento de investigación o simplemente no verse “cargado” con más horas de docencia, prácticamente todo profesor o profesora universitaria tiene que conseguir que dos multinacionales le admitan publicar cierto número de artículos en las revistas que ellas determinan y controlan.

El actual sistema de evaluación de la carrera profesional universitaria, especialmente a partir del Real Decreto-ley 14/2012 del PP, premia la acumulación de esas publicaciones cuantificables y comercializables que son las que generan “distinción y reconocimiento” (número de sexenios), al tiempo que “penaliza” si no se consiguen, con la imposibilidad del acceso, la no promoción, la reducción del salario y un aumento significativo de trabajo docente.

Devaluación de la función docente

Tiende así a convertir la función docente esencial de la universidad en un obstáculo para la promoción académica, un “castigo”, que termina por devaluar la finalidad fundamental de la universidad, provocando que el mismo profesorado la minusvalore y postergue. Sabiendo, además, que no está probado -más bien al contrario- que haya una correlación importante entre productividad de la investigación-publicación y eficacia de la docencia.

Frente a la docencia, la práctica investigadora es transformada en una inversión en el propio currículum mediante este tipo de publicaciones que sí reportan beneficios subjetivos (valoración) y materiales (compensaciones retributivas). Este sistema valora aquellas publicaciones que tengan valor para el mercado y que se puedan cuantificar y medir. Olvida que la ciencia debe estar al servicio de la humanidad y de la mejora del mundo en el que convivimos, ligada a problemas y necesidades sociales que no siempre son valorados por el mercado, para convertirse en una moneda de cambio determinada por las exigencias del mercado.

Cultura del impacto y la citación

Se está presionando así a la comunidad científica para transformar la investigación rigurosa en una loca carrera de la “cultura del impacto y de la citación” para ser valorado y poder promocionar. Porque este sistema ha asumido la tesis de que el factor de impacto (media de citas que en un año tiene un artículo), que mide visibilidad más que calidad, defina el valor científico de artículos y revistas. Factor que es controlado por los datos ofrecidos por el informe Journal of Citation Report (JCR) de la multinacional Thomson Reuters a través de su producto Web of Knowledge (WOK), y por la multinacional Elsevier a través de su producto Scopus. La Fundación Española para la Ciencias y la Tecnología, dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, las universidades y el Centro Superior de Investigaciones Científicas pagan por las licencias a estas multinacionales más de 25 millones de euros anualmente.

Mientras, en 2013, se paralizaba por recortes presupuestarios proyectos públicos nacionales, como el sistema DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas) desarrollado desde 2006 por el CSIC. Integrado en una institución pública, DICE no recibía dinero de las revistas que estudiaba y catalogaba, ni tampoco directamente de quienes lo consultaban. Suerte parecida sufrieron otros proyectos públicos de prestigio como el de INRECS, INRECJ e INRECH de la Universidad de Granada en el año 2014.

Política de Estado

De esta forma, nuestras administraciones públicas son cooperadores necesarios (en financiación y difusión) de las multinacionales privadas extranjeras para el desarrollo de su sistema comercial de evaluación. Los ministerios de Ciencia y Tecnología le atribuyen la autoridad y el liderazgo que estas multinacionales se autoatribuyen en sus páginas web, desde su “monopolio de hecho” de la evaluación científica.

El conjunto del engranaje es accionado por las agencias nacionales de evaluación. Las agencias como la ANECA, que acredita la capacidad del profesorado, y la CNEAI, que reconoce a través de los sexenios la actividad investigadora realizada, priorizan como criterios de valor la publicación de artículos en revistas científicas incluidas en esas bases de datos elaboradas por Thomson Reuters y Elsevier, en detrimento de otros formatos y modos de canalizar la actividad investigadora.

Lógica colonial

Este sistema ha recibido innumerables críticas. Desde el sesgo lingüístico y geográfico que favorece a publicaciones y autores y autoras anglosajones hasta que enfatiza estándares determinados de ciencia. Estos criterios de valor, además, reproducen una lógica colonial pues refuerzan una lógica geopolítica de poder que margina y desprecia las revistas científicas no anglosajonas, imponiendo sin discusión el inglés como lengua “neutra”. También se ha criticado la recurrencia y la permanencia de los círculos científicos dominantes que se nutren y se citan entre sí (de las más de 8.000 revistas de todo el mundo que son incluidas en el JCR, tan solo 300 representaron más del 50% de lo que se citó y más del 30% de lo que se publicó; y un núcleo de 3.000 revistas cuenta con más del 90% de artículos citados y más del 80% de los publicados). Asimismo, se ha enfatizado el escándalo que supone el hecho de que resultados de investigaciones pagadas con dinero público se publiquen en revistas de acceso privado.
Lo cierto es que con este modelo la producción de conocimiento se encierra en un circuito privatizado, ajeno en buena parte a su servicio a toda la sociedad y al compromiso con el bien común. A pesar de las críticas de todo tipo que este modelo ha generado, conserva intacta su capacidad de definir quién vale y quién no. Se asume así que aquello que ocurre fuera de lo validado por el modelo no existe o no sirve a la ciencia: “si tu trabajo no está aquí, no vale”.

Competición en vez de colaboración

Esta bibliometría, más que aportar resultados de investigación excelentes, ha conseguido presionar a la comunidad investigadora para adaptar su trabajo hacia lo que se valora en el mercado de los sexenios. Se abandonan las monografías o libros con conocimiento reflexivo de fondo capaces de alcanzar al gran público, pues son consideradas “méritos menores” porque puntúan menos frente a los artículos con índices medibles de impacto. Se está generando una inflación de papers inabarcable, que pocos leen y que no siempre se escriben con el poso necesario. Se recurre al autoplagio, a las autocitas, a las redes de citas, a las guerras de citas, a no citar a posibles competidores/as, a exigencias de citar artículos publicados en los últimos años en la revista donde se quiere publicar. Se genera así un volumen innecesario de aparato de citación, un hipertrofiado marco teórico, postizo y muchas veces ni siquiera consultado, que solo sirve para aumentar este mercado de la citación, cuestionado en innumerables investigaciones y estudios.

Todo ello obliga a un proceso continuo de competición interna que fragmenta y enfrenta al profesorado, naturalizando la competencia en vez de producir formas colaborativas de pensamiento e investigación. Lo que vale, lo que cuenta, lo que tiene valor (de mercado) es la acumulación, lo inmediatamente vendible y comercializable en el mercado de la patente y la industria del rápido beneficio, no la investigación base ni la dimensión crítica de la investigación.

Otro sistema de evaluación de la producción científica es posible

Necesitamos una universidad realmente pública y democrática. Una universidad que cuestione esta concepción neoliberal de la ciencia, la investigación y la universidad. Que ponga en jaque el significado otorgado a la “excelencia”, entendida como incentivo para que se aumente de manera constante, competitiva e ilimitada la productividad.

Es necesario apostar por una universidad que sea capaz de incorporar otros elementos de valor al trabajo investigador y docente: trabajo compartido, investigación de base y a largo plazo, docencia como valor, honestidad científica, compromiso con toda la sociedad y también con las necesidades y sectores más desfavorecidos.

Los países que tienen un enfoque de modelo social y productivo de alto valor son aquellos que cuentan con más apoyos a la investigación básica y en todas las disciplinas, también las humanísticas, sociales y artísticas. No en vano dicha investigación es la que genera los cimientos para construir un modelo social más justo en lo económico, más sabio en lo social y más ecológico en lo natural. Son aquellos que valoran también el impacto social y político de la investigación no sólo por el número de citas de las publicaciones realizadas sino por la implicación en la resolución de problemas locales o en el avance del bienestar social, por la participación de la comunidad en el desarrollo de las investigaciones o porque incluyen orientaciones prácticas para la solución de problemas reales en contextos reales, sean locales o globales.

En definitiva, los repositorios públicos de “acceso abierto”, mandato expreso del programa de la Unión Europea Horizonte 2020, en la línea que plantea la Declaración de San Francisco sobre Evaluación de la Investigación (DORA) y la Declaración de Berlín, administrados por universidades u organizaciones de investigación públicas, son una valiosa infraestructura que podrían apoyar la transición a un sistema de evaluación y comunicación académica más colaborativa y eficiente.

Izquierda Unida ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) en el Parlamento Nacional para superar las métricas basadas en el factor de impacto de las citas en JCR y similares, que miden el continente más que el contenido, ahorrar al Estado una ingente cantidad de dinero que pagamos a estas multinacionales extranjeras y sentar las bases para que la academia dé a luz un nuevo sistema de evaluación público y abierto de la investigación.

Aunque esta proposición no es ese nuevo sistema, sino una medida de urgencia, es un primer paso de otro sistema posible de evaluación de la producción científica más justo, que responda a un modelo de ciencia para el bien común.


viernes, 24 de febrero de 2017

La detención por orden de un juez federal del jefe del Ejército durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner, César Milani, acusado por crímenes de lesa humanidad bajo la dictadura militar, es un gran triunfo popular


Leer aquí un reportaje a Verónica Matta, una de las querellantes que logró la prisión para Milani.
Leer aquí las palabras de Marcela Brizuela de Ledo, Madre de Plaza de Mayo de la desaparición y muerte de cuyo hijo, Alberto, está acusado Milani.


jueves, 23 de febrero de 2017

Solidaridad con la lucha de los trabajadores de AGR-Clarín: los maestros porteños recaudaron 8.750 pesos para su fondo de huelga

(ADEMyS, Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, martes 21 de febrero de 2017)- En el día de ayer se realizó el 4to Plenario abierto en solidaridad con los trabajadores gráficos despedidos de AGR (Artes Gráficas Rioplatense)-Clarín que continúan la toma de la planta.

En el transcurso del mismo nuestro secretario general, Jorge Adaro, llevó la solidaridad de ADEMyS e hizo entrega de lo recaudado en las escuelas para el fondo de lucha que ascendió a 8.750 pesos.

Agradecemos a los miles de compañeras/os  que durante las capacitaciones aportaron al fondo de lucha para AGR

Si ganan ellos, ganamos todos!


martes, 21 de febrero de 2017

Rosario: no al cierre de cargos en la Escuela número 1.204

Desde Amsafe (Asociación del Magisterio de la provincia de Santa Fe), seccional Rosario, junto a padres, docentes y toda la comunidad educativa nos hicimos presentes el día jueves 16 de febrero en el Ministerio de Educación ante la noticia de cierre de un cargo de maestro de grado en la escuela nº 1204.

El día martes nos reunimos en asamblea en la escuela Nª 1204 de Villa Gobernador Gálvez docentes y miembros de Amsafe Rosario ante la urgente noticia del cierre de un cargo de maestro de grado.  Desde el Ministerio argumentan que a la escuela le falta matrícula y por distribución "democrática de cargos" se pasa ese cargo a otra institución de esa ciudad. Conformada una asamblea se decidió concurrir al Ministerio junto a padres y docentes, donde fuimos recibidos por Analía Torres, jefa de supervisores.

El argumento sigue siendo que observan la "baja matrícula" y es por este motivo que deciden cerrar el cargo en diciembre. El argumento de lxs compañerxs se contrapone a lo esgrimido desde el Ministerio y desnuda una realidad: se realizaron proyectos alentando a la comunidad a anotar a sus hijos a la escuela del barrio pero se tomaron los datos de la inscripción de diciembre, menospreciando el trabajo realizado por las docentes y sin respetar la fecha de inscripción de febrero, que todavía no finalizó. Otro argumento irrebatible es que existen grados superpoblados, es decir que dicha "distribución democrática" se podía realizar en la misma escuela. La jefa de supervisores y la supervisora mostraron sorpresa y contradicción y se comprometieron  a rever la medida si los datos eran ciertos.

La escuela Nª 1204 "Ing. Mosconi" de Villa Gobernador Gálvez se encuentra en uno de los barrios más postergados de esta ciudad, donde es constante el crecimiento poblacional contrariamente a la infraestructura y el desarrollo urbano. Y la 1204 que supo ser una escuela gigante, fue casi la única presencia del Estado en esas latitudes inundables y marginadas de "atrás de la vía" pero a la vez fue centro de organización y resistencia a esas adversidades. 

Madre de otras escuelas que hoy se están superpobladas, ya no alberga la cantidad que antes, pero las autoridades ministeriales que ven números y no niños encontraron que la solución era cerrar cargos, aunque haya dos sextos de 33 y 32 alumnos o cinco quintos de más de 20, o séptimos de 38... y se sigan inscribiendo para primer grado.


lunes, 20 de febrero de 2017

Los profesores universitarios argentinos arrancan el ciclo lectivo 2017 con una huelga de dos días

PARO DE 48 HORAS EL 6 Y 7 DE MARZO

EL 8 DE MARZO PARAMOS EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA

El 2017 debutó con una profundización del ataque a los trabajadores. Más suspensiones y despidos, la aprobación de la ley de ART para colaborar con la productividad (es decir, para incrementar la explotación y flexibilizar hasta el accidente y la muerte de los trabajadores), el proyecto de empleo joven (para precarizar aún más el precarizado trabajo de la juventud), los avances en la reforma laboral, aumentos de los combustibles y tarifazos en los servicios de luz y gas, tope salarial del 18% en cuotas para todo el año (sobre la base de una pérdida salarial de no menos de 7 o 10 puntos). Ese es el cuadro de ofensiva de Mauricio Macri y los gobernadores contra los trabajadores en su conjunto. Del otro lado del mostrador, figuran la quita de retenciones, el blanqueo y la escandalosa condonación para la familia.

Frente a esto despunta la extraordinaria lucha que llevan adelante los trabajadores de AGR Clarín que mantienen la ocupación de la planta desde hace más de veinte días y que comienza a replicarse en otras fábricas que cierran. Lo hacen en medio no solo de la mayor invisibilización de los medios masivos sino contra la complicidad de las centrales sindicales que, tras borrarse del escenario, discuten la posibilidad de una movilización para… dentro de un mes.


Como si fuera poco, el Gobierno, con el apoyo de todos los gobernadores, levantó la paritaria nacional docente para atomizar la lucha y dejar que cada provincia implemente el ajuste que impuso anticipadamente la gobernadora Vidal a fin del año pasado con el acuerdo de la burocracia de UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación).

Ante esta ofensiva contra el salario y las condiciones de trabajo el Plenario de Secretarios Generales de la Conadu Histórica reunido este jueves 16 en la ciudad de Córdoba, rechazó por unanimidad el tope salarial del 18% que quiere imponer el gobierno nacional y convocó a un paro nacional de 48 horas para el 6 y 7 de marzo, planteando el No Inicio de Clases al igual que los restantes niveles educativos. Asimismo, se definió por adherir y convocar al Paro Activo de Mujeres que se realizará el día 8 de marzo, participando en todas las movilizaciones a lo largo y ancho del país.

El plenario se pronunció por un aumento salarial no menor al 35%, ratificando que el salario inicial para el cargo testigo debe ser equivalente a la media canasta familiar. Asimismo se declaró el estado de asamblea permanente, alerta y movilización. De no haber respuestas favorables al pliego de reivindicaciones exigido, se profundizarán las medidas de lucha a partir del 20 de marzo. El plenario encuadró estos reclamos en la pérdida de salario real de todos los trabajadores, los 400.000 despidos producidos tanto en el Estado como en el sector privado y las políticas de flexibilización laboral que aplican el gobierno, los gobernadores y las grandes patronales

Al igual que la Mesa de AGD, el plenario de Secretarios Generales de la CONADUH ratificó el planteo que ya resulta imperioso: la necesidad de un paro y un plan de lucha nacional que quiebre este ataque al salario y a las condiciones de trabajo. El único camino para que las luchas en curso y por venir puedan triunfar.

El 6 y 7 de marzo paremos la Universidad de Buenos Aires por nuestro salario y el 8 llenemos las calles junto a las mujeres de todo el mundo por los de las mujeres.

AGD UBA (Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires)
en CONADU HISTÓRICA


domingo, 19 de febrero de 2017

Se viene el paro nacional docente con el inicio de las clases

(Ámbito. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sábado 18 de febrero de 2016)- Los gremios docentes con representación federal analizan convocar a un paro el 6 de marzo, cuando deben comenzar las clases, si el gobierno persiste en su decisión de no convocar a la paritaria nacional y mantener el "techo" del 18 por ciento para discutir salarios.

Fuentes gremiales de Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) confirmaron que la semana próxima habrá una asamblea confederal en la que se evaluarán posibles medidas de fuerza ante "la falta de respuesta del gobierno".

"Si Esteban Bullrich insiste en no convocar a paritarias, no descartamos votar un paro para el 6 de marzo, no iniciar las clases, y convocar a medidas de fuerza para el 7 y 8 en adhesión a la movilización de la CGT y el paro activo de mujeres", sostuvieron las fuentes del principal gremio docente del país, cuya jefa es Sonia Alesso.

En tanto, la Internacional de la Educación, organización que nuclea a 32 millones de docentes de 173 países, expresó hoy su apoyo al reclamo de Ctera de convocatoria a la paritaria nacional en una carta dirigida al ministerio de Educación, Esteban Bullrich. En la misiva, la organización docente internacional que preside Fred van Leeuwen expresó su preocupación por la "negativa expresamente declarada" del ministro Bullrich de no convocar a la paritaria federal, incumpliendo "con lo normado" en la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo.

Por su parte, los docentes privados de Sadop cerraron ayer dos jornadas de un congreso nacional en Tucumán, donde facultaron al Consejo Directivo del gremio a realizar paros y movilizaciones en caso de que el gobierno mantenga su postura de "no negociar ni dialogar".
"(Mauricio) Macri y Bullrich tienen que cumplir la ley y llamar a paritarias para recomponer el salario de los docentes. Si no nos convocan vamos al paro con movilización", advirtió Mario Almirón, secretario general de Sadop, y confirmó la decisión de los docentes privados de "no iniciar las clases el 6 de marzo, si no hay diálogo" con el gobierno.
Almirón recordó que el Frente Educativo Nacional, integrado por Sadop, Ctera, CEA, UDA y Amet, envió un petitorio al ministerio de Trabajo pidiendo la convocatoria a la paritaria, pero no obtuvo respuestas de la cartera laboral.

En igual sentido, la Unión Docentes Argentinos (UDA) impulsó la presentación en la Cámara de Diputados de un proyecto de resolución mediante el cual se solicita a los ministros Bullrich y Jorge Triaca, de Trabajo, la "inmediata convocatoria a la negociación colectiva para el sector docente", según establece el artículo 10 de la ley de Financiamiento Educativo.

El jueves, los docentes universitarios nucleados en la Conadu Histórica convocaron a un paro de 48 horas, a partir del 6 de marzo. "Hubo un rechazó rotundo al tope salarial del 18% que quiere imponer el gobierno nacional y se convocó a un paro nacional de 48 horas para el 6 y 7 de marzo, planteando el no inicio de clases al igual que los restantes niveles educativos", sostuvo la federación en un comunicado.


sábado, 18 de febrero de 2017

Un informe afirma que en la Capital Federal falta lugar en los jardines de infantes para la mitad de los chicos

(Por Ricardo Braginski. Clarín, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, jueves 16 de febrero de 2017)- En campaña electoral, los candidatos suelen hablar de la importancia de proteger la primera infancia, de hacer jardines e instituciones para los chicos desde los 45 días de edad. Todos coinciden que son necesarios para reforzar la futura educación de los chicos, y también para sus padres, cada vez más exigidos por el mundo laboral. Pero terminan las elecciones, se apagan las luces, y quedan las familias, ante una oferta muy escasa de jardines maternales. Sucede en todo el país, y también en la Ciudad, donde el problema por las vacantes para chicos de muy corta edad vuelve cada vez que empieza un nuevo año.

Un informe del defensor adjunto del pueblo Arturo Pozzali afirma que faltan 128.000 metros cuadrados de salas de jardín para garantizar todas las vacantes en el nivel inicial en la Ciudad. Esa es la infraestructura necesaria en el caso que todos los chicos, que hoy tienen desde 45 días hasta 5 años, fueran anotados en forma simultánea. De los 197.976 chicos que hay en esa edad, unos 95.000 quedarían afuera, afirma Pozzali. Es casi la mitad.


Diversos especialistas coinciden en remarcar que la Ciudad tiene un déficit en jardines maternales, justamente los más caros de cubrir en forma particular. Hoy, el 60 por ciento de esa matrícula es privada y el arancel ronda los 5.000 pesos en promedio.

Fuentes del ministerio de Educación porteño desmienten las cifras del defensor. Afirman que el informe tiene “debilidades metodológicas y falta de rigurosidad técnica” y que no tendría el aval de la Defensoría del Pueblo. Por el contrario, prefieren señalar que la Ciudad tiene cubierto el 100% de las vacantes obligatorias en las salas de 4 y 5, y el 84% de la sala de 3. “Asumimos el compromiso construir 30 escuelas con sala de 3 años para el 2019. Este año se inaugurarán 10 escuelas de nivel inicial”, dicen.
Cristina Tacchi, presidenta de la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP) Argentina coincide en que el déficit de jardines maternales en la Ciudad es muy grande y afirma que esto viene desde hace años. “Faltan jardines maternales porque es un servicio muy caro, se requiere mucho presupuesto en infraestructura y en personal docente “, dijo. Y agregó que “hace falta una política pública para crear jardines maternales.

Las familias más afectadas son las pobres, que tienen menos recursos culturales y así se agranda la brecha social”.
Ana Malajovich, especialista en educación inicial de la UBA, también dice que hay una demanda insatisfecha de jardines maternales, aun siendo la Ciudad el distrito con más oferta del país. “Tiene que haber un mayor compromiso del gobierno en crear instituciones. La Ciudad podría encararlo”, dice. La experta cree que el déficit se puede deber a que “quienes serían los beneficiarios no son sectores de alto poder adquisitivo y, además, una buena infraestructura del Estado podría generarle competencia a los privados”.

Malajovich apunta contra el sistema de inscripción online, que “desalienta la búsqueda de vacantes”, dice.

El informe elaborado por el defensor Pozzali, que pertenece al radicalismo, toma como referencia el código de habilitaciones de la Ciudad, que indica que el área de cada aula no debe ser menor a 1,35 metros cuadrados por alumno. Luego, suma la cantidad de superficie construida en jardines hoy: 54.400 metros cuadrados. Y llega a la conclusión que hay un déficit de 128.000 metros cuadrados para el total de los chicos de esa edad.

El ministerio de Educación contesta que el informe no releva bien la manera en que cada edificio escolar organiza su oferta educativa, porque en un mismo edificio pueden funcionar distintos niveles, modalidades y servicios. Y que utiliza el mismo metraje por alumno para las aulas de lactarios y deambuladores que para las del resto de los años, lo que no es correcto. También dicen que los datos de capacidad escolar son del 2015, cuando el Censo de Infraestructura Escolar 2017 incorpora nuevas aulas.

Otro punto que genera polémica es el de la “obligatoriedad”, de la escolaridad inicial. Para Pozzali y los expertos consultados el Estado debe asegurar y financiar la educación desde los 45 días. La obligación, dicen, es garantizar el acceso siempre que una familia lo necesita. Para el Gobierno, en cambio, la obligatoriedad por Ley es desde los 4 años y la están cumpliendo en un 100 por ciento.

A fines de febrero del año pasado, el presidente Macri anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para hacer obligatoria la sala de 3 años. La iniciativa llegaba con el consenso de Esteban Bullrich más los 24 ministros provinciales reunidos en el Consejo Federal. De sancionarse, obligaría al Estado a incorporar a más de 180 mil chicos de 3 años que hoy están fuera del sistema educativo. La norma ya está por cumplir su primer año y apenas pasó de Diputados al Senado. Allí se quedó. “El problema es que no está acompañada por recursos asegurados. Cuando en 2014 se estableció la sala de 4 obligatoria eran muchos menos los chicos de 4 años que estaban afuera del sistema”, dice la experta de la UBA Ana Malajovich.


viernes, 17 de febrero de 2017

Más recortes en el Conicet: en 2018 sólo habrá 450 vacantes para la carrera de investigador

(Página 12. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, jueves 16 de febrero de 2017)- En su primera reunión del 2017, el directorio del Conicet profundizó ayer el ajuste en el área de Ciencia que el gobierno de Mauricio Macri puso en marcha el año pasado: resolvió que el llamado a concurso para ingresar a la Carrera de Investigación del 2018 se abrirá el primero de marzo y que sólo habrá 450 vacantes, cifra similar a la del 2016. 

En los hechos, la decisión implica un recorte del 50 por ciento con respecto al 2015, último año de crecimiento sostenido de ingresantes. “Se hace muy difícil investigar en un país que abre 450 lugares para más de mil concursantes”, advirtieron investigadores sobre una posible fuga de cerebros. Además, en la nueva convocatoria las “ciencias básicas” sufrirán un achicamiento: su representación bajará del 80 al 50 por ciento. El motivo es que los “temas estratégicos y tecnología” subieron de un 20 por ciento al 50. 


Quienes critican la medida argumentan que las ciencias básicas estimulan a las ciencias aplicadas, por eso son centrales y no pueden descuidarse.

Dora Barrancos, directora del área de Ciencias Sociales del Conicet, explicó que la decisión de achicar el cupo de las ciencias básicas es peligroso y que afectará especialmente a las ciencias sociales: “El pensamiento sobre la ciencia es una contribución de las ciencias sociales, que también permite reflexiones importantes sobre la condición de la posibilidad humana, permite un análisis crítico. Veo con preocupación el giro que ha tomado este directorio”. Barrancos fue la única integrante del directorio que votó en contra de este cambio. “No hay ciencia aplicada –subrayó– si no estimulas la ciencia básica. Las ciencias exactas y biológicas serán afectadas gravemente”. La bilogía molecular, la filosofía, las humanidades, los físicos, la astronomía, la matemática: son algunas de las áreas que se denominan “ciencias básicas” y que “tienden a resolver problemas”. Algunos científicos detallaron que esta medida es “busca ser una señal de compromiso con la problemática real de la vida, intentar mostrar algo que no pasa”.

Esta decisión del directorio del Conicet se dio en el marco de una protesta llevada adelante por organizaciones de científicos que protestaban por los 498 ingresantes a la carrera de investigación, que el año pasado, habiendo aprobado todas las instancias de evaluación, no pudieron ingresar producto del recorte presupuestario.

“El presupuesto para la ciencia que aprobó el macrismo en el Congreso el año pasado, pasó del 0,75 al 0,59 por ciento del PBI respecto al 2015; hoy las consecuencias están a la vista”, dijo a este diario Nuria Giniger, de Científicos y Universitarios Autoconvocados de Buenos Aires. “Esta es la segunda expresión ajuste. El problema es político, porque buscan un achicamiento del Conicet; cuando uno quiere que se desarrolle algo le da más plata. Estamos discutiendo política con el macrismo”, recalcó Giniger. Por último, advirtió: “Si van a cambiar las reglas del juego, lo deben discutir con la comunidad científica. Esto genera una fuga de cerebros, porque los investigadores prefieren irse al exterior, te cierran las puertas acá. La política del Estado hoy es que el país invierte para regalárselo a los países centrales.”


miércoles, 15 de febrero de 2017

Los seis gremios docentes bonaerenses se unen para pedir a la gobernación una nueva propuesta salarial

(El Día. La Plata, martes 14 de febrero de 2017)- Hasta hace poco era una postal impensada. Ayer a la tarde, los principales referentes de todos los gremios docentes bonaerenses estaban sentados a la misma mesa, brindando una conferencia de prensa conjunta. Los secretarios generales de la Feb, Suteba, Uda, Sadop, Udocba y Amet coincidieron en reclamar un “urgente” llamado a paritarias y una oferta de aumento que conforme un “salario digno”. Asimismo criticaron el espíritu “confrontativo” del discurso del gobierno.

“A catorce días hábiles del inicio de clases no hay indicios de una convocatoria a la paritaria federal, lo que provocará un grave conflicto a nivel nacional”, dijeron, al tiempo que observaron que “tras la propuesta de un aumento del 18% en cuatro cuotas, en la Provincia la paritaria quedó congelada. En ningún momento se entabló una negociación”, subrayaron delegados docentes al término del encuentro que se desarrolló en 48 entre 12 y 13.

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, aseguró que la propuesta de un 18% del salario de bolsillo incluye “el compromiso de reabrir la paritaria en mayo y otorgar otra suba si la inflación que registre el Indec es superior a lo previsto. Si la inflación, en vez de 18% es 25%, el aumento será del 25%”, puntualizó para explicar la denominada “cláusula gatillo”.

Fue lo primero que salieron a responder por la tarde los 6 gremios del sector.

“El gobierno provincial ha incumplido la implementación de la cláusula de monitoreo salarial de la paritaria 2016, reclamada (por los sindicatos docentes) desde agosto pasado ante el fuerte impacto inflacionario en el salario”, indicaron.

“Desconfiamos de ese tipo de cláusulas, precisamente a raíz de que el año pasado firmaron una similar y no la cumplieron”, añadieron.

La primera mandataria provincial también aseveró que sabe que “los docentes merecen ganar más”, pero opinó que “esa no es la discusión, sino cuál es el mejor esfuerzo que podemos hacer” de acuerdo al “presupuesto que tenemos”.

En ese sentido, las 6 entidades gremiales pidieron “mayor presupuesto educativo para garantizar educación pública de calidad” y recordaron que el Ejecutivo provincial “redujo la partida presupuestaria para educación de 2016 para 2017”.

Luego expresaron que “la pérdida de poder adquisitivo fue de entre un 8 y un 10%, por lo cual demandamos el recupero inmediato de la pérdida salarial 2016”. “La propuesta gubernamental del 18% en cuatro etapas trimestrales representa $250 de aumento en cada una de ellas, de modo tal que a octubre de 2017 los docentes continuarán por debajo de la línea de pobreza”, estimaron.

Respecto a la posibilidad cierta de que las clases no comiencen en tiempo y forma a causa de medidas de fuerza, Vidal insistió en que descontará los días y dijo que utilizará “todas las herramientas legales” para que empiecen. Espero no tener que llegar a eso”, dejó caer.

Aparte, se dirigió particularmente al titular del Suteba, Roberto Baradel, y le solicitó que defina si él propone “un diálogo gremial o político”.

Como se sabe, el gobierno bonaerense realizó durísimas declaraciones contra los gremios docentes y contra Baradel en particular luego del fracaso de la única reunión paritaria que se hizo el lunes de la semana pasada. El director de Escuelas, Alejandro Finocchiaro, llegó a poner en duda el interés de los dirigentes en representar a los maestros, habló de un “modelo sindical que atrasa” y que “está absolutamente ideologizado”.

En la víspera, la totalidad de sindicatos docentes rechazaron “cualquier acción de amedrentamiento con carácter extorsivo ante las acciones de organización y lucha de los docentes” y se solidarizaron con “Roberto Baradel ante las amenazas recibidas”.

 “Los docentes no fomentamos el conflicto”, apuntaron, y enfatizaron: “Seguimos expresando nuestra demanda legítima de convocatoria a paritarias, y rechazamos expresiones gubernamentales en términos de confrontación, porque es el cumplimiento de un derecho legítimo para los trabajadores de la educación tener garantizado un salario digno”.

“Seguimos desde las escuelas esperando la convocatoria a una negociación. Los docentes nos merecemos un salario digno y un trato respetuoso”, concluyeron.

Tras la reunión, la presidenta de la Feb, Mirta Petrocini, hizo hincapié en las jornadas de debate en las escuelas -tanto públicas como privadas- que comenzarán mañana y se extenderán hasta el jueves.