En Honduras hay treinta estudiantes que pueden ir a la cárcel por defender el derecho a la educación pública

(Enredando las mañanas. Tegucigalpa, miércoles 12 de julio de 2017)- Las noticias de asesinatos por razones políticas en Honduras siguen llegando. Esta vez, en el contexto de la lucha del estudiantado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El pasado 23 de junio fue asesinado Roberto Gómez, padre de uno de los 30 estudiantes judicializadxs por el conflicto. Desde el Enredando las mañanas repasamos lo sucedido en los últimos meses con Roxana Vázquez, integrante de la Red Nacional de Defensoras de Honduras. 

Para tener elementos que permitan comprender esta situación, Roxana recuerda que en “el año 2011 ha iniciado una lucha fuerte en contra de la Cuarta Reforma Universitaria y unas normas académicas que se implementaron dentro de la Universidad que son lesivas a las y los estudiantes, limitan la participación, son muy excluyentes”. Entre otras medidas, explica, incorpora mecanismos por los que lxs estudiantes, “después de reprobar una o dos veces una clase, automáticamente te obliga a cambiarte de carrera, sin siquiera preguntar el porqué no pudo avanzar en esa clase, no pudo seguir y la tuvo que dejar. Los cobros altos por uso de laboratorios, por reposición de un examen, cobros de la matrícula”.

Otro de los aspectos centrales de la protesta es la ausencia de una verdadera representación estudiantil. La defensora de los DDHH describe que en la actualidad “hay una junta de dirección universitaria y hay un consejo en el que se supone los estudiantes deben de tener representatividad por facultad, eligiendo a su concejal y a su vez ese Consejo elige la rectoría, los decanos”. Sin embargo, lxs estudiantes denuncian que no se han realizado las elecciones para nombrar a lxs representantes estudiantiles, sino que lxs mismxs han sido nombrados “a dedo”. Estos mecanismos, además, han permitido que la actual rectora de la universidad establezca una extensión en su mandato. Roxana explica que “es la tercera vez que intenta reelegirse con el apoyo de esta junta de consejo universitario que ha sido impuesta por ellos mismos”.

La arbitrariedad y las irregularidades en la gestión son las que han generado que lxs estudiantes se organicen en contra de esta reforma. Durante el 2016, recuerda Roxana, “la lucha se tornó mucho más fuerte y una crisis profunda, hubo una toma en la Universidad que se mantuvo por casi tres meses y fue un mes completo que hubo una toma general en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en Tegucigalpa, en coordinación con otros centros regionales en el norte, en el occidente, en el sur (…) Se hizo una toma general, al final fueron desalojados las y los estudiantes y se llegó a un diálogo en el que las autoridades se comprometieron, entre otras cosas, a quitar todos los requerimientos fiscales contra los estudiantes que en ese momento fueron llevados a prisión, estuvieron detenidos 24 horas y seguían un proceso por usurpación. Entonces, uno de los acuerdos era que ellos se comprometían a eliminar todos esos delitos contra los y las estudiantes, además de que iban a apoyar para que los y las estudiantes se organizaran y que se pudiera dar un elección estudiantil”.

Ante la falta de cumplimiento de los acuerdos por parte de las autoridades universitarias comenzaron a desarrollarse nuevamente acciones de presión, “se hacen tomas de edificios, movilizaciones internas, y esta medidas llevaron a que el 24 de mayo de este año varios estudiantes se tomaron el edificio administrativo de la universidad. Hubo un desalojo y se los llevaron detenidos a veinte. Estos veinte ahora están en un proceso judicial por daños y perjuicios además de usurpación del territorio de la Universidad”.

Sin embargo, la judicialización de la protesta estudiantil no es nueva y viene en aumento. En los años 2014 y 2015, explica Roxana “hubieron también 16 estudiantes judicializados que vienen en un proceso desde ese año y ahora, en el 2016, hubo una sentencia en la que declararon culpables a tres estudiantes por el delito de usurpación y que se supone que tendrán una pena entre 3 y 5 años de cárcel”. Justamente lxs jóvenes que enfrentan este nuevo proceso se encontraban expresando su solidaridad y apoyo a los tres que fueron sentenciados.

Estas medidas, lejos de enfriar la situación, la han agudizado y el 16 de junio pasado, fue brutalmente desalojada otra toma en uno de los edificios. La Integrante de la Red describe: “con bombas lacrimógenas, la policía antimotines y el grupo especial Cobras entraron a la Universidad violando la autonomía universitaria y se llevaron detenidos a siete compañeros más”.

Los números que repasa Roxana son preocupantes: “ahora se suma un total de 27 compañeros en proceso de judicialización, más los 3 que han sido condenados. Estamos hablando de 30 compañeros y compañeras que pueden ir a la cárcel por estar defendiendo el derecho a la educación pública”.

Entre lxs veinte estudiantes judicializadxs cuya audiencia se desarrolló el pasado 22 de junio se encontraba André Gómez. Su padre, Roberto Gómez, tuvo una visibilidad importante en esa jornada, ya que, comenta Vásquez, “él estaba mostrando su apoyo, dio algunas declaraciones diciendo que su hijo estaba luchando por una educación pública y que él estaba apoyando totalmente estas acciones”.

La exposición pública le costó la vida y al día siguiente fue asesinado cerca de su casa. Se sabe que “en su colonia, cerca de su casa, desconocidos llegaron y le dispararon sin decir más nada”.

Al respecto, Roxana no puede ocultar su preocupación: “no podemos desconocer lo que ha pasado mucho tiempo en nuestro país, cómo funcionan grupos paramilitares que asesinan a personas, que llegan y simplemente disparan y los dejan ahí tirados”.

A pesar de reconocer que hay temor entre lxs estudiantes, Roxana sostiene que “los y las estudiantes continúan con sus demandas y han dicho en sus páginas, en sus redes sociales, que su lucha va a continuar, que lo que quieren es una educación pública y de calidad, que necesitan que haya una representación de los estudiantes en los órganos de toma de decisiones, que va a seguir, hay movilizaciones que se están haciendo continuamente. También se llena de colores la universidad, porque hacen muchas pintas, van y hacen muchos dibujos emblemáticos, muchos murales en las paredes de los edificios de la Universidad que continuamente están siendo borrados por las autoridades universitarias, pero esas son las acciones que ellos realizan, para evidenciar qué es lo que está pasando (…) [lxs estudiantes] continúan alzando su voz, continuarán en movilización y acciones constantes, para denunciar a las autoridades universitarias que están atropellando todos sus derechos estudiantiles”.