jueves, 31 de diciembre de 2015

¿Pacto Social o pantalla para encubrir los costos del ajuste?

(Observatorio del Derecho Social de la CTA -Central de los Trabajadores Argentinos- Autónoma. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, miércoles 30 de diciembre de 2015)- "Un Pacto Social con el único fin de limitar los reclamos salariales está destinado al fracaso desde antes de nacer. Sin embargo, es posible que en los próximos días el Gobierno Nacional vuelva a insistir con esta receta a los fines de encubrir las consecuencias del ajuste estructural que ya está poniendo en práctica.


"En los primeros días de su gestión, el nuevo gobierno adoptó un conjunto de medidas que implicaron una profunda redistribución de recursos desde los trabajadores y el Estado hacia los exportadores y el sector financiero. Entre ellas se encuentran la reducción de las retenciones a las exportaciones, la devaluación del peso, el impulso de un mayor endeudamiento externo y las declaraciones en torno a promover acuerdos de libre comercio.

"Estas medidas tendrán un fuerte impacto sobre el conjunto de los sectores populares. Sin embargo, hasta hoy el Gobierno Nacional no ha siquiera esbozado alguna medida que apunte a morigerar dichas consecuencias. Por el contrario, se limitó a señalar que convocará prontamente a un Pacto Social para coordinar distintas medidas con los actores sociales (organizaciones sindicales y patronales).

"En los últimos años el gobierno de Cristina Kirchner intentó llevar adelante iniciativas de este tipo que no pasaron del plano discursivo. Se habló de un gran Acuerdo Nacional e incluso del Acuerdo del Bicentenario. En todos estos casos, la negativa de las organizaciones sindicales a convalidar límites a la negociación salarial operaba como obstáculo para que aquella intención se plasmara en políticas concretas.

"Por el contrario, el último antecedente directo de este Pacto Social debe buscarse en el Acuerdo Marco de 1994, que legitimó entre otras medidas la privatización del sistema de seguridad social, del sistema de reparación de accidentes y enfermedades laborales, la habilitación de modalidades precarias de contratación, y que dio impulso a un avance significativo de la negociación colectiva a nivel de empresa y la introducción, por vía convencional, de cláusulas de flexibilidad laboral.

"Ahora bien, cabe preguntarse si dados estos antecedentes tiene sentido concurrir a ámbitos de negociación tripartita donde busque promoverse algún tipo de Pacto Social, y en tal caso cuáles deben ser las prevenciones necesarias.

"En primer lugar, es importante señalar que en el contexto actual el Gobierno Nacional busca, a través de la firma de este Pacto, encubrir las consecuencias de un proceso de ajuste que ya está en marcha. En tal sentido, muchos de los temas que podrían ser tratados en dicho ámbito podrían ser canalizados, sin mayor demora, a través de instituciones ya existentes. Por poner solo dos ejemplos: el Gobierno Nacional debería convocar en forma urgente al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil para debatir cuestiones referidas a los salarios; y al mismo tiempo debería fortalecer la capacidad de acción de la Secretaría de Comercio Interior y la aplicación de la Ley de Abastecimiento para poner fin al proceso de remarcación indiscriminada de precios que afecta directamente a los sector populares.

"Por otra parte, también es importante señalar que recurrir a un difuso Pacto Social en lugar de la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo no es casual. En efecto, dicho Pacto carece de institucionalidad, no hay normas que regulen su funcionamiento y es el Gobierno Nacional quien decide quiénes participarán, qué temas serán abordados y cuál será la dinámica de su funcionamiento. Por el contrario, el Consejo del Salario tiene obligaciones concretas y reglas de procedimiento, aun a pesar que desde hace años se vienen incumpliendo. De esta manera, el Gobierno Nacional parece estar más interesado en ampliar su base de legitimación política, buscando instalar que la firma de un Pacto Social implique, al menos en el plano simbólico, un aval a un conjunto de decisiones políticas y económicas cuyos efectos perjudiciales ya se están descargando sobre los trabajadores.

"En este marco, resulta inaceptable que el Gobierno Nacional intente descargar los costos del ajuste sobre los trabajadores mientras los sectores más concentrados multiplican exponencialmente sus ganancias, tal el sentido de todas las medidas económicas adoptadas en los primeros días de gestión. Un pacto que no cuestione este aspecto debe ser rechazado de plano, ya que implicaría un fuerte retroceso del salario real como consecuencia del proceso inflacionario que se observa en estos días. Más aún, para aquellos trabajadores que en los últimos años habían logrado incrementos reales significaría la reversión, en pocas semanas, de conquistas que llevaron años. Por su parte, para aquellos sectores cuya actualización salarial estuvo más rezagada, un pacto de estas características implicaría convalidar un mayor retroceso de salarios reales que, en términos históricos, todavía se encuentran en niveles muy deprimidos.

"De esta manera, a fin de que dicho Pacto Social no se transforme en una mera pantalla para encubrir los costos del ajuste, será necesario que allí se consideren, entre otras, las siguientes dimensiones: a) Continuidad e institucionalidad de los ámbitos de negociación y en particular del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil; b) Paritarias libres, ampliación de la cobertura de la negociación colectiva y participación en las ganancias; c) Protección del empleo y ampliación de la seguridad social; d) Fortalecimiento de la inspección del trabajo; y e) Reestructuración del sistema impositivo".


miércoles, 30 de diciembre de 2015

Termina el año con un triunfo de los Becarios Conicet

Los Becarios del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) obtuvieron un bono de fin de año de 1.300 pesos y la jerarquización salarial de la que meses antes dicho organismo los había excluido. Ambas reivindicaciones se dan en el marco de dos jornadas de lucha en las puertas del Ministerio de Ciencia, Técnica e Innovación Productiva de las que participaron más de 100 becarios, donde se desarrollaron asambleas y una feria de ciencias.

Si bien estas conquistas no dan respuesta a la pérdida del poder adquisitivo del salario en los últimos años, significan un gran logro en el contexto actual, al tiempo que dejan de manifiesto que sólo con la organización y movilización que los trabajadores podremos enfrentar el ajuste.

Desde AGD-UBA (Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires) estuvimos presentes acompañando el reclamo, como meses previos lo hicimos con los Becarios UBA. Celebramos esta nueva conquista de los trabajadores de ciencia y técnica.

¡Investigar es trabajar!


martes, 29 de diciembre de 2015

Contra la censura y la impostura: por la libertad de opinión

(Por Santiago Gándara. Prensa Obrera, número 1395, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lunes 28 de diciembre de 2015)- Víctor Hugo Morales entrevistó hace unos días a Sandra Russo para denunciar el posible levantamiento de “6,7,8” -lo que luego fue concretado por Cristóbal López, declinando un nuevo contrato.

El tema ya se había instalado en el programa televisivo, pero con remedos de argumentos que apenas disimulaban la defensa desesperada de su panel en el mundo. Pero, en esta ocasión, Sandra Russo incorporó un fundamento más sólido. Dijo que el programa representaba un "proyecto", una corriente de opinión que expresa a una parte de la sociedad y que por eso mismo era justo reclamar el espacio correspondiente en un canal público. Impecable. Y bolchevique.

Con independencia de que el levantamiento fue concretado por Cristóbal López, declinando un nuevo contrato en su calidad de productor, se imponen tres cuestiones en relación con el debate. La primera es que ni Russo ni Víctor Hugo Morales ni “6,7,8” levantaron jamás este argumento que sí fue planteado por la izquierda en ocasión del debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esto es, que la verdadera libertad debía ser la libertad de opinión, de las corrientes de opinión existentes, que, como tales, debían tener su lugar en los medios públicos según criterios de proporcionalidad. Ni Russo ni otro periodista oficialista usó jamás ese argumento ni exigió que, durante estos doce años, hubiera programas en los medios públicos que expresaran otras corrientes de opinión que no fueran las que monopolizaba el oficialismo. ¿Por qué lo que es justo hoy, no lo era ayer? La respuesta es medio obvia: porque sólo les interesaba que resonara la voz del gobierno. Una rara defensa de la libertad de expresión u opinión... propia.


La segunda cuestión es que el argumento -que en boca de Russo o Víctor Hugo Morales deviene en impostura- es válido para abrir los espacios de los medios públicos (televisión, radio, agencia noticiosa) a todas las corrientes de opinión. En una campaña con ese objetivo, la izquierda exigiría su alícuota parte de los medios públicos: nos apoya el 3 por ciento del electorado; representamos centenares de comisiones internas, sindicatos, organizaciones de desocupados, de derechos humanos, centros de estudiantes; contamos con diputados nacionales, legisladores y concejales en varias provincias; tenemos presencia territorial en todo el país...

Finalmente, apuntemos que los planteos de Russo, Víctor Hugo Morales o de la Presidenta en su alocución de despedida, presuponen que durante estos años hubo libertad de expresión. Falso. Y falso en la misma línea del planteo russoniano; es decir, en el sentido de que no hubo programas en los medios públicos que difundieran las opiniones de los trabajadores en huelga, las intervenciones de la izquierda, los conflictos contra las grandes corporaciones (los levantamientos en Famatina o los cortes en la Panamericana), las marchas y paros educativos en todo el país, las tomas de tierras o los desalojos de campesinos o pueblos originarios... Un solo ejemplo: los grandes paros en Radio Nacional no tuvieron la radio -¿no es pública?- para expresar sus reivindicaciones y repudiar las acciones persecutorias de la patronal.

Conclusión: abramos uno, dos, tres programas en todos los medios públicos que expresen las diferentes corrientes de opinión y las voces de la lucha de clases para que no sigan hablando las fracciones de la misma y única clase. Nosotros anotamos los nuestros. No resignamos el reclamo al marginal 33% de los sin fines de lucro. Exigimos la parte que nos corresponde de los llamados medios públicos.


lunes, 28 de diciembre de 2015

domingo, 27 de diciembre de 2015

La Federación Nacional Docente pidió a Esteban Bullrich un bono puente hasta que se defina una recomposición salarial

(DataChaco. Resistencia, miércoles 23 de diciembre de 2015)- Federación Sitech (Sindicato de los Trabajadores de la Educación de la provincia del Chaco) comunica que la Federación Nacional Docente (FND) se reunió con el Ministro de Educación de la Nación Esteban Bullrich a los fines de explicar las reivindicaciones que plantea la organización y a su vez dar a conocer su postura en relación a la educación y la crisis por la que esta atraviesa.

Uno de los primeros temas que se planteó tiene que ver con la coyuntura en la que, la crisis económica la están soportando los trabajadores dado que la inflación y la devaluación erosionan el bolsillo del docente. Por ello se planteó la necesidad de un bono puente hasta que las paritarias definan una recomposición salarial al básico del trabajador. Sobre este punto en particular, el Ministro dijo no tener respuesta por el momento.


Asimismo hubo coincidencia en que las paritarias nacionales que plantean un piso, que es un monto en negro, termina año a año en conflictos provinciales, por lo que se hace necesario blanquear los sueldos docentes y unificar un básico nacional. En este punto el ministro habló de paritarias regionales como proyecto para dar solución a lo planteado.

No estuvo ausente el tema de la criminalización de la protesta, reclamando esta organización, la intervención del Ministro para que a los colegas docentes de Tierra del Fuego no se le aplique la exoneración, que por decreto dispuso la gobernadora saliente el último día de su gestión.

Otros temas abordados fueron: presupuesto nacional de educación, ley de financiamiento, estructura del nivel secundario entre otros.

Por último, se trató el reconocimiento de la FND; el ministro se comprometió a gestionar una reunión con el Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y un nuevo encuentro para la primera quincena de enero.


sábado, 26 de diciembre de 2015

Siguen robando a los trabajadores con el impuesto a las ganancias

Desde Amsafe Rosario (Asociación del Magisterio de la provincia de Santa Fe, seccional Rosario) denunciamos que otra vez el saqueo en el aguinaldo de miles de compañeros y exigimos al gobierno provincial la urgente devolución de lo descontado.

Con sorpresa nos encontramos con que el segundo medio aguinaldo sufrió un brutal descuento. Incluso el recibo de cientos de compañeros figuraba en cero. El gobierno provincial dice que no tiene la información oficial sobre la eximición de los trabajadores que cobran menos de $30.000 que dispuso el gobierno nacional. Una vez más los trabajadores quedamos en el medio y padecemos el recorte de nuestro salario.

Exigimos al gobierno provincial la urgente devolución de lo descontado.
Volvemos a decir que el salario no es ganancia.
No al descuento de ganancias en nuestros sueldos.

¡Basta de ajuste contra los trabajadores!


viernes, 25 de diciembre de 2015

La Unión de los Trabajadores de la Educación (UTE) planteó sus demandas al Ministerio de Educación porteño

(UTE-CTERA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, martes 22 de diciembre de 2015)- Hoy, lunes 21 de diciembre, se realizó la primera Mesa Salarial y Laboral docente de la ciudad convocada  por la Ministra de Educación porteña Soledad Acuña. Como los alcances del aumento 2015 finalizan el 31 de diciembre, más allá de la dificultad de fijar un porcentaje definitivo en el actual contexto inflacionario disparado por las medidas del gobierno nacional en relación a la devaluación y la eliminación de subsidios y retenciones, la UTE planteó que el futuro incremento salarial comience a percibirse con el sueldo del mes de enero.    


Además, la UTE reclamó:

•Aumento de las asignaciones familiares congeladas en la Ciudad desde el 2013.

•Subir del 120% al 125% el último escalón de antigüedad.   
          
•Que se reintegre a sus cargos a las docentes injustamente separadas del jardín de Flores.    
 
•Que continúe el proceso de titularización en el Área Socio-Educativa, Escuela de Maestros  y cumplimiento de la Ley de Titularización en el Nivel Inicial, Primario y Niveles Superior de Escuelas Normales y gabinetes centrales en Educación Especial. Pase a interinos de los docentes de planta transitoria del Nivel terciario de Educación Artística.

•Ampliación de Jardines Maternales y nivel inicial para otorgar vacantes a los miles de niños y niñas que quedaron fuera del sistema en la inscripción on line.      
   
•Maestros Itinerantes en todos los distritos de la Ciudad y garantizar el cobro de los haberes durante todo el año.              
 
•Asistentes de comedor en todas las escuelas de jornada completa.         

•Se resuelva el problema de los docentes de Nivel medio que incrementaron horas por la NES y aún no percibieron sus haberes.           
      
•Que no se desplace a los docentes suplentes en la implementación de la Ley de Profesor por Cargo. Y que se extienda esta Ley a los docentes curriculares de nivel primario.      

•Ampliación de los EOE y equiparación completa de sus salarios con los maestros secretarios.             

•Incorporación al Estatuto del Docente la Licencia por Violencia de Género. 
      
También la UTE entregó a la ministra un listado con más de 30 docentes que no consiguieron vacantes en el nivel inicial y primario de la Ciudad para sus hijos y reclamó una solución al problema.

Se planteó la injusta situación de los docentes a los que les descontaron Ganancias del medio aguinaldo. En 2014 se puso como piso $35.000 y muy pocos docentes pagaron ganancias del SAC. Este año en cambio, se disminuyó el piso a $30.000 a pesar del aumento salarial por lo que a la mayoría de los docentes que aportan ganancias, también le fue descontado del medio aguinaldo.

Se entregó copia del Proyecto de Ley de Financiamiento Educativo de CTERA que plantea elevar el presupuesto del 6 al 10 % del PBI, presentado por la Diputada Adriana Puiggrós-.

La ministra se comprometió a dar una respuesta a los planteos realizados y convocar a una nueva reunión en el mes de enero.        


jueves, 24 de diciembre de 2015

Inmediata reapertura de la mesa de negociación salarial y aumento de emergencia: ¡NO AL AJUSTE!

El gobierno PRO a nivel nacional arranca con el levantamiento del cepo cambiario y la confirmación de la quita de retenciones al “campo”, lo que en concreto implica una fuerte devaluación del peso y mayor inflación. La anunciada “revisión” de los subsidios a las empresas de servicios significará un brusco aumento de las tarifas de luz, agua y gas. Lo mismo ocurrirá con el transporte y los combustibles. Todo lo cual llevará a una escalada inflacionaria que ya se encuentra por encima del 30% anual, lo que actualiza la necesidad de empezar a discutir las paritarias, que el gobierno de Macri intentará pautar con la burocracia sindical a través de un nefasto “pacto social”.

Este año en la Ciudad, los principales sindicatos docentes acordaron con el macrismo un aumento salarial por debajo de la inflación real. El acta salarial de febrero estableció un aumento del 26% en dos cuotas, que anualizado es de un 19%, con cifras en negro, manteniendo las diferenciaciones salariales a la baja y el achatamiento de la escala salarial.

Los docentes no podemos esperar al 1º de abril para obtener un aumento de nuestro sueldo.

Es necesario plantear fuertemente un aumento de emergencia y la reapertura de la Mesa Salarial y de Condiciones Laborales, para avanzar en una mejora real de los problemas que afectan a la docencia y a la educación.

Se profundiza la crisis educativa

El nuevo Ministro de Educación nacional, Esteban Bullrich, ha hecho campaña magnificando el salario docente de la Ciudad y la situación educativa en general.

Pero los docentes que trabajamos en las escuelas públicas porteñas sabemos que -aunque no se la declare- hay una emergencia en la infraestructura escolar con escuelas en crisis en todos los distritos escolares. Cada día se suspenden las clases en un promedio de diez escuelas por problemas edilicios, falta de luz o agua, incrementándose la cantidad cada vez que llueve.

Los docentes de la Ciudad debemos trabajar dos y más cargos para llegar (mal) a fin de mes. El salario se paga con varias cifras en negro, generando que un docente con 10 años de antigüedad gane lo mismo que uno que recién se inicia. A lo que debe agregarse que cada vez que un docente toma un nuevo cargo pasa meses sin cobrar.

Se profundizó en los últimos años el vaciamiento de los equipos de orientación escolar que atienden las escuelas primarias y jardines, y los departamentos de orientación escolar de las escuelas medias, donde el Estado desatiende los efectos de la crisis social que impacta en las escuelas y tiene como principal víctima a la niñez y a la adolescencia, y quita los recursos que las escuelas necesitan.

Esto tiene consecuencias en la propia tarea docente, y la orientación del gobierno ha sido responsabilizar a los trabajadores de la educación por los efectos de la crisis social, llegando al extremo de separar del cargo y sumariar a la directora del jardín y la maestra del niño Agustín Marrero, muerto por los golpes de su padrastro.

Este año se llevó a cabo el proceso de inscripción online para los cargos docentes, que generó una enorme crisis, agravada por la reciente votación de una ley que elimina las elecciones democráticas de los vocales de Juntas de Clasificación y Disciplina, que no podría haber avanzado sin el acuerdo de sectores sindicales a espaldas de los trabajadores, perjudicando al conjunto de la docencia y beneficiando a un puñado de sindicatos que vienen teniendo una política de integración y acuerdos con el gobierno macrista, en detrimento de los intereses de la docencia y la educación pública (UTE, UDA, AMET, Camyp). Una ley que profundiza la destrucción de las Juntas iniciada por la Ley Abrevaya de 2011, esta vez, votada por todo el Interbloque K y UNEN, con el aval de la burocracia sindical, para restringir la representación de los trabajadores docentes.

Una vez más, el Presupuesto 2016 viene con ajustes que configuran un cuadro de aumentos salariales a la baja, menos recursos para las escuelas públicas y un considerable aumento (30%) de los subsidios a las escuelas privadas (más de $4.000 millones). Además, los recortes afectan a distintas áreas: salud, cultura, vivienda.

Al tiempo que el gobierno profundiza la injerencia de organismos privados y de la Iglesia Católica en las escuelas públicas, se lleva a cabo la puesta en marcha de la unidad de evaluación integral de la calidad y equidad educativa, que ha intentando llevar adelante evaluaciones externas y estandarizadas, con la perspectiva de responsabilizar a los docentes por la situación de la educación y avanzar en la línea de que el salario y la estabilidad en los cargos queden atados a los resultados de la evaluación.

En lugar de llevar adelante un plan de construcción de jardines y escuelas para solucionar el problema de la falta de vacantes -evidenciada con la inscripción on line que dejó sin escuela a miles de niños/as-, el PRO y la “oposición” legislativa (FpV, ECO, UNEN y otros) cedieron 30.000 metros cuadrados al Arzobispado.

Ante este cuadro, llamamos a la docencia a abrir un proceso de debate en las escuelas y distritos para avanzar en nuestros reclamos y poder enfrentar el ajuste en curso y el que preparan los gobiernos nacional y de la ciudad.

Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior (Ademys)


miércoles, 23 de diciembre de 2015

La tragicomedia de la gratuidad en educación superior: engaños, ineptitud e intrigas en Chile

 (Por Álvaro Ramis. Punto Final, Santiago de Chile, número 843, viernes 18 de diciembre de 2015)- La maraña de engaños, ineptitud e intrigas que ha rodeado el rechazo a la glosa presupuestaria para la gratuidad en educación superior pide analizar el suceso como una obra teatral.

Una tragicomedia del absurdo, donde la trama no sólo careció de sentido, los diálogos fueron falsos y no existió una mínima secuencia narrativa. La incoherencia de la obra entraña una tragedia profunda, que se expresa en que todo un pueblo ha sido capturado por una minoría de fanáticos clepto-capitalistas que le impiden salir de la jaula de hierro institucional en la que le han secuestrado.

La obra se estrenó en un peculiar escenario: una cárcel virtual, sin barrotes visibles. Al inicio parecía que los actores vivían en el reino de la libertad absoluta. Podían gritar, hacer largas marchas para exigir los derechos que consideraban justos. Incluso se dieron el lujo de escoger un gobierno que declaró “escuchar” sus demandas. Y este gobierno además tenía (en teoría) la mayoría parlamentaria para alcanzar estos objetivos. La tragedia se desató porque esta escenografía escondía una trama. En realidad los protagonistas no podían escapar a los límites que les habían fijado sus captores, en una cárcel constitucional en cuya cima se ubicaba un antidemocrático tribunal de censores que decidían en última instancia lo que se podía tolerar en este peculiar territorio.

Presentemos a los protagonistas: primero al movimiento estudiantil. Luego de décadas de lucha, las grandes manifestaciones de 2011 se sintetizaron en los principios de educación pública, gratuita, laica y de calidad. Esto supondría una transformación de aspectos basales del modelo económico y jurídico. No era posible resolver la gratuidad por medio de una glosa presupuestaria o de una “ley corta” dentro de la racionalidad vigente. Se necesitaría una Ley General de Educación Superior que rediseñara las bases de las actuales universidades y centros de formación técnica. Pero esa nueva ley no cabría en la racionalidad de la actual Constitución. De allí que la principal consigna de los estudiantes en 2015 fue discutir los objetivos estratégicos de la reforma, impidiendo su empantanamiento en mecanismos inmediatistas y electoreros, sin atender a la naturaleza político-estratégica de la discusión.

La demanda por gratuidad había cambiado el eje del debate, desde el financiamiento de “individuos meritorios”, que acceden a unas instituciones universitarias desreguladas y que compiten por captar sus matrículas, a concebir la educación como un bien público, por lo cual lo que se debe financiar es a algunas instituciones que provean este servicio. Los méritos a cumplir deberían recaer en las instituciones. Las universidades (o CFT) que recibieran el financiamiento deberían cumplir estándares mínimos de calidad, justicia, derechos humanos, democracia, pluralismo, pertinencia social y productiva, etc.

El segundo actor en escena eran los intereses económicos y políticos que se enfrentaron a este programa. Se oponen porque el modelo les ha permitido hacer de la educación superior un negocio de altísima rentabilidad. Chile es el cuarto país más caro en el mundo en estudios universitarios, con aranceles que equivalen al 73% del salario promedio(1). Y a la vez este extraordinario negocio les ofrece una fuente casi ilimitada de reproducción de su poder simbólico, político y cultural. De allí que el único objetivo de este actor sea mantener el statu quo , porque sus condiciones ya no pueden ser mejores. Han llegado a su “óptimo de Pareto”, político y económico, porque ya no pueden lograr nuevas mejoras para sus intereses. A tal desfachatez llegó su actitud que el rector de la Universidad San Sebastián, Hugo Lavados (DC), señaló que “si las universidades lucran es por incapacidad fiscalizadora del Estado”. En palabras simples, su argumento era “si no me fiscalizan lucraré descaradamente”.

El tercer actor en escena es un gobierno que nunca hubiera llegado al poder si no hubiera ofrecido un programa de reformas que se hacía cargo de las demandas del movimiento estudiantil. En su famoso discurso inaugural en la comuna de El Bosque, Michelle Bachelet partió diciendo: “Sabemos que hay un malestar ciudadano bastante transversal. Lo hemos visto en los estudiantes, en su movilización por una educación gratuita y de calidad. Lo hemos visto también en una clase media que se siente excluida y desprotegida”(2). Pero Bachelet no contaba con una “mayoría efectiva” para llevarlo a cabo, ya que una parte de sus propios parlamentarios y líderes de importantes partidos oficialistas (Ignacio Walker y la DC como gran cabecilla) se beneficiaban del “optimo paretiano” de los empresarios del rubro. Tienen intereses económicos y políticos directos en el negociado. Por lo cual la “Nueva Mayoría” que debía asumir este programa no era tal. Era una “Mayoría” de cartón piedra, viciada por el cinismo de quienes firmaron un programa de reformas para acceder al poder y lo abandonaron al instante de ejecutarlo.

¿Cómo responder al programa ofrecido si una parte poderosa y gravitante de la coalición trabaja activamente en contra de este mismo proyecto? El Ministerio de Educación tenía dos opciones: avanzar con los cambios en conjunto con los movimientos sociales, generando un debate transparente, consensuando los contenidos e itinerarios legislativos con la ciudadanía. Y la otra, que asumió, entrar en una interminable cocina política para satisfacer a la derecha y a los neomayoristas contrarios al programa de su propio gobierno. La propuesta de gratuidad universitaria se enclaustró en los laboratorios tecnocráticos, despolitizando y desmovilizando el debate, para terminar en una “glosa presupuestaria” destinada a cubrir el año 2016. Nunca se debatieron los criterios que debían cumplir las universidades que accedieran a la gratuidad, y nunca se vinculó la reforma a la educación superior al proceso constituyente, algo evidente en tanto la Constitución y su entramado jurídico genera el cerco final y definitivo a los cambios.

El cuarto actor son las autoridades de las universidades públicas. A ellas se les debe reconocer que fueron más allá del cortoplacismo del Ministerio de Educación. Aldo Valle, del Consorcio de Universidades del Estado (Cuech), no dejó de repetirle al gobierno: “Si con la gratuidad se prefieren intereses electorales, el Cruch (Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas) se opondrá” ya que “no queremos un populismo de mercado, sino una reforma sustantiva en educación”. De igual forma el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, se preguntó luego del fallo del Tribunal Constitucional: “¿Están defendiendo a los jóvenes pobres o están defendiendo los intereses de las empresas que hay detrás de universidades privadas?".
Lo que este actor no hizo fue ir más allá de las palabras. N inguna universidad hizo público el costo real de sus aranceles, criterio exigible para acceder a gratuidad. ¿Cuánto vale efectivamente una carrera universitaria? Tampoco lograron proponer un conjunto de criterios mínimos que deberían cumplir las futuras universidades gratuitas. No basta ser una universidad de propiedad estatal para garantizar los estándares. Hay mucho que mejorar en nuestras universidades públicas y no reconocerlo no ayuda a fortalecer el proceso de cambios. Tampoco estuvo clara su política de alianzas. Las universidades estatales aparecieron alineadas con el Consejo de Rectores. Pero cabe preguntar, ¿qué universidad cumple en mejor medida los estándares de una “universidad pública” para ser financiada por el Estado? ¿Una Universidad Católica que no permite la participación efectiva de sus propios académicos en la generación de sus autoridades y despide por “delitos de opinión”, o una universidad privada, nueva, pero que no discrimina por razones confesionales o ideológicas, que garantiza participación triestamental, y que garantiza la reinversión del 100% de sus utilidades en su misión institucional? Ha llegado el momento de superar la pertenencia al Consejo de Rectores y la línea entre universidades “tradicionales” y “privadas”. La Confech (Confederacón de Estudiantes Universitarios de Chile) ya ha dado por muerta esta división. El campo en disputa se estableció ahora entre las universidades que desean responder a altos estándares públicos, de pluralismo y calidad (aunque no sean de propiedad estatal) y universidades que privilegian criterios diferentes, y que deberían autofinanciarse.

Ha quedado claro que la gratuidad es sólo una dimensión de la reforma necesaria. Se deben crear Centros de Formación Técnica (CFT) gratuitos, con los mismos criterios que en las universidades públicas. Se debe entender que la educación, como derecho social, debe empezar desde el nivel preescolar. Y establecida la gratuidad, se debe complementar con sistemas de apoyo a estudiantes con menos recursos, con otro sistema de ingreso a la Universidad y en general, con un inmenso fortalecimiento a la educación pública, con una agenda de cambios que supere la lucha estudiantil y docente y se entienda como una causa política general, una causa constituyente. 

Notas:

(1) Datos de Fundación SOL.

(2) Discurso del 27 de marzo de 2013.


martes, 22 de diciembre de 2015

Ademys (Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior) inició demanda contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el reconocimiento de sus delegados

Hace unas semanas Ademys presentó un juicio sumarísimo en el Fuero Nacional del Trabajo contra el Gobierno Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) para lograr el reconocimiento de nuestros delegados y representantes en el lugar de trabajo y decretar la nulidad de las disposiciones del Ministerio de Modernización que pretende desconocer las elecciones realizadas por nuestra entidad en las que los docentes eligieron democráticamente a sus compañeros de trabajo como delegados.


En la mencionada demanda, se plantea la nulidad de las disposiciones en función de la inconstitucionalidad del Art. 41 inciso a) y del Art. 52 de la Ley 23.551 en función de la doctrina emanada por la CSJN en los fallos ATE I, Rossi y ATE II.

Asimismo, hemos planteado que la actitud del GCBA de desconocernos sea declarada por la Justicia como una práctica desleal, en tanto obstaculiza el ejercicio de la democracia sindical en los términos planteados en el art. 53 inciso c) de la Ley y la necesaria reparación moral y social frente al daño causado a nuestra entidad, que históricamente ha representado los intereses de los trabajadores y promovido su organización en los lugares de trabajo, hecho reconocido ampliamente por el conjunto de la docencia y por todos los sectores sindicales, sociales y políticos que han manifestado masivamente su apoyo a nuestro sindicato contra este avasallamiento a nuestros derechos.

En este momento, el GCBA tiene que contestar la demanda instaurada. Instamos a la Justicia laboral a que prontamente proceda a resolver la demanda haciendo lugar a la misma, en tanto constituye un hecho básico de respeto a nuestros derechos democráticos como trabajadores y al ejercicio de la libertad sindical, y es producto de la lucha y movilización de nuestra querida Asociación Docente.


lunes, 21 de diciembre de 2015

Chau, nos seguimos escuchando en marzo...

Este lunes a las cinco de la tarde Desde el aula cierra ininterrumpidos 18 años al aire por FM La Tribu, 88.7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con su programa número 751. Una vez más nos vamos con las clases y con las clases volveremos el primer lunes de marzo de 2016.

Feliz año, mejores vacaciones (a quienes les toquen en suerte y a quienes no también).

Quedan activos el blog y el correo electrónico para que el contacto no se pierda.


domingo, 20 de diciembre de 2015

El presupuesto del macrismo sigue sin priorizar la educación

El día jueves 3 de diciembre la mayoría legislativa de la Alianza Cambiemos aprobó un presupuesto que vuelve a darle la espalda a las políticas públicas que garanticen derechos a los ciudadanos.

En este sentido el gobierno porteño sigue sin respetar lo establecido en la constitución de la Ciudad ya que nuevamente miles de niños se quedaron sin su vacante.

El problema de fondo que causa la falta de vacantes radica en la necesidad de mayor presupuesto educativo para construir más escuelas y así garantizarle a todos los/as niños/as su lugar en los establecimientos públicos. Si no se construyen escuelas es muy difícil garantizar las vacantes y para que haya escuelas es necesario aumentar el presupuesto y no reducirlo como lo viene haciendo esta gestión en los últimos años.


Como se puede observar en el cuadro de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) sobre el presupuesto educativo para el 2016 el pequeño aumento de 1,6 % que aprobó ayer la mayoría del PRO, que lo ubica en 22,1%, es insuficiente para revertir tantos años de desinversión educativa. La Ley no contempla la construcción de nuevas escuelas, única forma de garantizar vacantes para todos.

Además, el presupuesto aprobado contempla un recorte de 348 millones de pesosen la inversión del Garrahan como muestra de las políticas de destrucción de lo público por parte del macrismo.

Unión de los Trabajadores de la Educación (Ute-Ctera)


sábado, 19 de diciembre de 2015

Mural en el Bajo Flores

El pasado domingo 13 de diciembre, Ademys -Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior- participó junto a docentes, familias y organizaciones del Bajo Flores, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del mural realizado en la escuela número 12, del distrito escolar número19, contra la violencia, abusos, maltrato, femicidios y desapariciones de chicos y jóvenes.

¡Felicitamos a todos por esta gran tarea de construcción, de acompañamiento, de organización!

Seguiremos trabajando y organizándonos en las escuelas y en los barrios para luchar por los derechos de los niños, niñas y jóvenes.


viernes, 18 de diciembre de 2015

Desde Rosario, solidaridad con los trabajadores de Tierra del Fuego que fueron condenados por movilizarse para mejorar sus salarios

El pasado miércoles 2 de diciembre estuvimos en extremo sur del país para acompañar a los compañeros de Sindicato Docente de Tierra del Fuego (Sutef), que en un juicio escandaloso fueron condenados por participar de una protesta por salarios en el año 2013.

"Orgullosos de ser docentes, orgullosos de nuestras luchas, orgullosos de pertenecer al Sutef", esa fue la frase más repetida por los 14 compañeros que fueron condenados a penas que van entre 8 meses y dos años de prisión por participar de una dura lucha en el año 2013 que incluyó la ocupación pacífica de la casa de gobierno a fin de destrabar la negociación salarial.

Todo el juicio fue un armado escandaloso en donde la subordinación del Poder Judicial al poder político resultaba evidente. Los funcionarios de gobierno fueron desfilando por el estrado repitiendo una declaración que previamente les habían enviado a sus correos. El único funcionario que se atrevió a denunciar esto y demostró este burdo accionar... ¡fue procesado por falso testimonio!

La firme defensa de todos los docentes procesados y el accionar de sus abogados logró mostrar la arbitrariedad de la gran mayoría de las causas y bajar en forma considerables las condenas que el gobierno y los  jueces quería aplicar. Para esto también fue fundamental la presión que ejercieron frente a los tribunales durante todo el juicio una importante cantidad de compañeros de las escuelas de Ushuaia junto a delegados docentes y de la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) de Río Grande que acompañaron siempre con su presencia y sus bombos.

El día miércoles estuvimos también representantes de los docentes de Amsafe Rosario, de Adosac (Santa Cruz), del Suteba Matanza, de gremios de Santiago del Estero y de Formosa.

La sensación en el multitudinario acto luego de las condenas era contradictoria: por un lado se percibía una sensación de triunfo porque se había puesto al descubierto toda la arbitrariedad de la "justicia" y las condenas habían sido rebajadas y ninguna era de cumplimiento efectivo. Pero también flotaba la preocupación que significa tener 14 compañeros condenados, empezando por el Secretario General del gremio Horacio Catena que recibió la condena más alta: dos años de prisión. Como bien graficó otro de los condenados: "este es un gran circo, pero la verdad es que no me resulta gracioso".

Más grave aún resulta la situación si valoramos que vamos a un año difícil, de luchas para enfrentar los ajustes que quieren plantear desde el poder político y económico. No podemos aceptar la política de criminalizar la protesta social.

Asociación Gremial del Magisterio de la Provincia de Santa Fe (Amsafe), seccional Rosario


jueves, 17 de diciembre de 2015

Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafe), seccional Rosario: resoluciones del plenario de delegados

De acuerdo a lo resuelto en la reunión del martes 15, proponemos participar de la movilización convocada para el jueves 17 de diciembre a las 10:30 horas desde Plaza Pringles a Plaza San Martín (con desobligación a partir de las 10 horas).

Este martes 15 se realizó una nueva reunión de delegados de escuelas del Departamento Rosario. Se debatió sobre la situación política a partir de la asunción de las nuevas autoridades nacionales y provinciales y la preocupación sobre el ajuste en marcha contra los trabajadores que ya se está expresando en la fuerte caída de nuestros salarios por la inflación.

También se compartió la preocupación sobre la judicialización de las luchas y en particular las condenas que recibieron la semana pasada los compañeros docentes  y camioneros de Tierra del Fuego por participar de una lucha salarial en el año 2013.

Acordamos:

Participar en una movilización en unidad con los compañeros estatales de ATE Rosario y del Siprus que partirá desde Plaza Pringles a las 10.30 horas para marchar a Plaza San Martín y terminar con un acto unitario frente a la sede de la Gobernación en Rosario.

Los principales reclamo que allí llevaremos son:

-Aumento salarial de emergencia para activos y jubilados a fin de compensar la fuerte caída del poder adquisitivo de nuestros ingresos. Pago de un doble aguinaldo.
-Aumento del presupuesto educativo. Creación de cargos. Plan de refacción integral de las escuelas.
-Defensa de nuestros derechos jubilatorios. Retiro definitivo del Proyecto Gramajo.
-No al impuesto a las ganancias sobre nuestros salarios.
-Absolución de los trabajadores condenados por luchar en Tierra del Fuego.

Para participar de la convocatoria se propone disponer una desobligación de alumnos a partir de las 10 horas. Este acuerdo del Cuerpo de Delegados se lleva para ser ratificado por los compañeros en las escuelas.


miércoles, 16 de diciembre de 2015

El nuevo gobierno respondió al pedido de convocatoria de AGMER (Asociación Gremial del Magisterio de la provincia de Entre Ríos)

La reunión está fijada para el lunes 14 de diciembre, a las 11 horas, en el salón de los gobernadores de la Casa de Gobierno y fue convocada a través del nuevo ministro de Gobierno, Mauro Urribarri.

AGMER acudirá a la audiencia solicitada con la agenda definida por la conducción provincial y la temática que abordó el plenario de secretarios generales, el día 3 de diciembre.

La necesidad de una urgente recomposición salarial, con el fantasma de una posible devaluación de la moneda, pone a todos los trabajadores en tensión, por lo cual plantearemos que el nuevo gobierno -encabezado por Gustavo Bordet- deberá garantizar la estabilidad salarial, previendo la devaluación para que no recaiga sobre los asalariados.

Además, AGMER planteará todas sus demandas: desde la preocupación por las definiciones en las políticas educativas, hasta las obras paradas en las escuelas e incumplimientos de acuerdos paritarios.



lunes, 14 de diciembre de 2015

Federación Sitech (Sindicato de los Trabajadores de la Educación de la provincia del Chaco) convoca a una medida de fuerza por 48 horas los días martes 15 y miércoles 16, ante la persistencia del conflicto docente irresuelto y la falta de respuesta oficial

“...pese al cambio de autoridades en la provincia y ante la negativa del nuevo gobernador Domingo Peppo de mantener el dialogo con este sindicato para lograr destrabar el conflicto. Actitud que demuestra una clara continuidad con el gobierno anterior de pretender desconocer las demandas que este sindicato viene realizando” dice el comunicado sindical.

Asimismo, indicaron que "mantenemos nuestro reclamo frente a la pérdida del poder adquisitivo en estos últimos años, por lo que reclamamos que el impacto de la devolución del 15% de coparticipacion repercuta en el sueldo de los trabajadores.  Abogamos por un país verdaderamente federal y no por el negociado que algunos gobernadores como Jorge Capitanich, hicieron con la plata de nuestra provincia". 

"Llegamos a fin de año con el sueldo de los trabajadores docentes devaluados y absorbidos por la fuerte inflación, por lo que  reiteramos el pedido  de un bono de fin de año de 3.500 pesos, tanto a activos como pasivos, frente a la escalada de precios que viene azotando el bolsillo del trabajador", explica el sindicato.

Por otra parte, continuaron diciendo: "manifestamos nuestro  repudio a cualquier tipo de ajuste que se quiera hacer a la clase trabajadora, como es el incremento de la tarifa  de servicios indispensables como el agua y la luz. Los trabajadores chaqueños no podemos seguir pagando los desajustes y la mala administración de la clase política. Pareciera que el gobernador actual pretende ajustar a los trabajadores para que estos se hagan cargo de la crisis, actitud que se reproduce tanto en el ámbito nacional como provincial independientemente del color político de quien gobierne".

"Advertimos que este año lo despedimos atravesados por un conflicto irresuelto, y de permanecer con esta actitud de menosprecio a los trabajadores docentes nos encontraremos el año siguiente con el mismo carácter de lucha y defensa por los derechos de los trabajadores. Hasta el momento nada hace suponer que las nuevas autoridades en educación cambiaran el estilo de soberbia y ninguneo ante los reclamos del sector docente, por lo que decimos, sin temor a equivocarnos, que el 2016 nos encontrará con el mismo ímpetu y firmeza frente a los atropellos de la patronal, por lo que llevamos tranquilidad a los docentes de que este sindicato seguirá, como lo ha demostrado año tras año, defendiendo el salario de los trabajadores docentes en general", finaliza el comunicado del gremio liderado por Eduardo Mijno.


sábado, 12 de diciembre de 2015

¡Basta de fumigar escuelas! (es increíble que esta demanda se repita y se repita...)

Este jueves 10 de diciembre se presentó en la Unidad Fiscal de nuestra ciudad un informe sobre el nuevo episodio de fumigación ilegal que se realizó sobre la Escuela Rural Nº 44 al momento en que los niños y docente ingresaban a clases. El informe describe el episodio que tiene características similares al ocurrido hace exactamente Un año atrás atrás en el mismo establecimiento, que fue denunciado en ésa unidad fiscal y del cual, luego del allanamiento y secuestro de elementos probatorios en la empresa aplicadora, no se han conocido otros avances de relevancia.

A sugerencia de la fiscal Melisa Ríos además de la solicitud de integrar el informe al legajo Nº 5241/14 -que contiene la denuncia de la fumigación ocurrida el 04.12.14- se presentó una nueva denuncia por este caso. 

Desde la campaña Paren de fumigar las escuelas confiamos en que las instituciones del estado actúen con la celeridad y rigor necesarios en la protección y el cuidado de la salud de la ciudadanía y el ambiente.


viernes, 11 de diciembre de 2015

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional relevó la cantidad de casos de gatillo fácil, desapariciones forzadas, torturas en cárceles y muertes de personas detenidas en 2003 -2015: el kirchnerismo deja el poder con más de 3 mil muertos por la acción estatal

" (...) Según la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional,3070 personas fueron asesinadas por el represión estatal durante las gestiones kirchneristas (2003-2015). Las policías provinciales, los servicios penitenciarios y la Policía Federal son los principales responsables, y la cifra representa el 65 por ciento del total de los casos de violencia institucional desde la vuelta de la democracia.
CORREPI es una organización que releva los casos de gatillo fácil, muertes de personas detenidas (que suelen incluir tormentos y torturas), fusilamientos en protestas y causas fraguadas. Entre otras cosas, a eso se refieren con "violencia institucional". En su informe 2015, que contempla aquellos casos "que impliquen la aplicación de política represiva y la utilización de los recursos del aparato estatal, cuyo resultado sea la muerte de la víctima", se advierte además que "los desaparecidos, con Jorge Julio López, Luciano Arruga y Daniel Solano como referencias obligadas, ya son más de 200" desde la vuelta de la democracia en 1983.


No existen cifras oficiales del Ministerio de Seguridad sobre el tema. Por esta razón, desde 1996 CORREPI realiza informes "a partir de del contacto con los familiares o amigos de las víctimas, el chequeo de diarios nacionales y provinciales e informes de otras organizaciones y de organismos oficiales que registran datos de interés", según explica el documento de 2015.
Además, el informe analiza la represión estatal no sólo durante el período en el que Néstor y Cristina Fernández de Kirchner estuvieron en el poder, sino también los abusos institucionales desde la vuelta de la democracia. Entre 1983 y 2015, el total de muertos sumó 4644 casos (número parcial, ya que el recuento cerró los primeros días de noviembre).
El 45% por ciento de los ellos se dieron en la Provincia de Buenos Aires, seguida por Santa Fe (12%), Córdoba (8%) y la Ciudad de Buenos Aires (7%). El 52% de las muertes corresponden a jóvenes de menos de 25 años. (...) "
Leer competo aquí.

jueves, 10 de diciembre de 2015

Cuatro docentes y un activista de Guadalajara se enfrentan a cuatro años de prisión por haber participado en 2011 en una protesta contra el despido de más de 800 docentes interinos como consecuencia de los recortes

(Periódico CLM. México D.F., sábado 5 de diciembre de 2015)- Cuatro profesores y un activista de Guadalajara se enfrentan a una petición de cuatro años de prisión por participar en una protesta contra los recortes en educación y en defensa de una educación pública. Los cinco participaron junto con otras 400 personas en un acto de protesta durante el pregón de Ferias el 7 de septiembre de 2011 en el Teatro Auditorio Buero Vallejo de la capital alcarreña.

Los hechos ocurrieron cuando, tras una concentración en protesta por los recortes en la escuela pública organizada por la Asamblea de Interinos Docentes de Castilla-La Mancha, varias decenas de participantes se trasladaron hasta el Teatro Auditorio Buero Vallejo, donde irrumpieron en pleno pregón de fiestas y, tras momentos de tensión con autoridades y policía, fueron desalojados.
Ahora y tras el proceso de instrucción por la denuncia de cuatro policías locales, uno de ellos el jefe de la Policía Local de Guadalajara por lesiones sufridas durante los hechos, además de por desorden público y presunto atentado continuado contra la autoridad, y a pesar de la petición sostenida de sobreseimiento de la causa por parte de la Fiscalía, el juzgado número 3 de Guadalajara estima abrir juicio oral tras la fase de instrucción.

Así lo han explicado dos de los acusados, Domingo Alcázar y Nacho Monreal, en rueda de prensa, y han señalado que todavía no tienen fecha del juicio pero esperan sea para el verano de 2016 “para acabar con esto cuanto antes porque no tiene sentido”. Según han explicado, se les imputan un delito de desorden público por el que se les pide dos años de prisión, otros dos años por atentado continuado a los agentes de la autoridad y una falta continuada de lesiones por el que se les condena a pagar 2 meses a razón de 20 euros por día, además de indemnizaciones a los cuatro agentes.

Ambos acusados han recordado que fueron casi medio millar de personas las que interrumpieron el pregón para protestar por el despido de más de 800 docentes interinos como consecuencia de los recortes del Gobierno de María Dolores de Cospedal. “Nos consideramos cabezas de turco de una represión sin paliativos que se intentó sobre el colectivo docente”, indicaron los afectados. “Para nada nos arrepentimos de lo que hicimos aquella tarde que no fue otra cosa que mostrar nuestra indignación por el trato que se le daba a los compañeros interinos, por la falta de cobertura legal de las instrucciones dictadas por la Consejería de Educación, por la pérdida de derechos que nuestros alumnos iban a sufrir y el cambio en las condiciones laborales que, sin negociación alguna, nos imponían a los docentes”, han concluido.


miércoles, 9 de diciembre de 2015

Asociación de los Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (ADIUNT): importante conquista en la aplicación efectiva del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT)

Cabe recordar que en el marco del plan de lucha que la ADIUNT llevó adelante este año, la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) se había comprometido a avanzar en estos puntos y había suspendido los concursos que se encontraban por fuera del CCT Con el acta firmada en la paritaria docente se efectiviza ese compromiso y se avanza en la aplicación de estos derechos para los docentes de la UNT.

Los acuerdos:

1)-Se elimina la denominación “Interino” para los docentes que ingresaron al cargo por concurso, a los que se considerara “Regulares” aunque haya vencido su designación. En este caso, el docente tiene derecho a que se prorrogue por 5 años su designación desde el momento en que sea homologada la presente acta, luego de los cuales seguirá el régimen de Carrera Docente conforme lo establezcan las reglamentaciones respectivas.


2)-Unificar en cinco (5) años los períodos de designación de docentes, tanto profesores como Auxiliares de la Docencia. La permanencia en el cargo que el docente regular hubiere alcanzado estará sujeta a evaluación periódica individual cada cinco (5) años.

3)-Se dejan sin efecto las convocatorias de los concursos ya suspendidos por resolución Res. Nº 1837-015 del Sr. Vice-Rector y convalidada por Res. Nº 2079-HCS-015, para la cobertura de cargos de Profesores, que se encuentren en trámite, en los casos comprendidos en los artículos 12 y 73 primer párrafo del Convenio Colectivo homologado por Decreto 1246/15, referidos a la continuidad en cargos regulares y a los Docentes Interinos con cinco (5) años o más en tal condición a la fecha de puesta en vigencia del presente Convenio (03/07/2015).
En idéntico sentido, se instruye a los Consejos Directivos de cada Unidad Académica a fin de que procedan a dejar sin efecto los concursos ya suspendidos, en las categorías Auxiliares Docentes y Jefes de Trabajos Prácticos.

4)-Se instruye a los Consejos Directivos a fin de que procedan a dejar sin efecto los concursos llamados a los fines de la promoción de Auxiliares Docentes a Jefes de Trabajos Prácticos, que se hubieren convocado bajo la modalidad de concursos públicos y abiertos, a fin de dar cumplimiento al art. 13º, 2do. párrafo, del Convenio Colectivo; salvo aquellos concursos en los que el único inscripto sea el auxiliar docente y manifieste su intención de concursar.

5)-Instruir a los Sres. Directores de las Escuelas Experimentales para que soliciten a la Sra. Rectora, disponga dejar sin efecto los concursos suspendidos por Res. Nº 1837-015 del Sr. Vice-Rector y convalidada por Res. Nº 2079-HCS-015.

La paritaria local decidió crear formalmente la Subcomisión de Seguimiento e Implementación del Convenio Colectivo de Trabajo que funcionará con representación paritaria de representantes de ADIUNT y de la Universidad Nacional de Tucumán, en el marco de la Comisión Negociadora de Nivel Particular. En esta Comisión se discutió, acordó y está en proceso de efectivización, la desaparición de la fecha de vencimiento de los cargos regulares de las boletas de sueldo del personal docente.


martes, 8 de diciembre de 2015

Declaración del Plenario de Secretarios Generales de AGMER (Asociación Gremial del Magisterio de la provincia de Entre Ríos)

Los secretarios generales de AGMER, reunidos en la ciudad de San José de Feliciano el día 3 de diciembre de 2015, expresamos a la comunidad entrerriana que respetamos a las autoridades democráticamente elegidas y que entendemos que la democracia no se agota en el acto eleccionario, sino que debe tener su continuidad en el diálogo constructivo entre los diferentes sectores de la sociedad y que de ese diálogo se deben generar soluciones para los sectores de trabajadores de la provincia. En tal sentido es que solicitamos al Gobernador Gustavo Bordet que nos reciba a la brevedad para tratar los temas que la gestión anterior dejo pendientes e irresueltos. Estamos convencidos que la democracia la construimos cotidianamente los trabajadores en cada lugar de lucha y en cada escenario de reivindicación.

Como colectivo de trabajadores hemos defendido, y continuaremos haciéndolo, nuestros derechos laborales,  nuestras organizaciones sociales y nuestra cultura popular. Enfrentamos el ajuste sobre la escuela pública y sobre las condiciones laborales y salarios de los trabajadores de la educación. Nunca estuvimos dispuestos a soportar el ninguneo del gobierno saliente ante nuestras demandas y de la misma manera no soportaremos actitudes similares de los gobiernos entrantes.

En este sentido planteamos claramente cuáles son las demandas del sindicato:

–Exigimos recomposición salarial real en blanco para el conjunto de los trabajadores activos y jubilados, respetando la escala de antigüedad,  la normativa vigente y los criterios de la Comisión de Salario del Sindicato que incluya la devolución de lo descontado por días de huelga y el pago en blanco del FONID.
–Demandamos el pago a los docentes de la provincia antes del 10 de cada mes. En este sentido repudiamos el cronograma de pagos de los sueldos de noviembre y ratificamos lo anunciado desde Comisión Directiva Central acerca de que si no se modifica el mismo se realizará un paro de 24 horas el 11 de diciembre.
–Ratificamos nuestro compromiso en la defensa de la Caja de Jubilaciones expresando la misma no solo en oponernos a cualquier intento de modificación de la ley jubilatoria sino también en la decisión de no recibir cifras en negro en nuestro salario.
–Ratificamos también nuestro compromiso con las Obras Sociales de los trabajadores demandando que se restituya al IOSPER el 2 % de los aportes patronales. Los trabajadores nos merecemos una buena atención a nuestra salud y para eso es necesario que los aportes que reciba nuestra obra social sean acordes a los que reciben otras Obras Sociales. En este sentido, exigimos al nuevo Poder Legislativo Provincial la inmediata sanción de la ley antiplus, que tiene media sanción de diputados, para que ningún sector corporativo saque ventaja de las necesidades de los trabajadores.
–Ante declaraciones de la Presidente del Consejo Claudia Vallori, remarcamos la defensa irrestricta del régimen de licencia docente, exigimos políticas de prevención de la salud laboral para todos los trabajadores de la educación -en este sentido hemos presentado propuestas que duermen en los cajones- y anunciamos que demandamos mayor licencia por paternidad, maternidad y lactancia acorde a las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud. Demandamos también que, al igual que se hizo en otras provincias se incluya la licencia para las víctimas de violencia de género.
–Denunciamos que a consecuencia de la irrupción de la crisis social en la escuela, unida a condiciones laborales precarizadas y, la falta de políticas adecuadas para su abordaje, la escuela se está convirtiendo en un factor de enfermedad física y psíquica para los trabajadores de la educación.
–Exigimos cumplimiento de todos los acuerdos paritarios, en especial el de transporte e infraestructura. En lo que refiere al incumplimiento paritario de transporte en el Departamento Islas del Ibicuy, hemos mandatado al estudio jurídico del sindicato a intimar al gobierno. Sumado a esto, consideramos que lo ocurrido en Islas del Ibicuy donde se debieron suspender las clases por falta de partidas para combustible de transporte fluvial y terrestre habla de una gravedad inusitada y sostenemos que la responsabilidad es del Estado Provincial. En lo referente a infraestructura denunciamos que son decenas las obras de escuelas paradas por falta de pago por parte de la Provincia y que esto es responsabilidad del Estado y debe ser prioridad de la nueva gestión no solo continuar con estas obras sino atender las demandas de las diversas comunidades educativas en cuanto a condiciones edilicias.
–Señalamos terminantemente que el inicio de una nueva gestión es la oportunidad de dar cumplimiento a la Constitución Provincial que claramente en su artículo 36 establece que el cargo de Director Departamental de Escuelas debe ser designado por concurso.
–Solicitamos al Gobernador Bordet que de inmediato convoque a las autoridades del Sindicato a los efectos de tratar estos temas con la intención de avanzar sobre las demandas sindicales.
–En cuanto al Consejo General de Educación, repudiamos que se hayan impreso las credenciales con múltiples errores y sin haber respondido los reclamos de los docentes y en este sentido exigimos que se garanticen los tiempos de revisión por parte de los vocales representantes de los docentes no entregándose las credenciales hasta tanto no esté completada esa revisión y no haya consenso entre todos los integrantes del Jurado de Concurso de Nivel Secundario.
–La estabilidad de los docentes es una demanda al Consejo General de Educación. En ese sentido exigimos que salgan de inmediato los listados de niveles primario e inicial en todas sus modalidades y se cubran todos los cargos vacantes de supervisores de acuerdo a la normativa vigente, Acuerdo Paritario Resolución Ministerial 783/12. Demandamos que se cierren todos los procesos de titularización en marcha en el Nivel Secundario, tanto para cargos de base, directivos y horas cátedras. En cuanto al Nivel Superior, demandamos que se avance en la reglamentación de los concursos a fin de darles estabilidad a los trabajadores del Nivel. Exigir el pleno ejercicio concursal para la designación de todos los cargos del escalafón docente, incluyendo a los técnicos del CGE.

En el plano nacional, y ante el cambio de gobierno que se producirá en pocos días en nuestro país comunicamos que:

–Exigimos que al ajuste producto de la devaluación no lo debemos pagar los trabajadores. Toda la economía debe ser manejada pensando en el pueblo y ajustando a los sectores de riqueza concentrada (banqueros, multinacionales, grandes pooles de siembra, sectores del juego, etcétera).
–Al igual que en estos años, en el que conquistamos mas del 6% del PBI para educación, seguiremos reclamando como lo venimos haciendo desde 2013 el aumento del presupuesto educativo nacional, una nueva ley de financiamiento que lleve al 10 % del PBI la inversión estatal en educación.
–Blanqueo del incentivo docente. El gobierno nacional sigue pagando en negro el incentivo y creemos que el nuevo gobierno debe blanquear ese monto.
–Reclamamos al nuevo Poder Legislativo Nacional derogación de la ley antiterrorista puesto que consideramos que criminaliza la protesta. Desde su sanción nos hemos opuesto a esta ley y coherentemente mantenemos la misma postura.