Los maestros entrerrianos van a la huelga por sus reclamos

 

Leer el comunicado completo de AGMER (Asociación Gremial del Magisterio de la provincia de Entre Ríos) aquí.

La nota cambia de forma, el debate de fondo sigue pendiente

Las y los docentes estamos en desacuerdo con la forma en que se implementó la Disposición Ministerial N° 003/26, que traduce a una escala numérica del 1 al 10 las valoraciones conceptuales ya vigentes en el Régimen Académico de la Educación Secundaria. La medida llega a destiempo, con las planillas ya iniciadas bajo el criterio anterior, y sin que mediara consulta en ningún espacio de trabajo ni jornada institucional. Una decisión que incide en nuestra tarea cotidiana no puede resolverse al margen de quienes sostenemos el aula todos los días.

Como docentes, sabemos que lo que ocurre en el aula no se modifica por el formato de la nota. El acompañamiento a cada estudiante, el seguimiento de su proceso y la enseñanza cotidiana siguen siendo los mismos, se expresen en conceptos o en números. Por eso entendemos que esta modificación no responde a las necesidades reales de nuestras escuelas.

Desde UTELPa (Unión de los Trabajadores de la Educación de la provincia de La Pampa) sostenemos que esas necesidades pasan por las condiciones en que enseñamos y aprendemos: aulas con matrículas razonables, equipos completos y tiempos efectivos de acompañamiento a las trayectorias.

Esta es la discusión pedagógica y colectiva que debemos dar primero. La forma de la nota,  conceptual o numérica, será el resultado natural de dicho debate.

No a los despidos ni a la venta de AySA. ¡El agua es un derecho humano!

Desde la Secretaría de Ambiente, Cambio climático y Transición justa, y en sintonía con diversas organizaciones socioambientales, asambleas, foros hídricos y trabajadorxs de AySA, la CTA T (Central de los Trabajadores Argentinos) denuncia y rechaza los DNU 493 y 494/2025 del gobierno de La Libertad Avanza (LLA), que alteran la Ley 26.221, que regulaba el servicio y que avanzan en la privatización del servicio público de agua y saneamiento.

Las medidas del Ejecutivo, sin necesidad ni urgencia alguna, no hacen otra cosa que repetir el modelo de las privatizaciones de los 90, eliminando el reconocimiento del agua como derecho humano y habilitando los cortes de suministro por falta de pago.

Además, como parte del ajuste brutal, el gobierno aplicó desde diciembre de 2023 aumentos tarifarios de más del 360%, el despido de más del 20% de la planta de trabajadores, el cierre de sedes y la suspensión de planes de expansión de la red de agua y cloacas. Todo ello acompañado de la reducción de controles de calidad, como los límites de nitratos establecidos por el Código Alimentario Nacional.

Por eso, exigimos:

 No a los despidos ni a la venta de AySA
 Apertura de las sedes de atención al público
 Finalización y ampliación de Obras
 No a los cortes de agua y cloacas
 No a la baja de controles de calidad.
 Sí a la gestión pública y comunitaria del agua.

Comunicado de la Misión Internacional de Derechos Humanos a Bolivia

(Ciudad Autónoma de Buenos Aires, martes 16 de junio de 2026)- Las y los 15 integrantes de la Misión queremos informar a la opinión pública que ingresamos a Bolivia el lunes 15 de junio de 2026 a través de Migraciones del Aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra. Allí declaramos, explícitamente, que viajábamos como Misión de Derechos Humanos, invitados por diputadas y diputados nacionales, senadoras y senadores, organismos de derechos humanos, sindicatos y organizaciones sociales de Bolivia. Ofrecimos copia de las cartas de invitación. Declaramos el itinerario del viaje, con fecha de llegada y con fecha de retorno a la Argentina. Dejamos en claro que nuestro hospedaje estaba a cargo de las organizaciones que nos invitaron. Migraciones de Santa Cruz de la Sierra aprobó nuestro ingreso y nos entregó las constancias impresas de dicha aprobación, donde figuraba el carácter de nuestra Misión. Fue por ese motivo que pudimos abordar el trasbordo hacia La Paz. Es decir que no había ninguna inconsistencia entre las condiciones declaradas para el ingreso al país y las actividades anunciadas: tanto es así que días antes entregamos una nota ante la Embajada de Bolivia en Argentina informando sobre nuestro viaje, sus fechas, sus objetivos, y solicitando una reunión con el propio gobierno de Bolivia.

Fuimos invitados formal y públicamente, por escrito, por un amplio arco de instituciones y organizaciones bolivianas, como puede acreditarse con la documentación que obra en nuestro poder. En el plano legislativo, nos convocaron diputadas, diputados, senadoras y senadores nacionales de la Asamblea Legislativa Plurinacional —entre ellas y ellos los senadores Richard Espada Ugarte, Judith Rosario García Coca, Ana María Crispin Choque y Nunny Gutiérrez Meneses, y las diputadas y diputados Sonia Siñani Callisaya, Margarita Mendoza, Claudia Ramírez Estévez, Helen P. Patiño Butrón, Víctor Maranza Mamani, Juana Chauca Chauca, Roberto Rodríguez Llanca, Diego Copa Ocampo, Hilton Hoenes, Milton Morales y Rodolfo García—, mediante notas oficiales fechadas el 3 y el 10 de junio de 2026. En el plano de los organismos de derechos humanos, fuimos convocados por la Liga Boliviana de Derechos Humanos, por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos Regional Provincias – La Paz (APDHRP-LP), por la Organización Domitila Barrios de Chungara (Nacional e Internacional) y por Profesionales por los Derechos Humanos contra la Represión Estatal (ProDHCre Bolivia). Y en el plano sindical y social, nos invitaron la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, afiliada a la CSUTCB y a la Central Obrera Boliviana (COB).

Por eso, no es cierto lo que afirma el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, publicado por el canciller Pablo Quirno, donde se afirma, sobre nuestra Misión, que “se habrían verificado inconsistencias entre las condiciones declaradas para el ingreso al país y las actividades anunciadas públicamente por la delegación, así como cuestiones vinculadas al cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación boliviana”. Le reclamamos al canciller Quirno que nos reciba para que podamos hacerle entrega de toda la documentación que sustenta lo que aquí afirmamos. Ya le habíamos enviado una notificación a la Cancillería informando que realizaríamos el viaje en estas fechas. Quirno debería dejar de hacer afirmaciones falsas en redes sociales, trabajar y aceptar tener una reunión como corresponde.

Lo que sí ocurrió, cuando arribamos a La Paz, es que nos retuvieron durante horas en el área de Migraciones. Retuvieron nuestros documentos. Pretendieron hacernos ingresar intempestivamente a una sala denominada “Sala Inadmitidos”. A esa sala llevaron por la fuerza a uno de los miembros de nuestra Misión, donde lo mantuvieron incomunicado: por nuestros reclamos finalmente fue liberado y retornó a la Argentina junto al conjunto de la delegación. Se negaron a esperar la llegada de los funcionarios del Consulado Argentino al Aeropuerto de La Paz, para que pudieran ejercer la representación consular que les corresponde ante vulneraciones a derechos de ciudadanos argentinos en territorio boliviano. Hicieron uso de la fuerza para hacernos subir a un avión de regreso a Santa Cruz de la Sierra, sin habernos entregado hasta ese momento nuestros documentos. Toda esta situación duró aproximadamente 7 horas. Ninguno de estos atropellos ameritó comentario de repudio por parte del canciller, que debería bregar por los derechos de los ciudadanos argentinos alrededor del mundo.

No estamos ante una decisión administrativa: estamos ante una decisión política. Las organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos de Bolivia advierten sobre el riesgo inminente de que se decrete el Estado de Sitio (“Estado de Excepción” de acuerdo con el ordenamiento jurídico boliviano). El 8 de junio el presidente Rodrigo Paz promulgó la Ley 1740 de regulación de los estados de excepción, que autoriza operativos conjuntos de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana para reprimir las protestas y habilita la intervención militar directa. Estamos, por lo tanto, frente a un gobierno que hoy mismo no respeta garantías constitucionales y que, según denuncian numerosas organizaciones populares de Bolivia, se prepara para declarar el Estado de Sitio y cometer una nueva masacre como en 2019 en Sacaba (Cochabamba) y en Senkata (El Alto, La Paz). Es decir, una ruptura del Estado de Derecho que puede terminar en un nuevo golpe o auto-golpe de Estado.

Ante esta situación, nuestra Misión continuará con su actividad. El gobierno de Rodrigo Paz, con la complicidad del gobierno argentino, impidió que realicemos nuestro trabajo de recabar denuncias y testimonios en Bolivia, pero nuestro objetivo lo logramos igual: porque nos apersonamos en Bolivia y pudimos verificar cómo el gobierno NO RESPETA LOS DERECHOS HUMANOS y prefiere IMPEDIR una Misión de Derechos Humanos antes que verse expuesto a que se escuchen las voces bolivianas que sufren la represión.

Elaboraremos un informe preliminar sistematizando todas las denuncias de violaciones a los derechos humanos que ya recibimos, que muestran la gravedad de la situación y que por sí solas justifican la existencia de la Misión. A modo provisorio, los datos disponibles son contundentes. El segundo informe preliminar de la propia Defensoría del Pueblo de Bolivia, difundido el 8 de junio de 2026, reconoce 10 personas fallecidas, 37 heridas, 365 arrestadas y 28 agresiones contra trabajadores de prensa en poco más de un mes. Entre las víctimas fatales verificadas oficialmente se cuenta un joven de 23 años muerto por un “traumatismo cervical penetrante por proyectil de arma de fuego” durante un operativo de desbloqueo (Infobae y La República, 29 de mayo de 2026). Las organizaciones que nos convocaron denuncian un cuadro aún más grave: la CSUTCB y la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba reportan al menos 8 personas asesinadas, más de 50 heridas y más de 300 detenidas y judicializadas, junto con la criminalización de la protesta, montajes judiciales, órdenes de aprehensión contra dirigentes sindicales, campesinos e indígenas, y secuestros perpetrados por grupos parapoliciales como la Unión Juvenil Cruceñista y la Unión Juvenil Cochala, que actúan armados y custodiados por la policía y las Fuerzas Armadas en los puntos de bloqueo. Nuestra propia delegación ya recibió denuncias de centenares de presos políticos, de torturas en los lugares de detención y de ausencia de asistencia médica a los heridos. Pondremos todo lo ocurrido con nuestra Misión en conocimiento de la CIDH y del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, adjuntando el informe preliminar que elaboraremos, y reclamando que de forma urgente ambos organismos internacionales se constituyan en Bolivia para evitar una masacre.

Mantendremos abierto el correo de la Misión (misionddhhbolivia2026@gmail.com) para recibir denuncias de violaciones a derechos humanos y hechos de violencia institucional; y difundiremos los informes que creamos pertinentes a través de la cuenta de X de la Misión (@ddhhbolivia26).

Acompañaremos la manifestación convocada para el próximo miércoles 17 de junio por parte de la Comunidad Boliviana residente en Argentina, cuyos familiares que residen en Bolivia reportan crecientes hechos de represión y persecución. Proponemos la realización de una audiencia en el Congreso de la Nación para informar al Poder Legislativo Nacional sobre lo ocurrido con nuestra Misión, y para poner en su conocimiento el informe preliminar que elaboraremos durante los próximos días.

Vamos a seguir bregando por el pleno respeto a los derechos a protestar y a expresarse del pueblo de Bolivia, recogiendo la preocupación de las organizaciones de derechos humanos, sindicales y sociales de dicho país que reclaman al mundo que se visibilice la situación.

No a la reforma jubilatoria

 

AGMER (Asociación Gremial del Magisterio de la provincia de Entre Ríos) expuso ante el Senado y demostró cómo y cuánto se empobrecerán las jubilaciones con la reforma que impulsa el gobierno.

Los argumentos centrales pueden leerse aquí y aquí.

Existe una crisis habitacional sin precedentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según datos de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público de la Defensa, entre diciembre de 2023 y los primeros meses de 2026 se ejecutaron 621 desalojos, lo que dejó a 4.482 personas -entre ellas 1.409 niños y adolescentes- en la calle

El viernes 19 de junio desde las 17 horas se desarrollará una movilización convocada desde la Coordinadora contra los Desalojos y por la Vivienda bautizada Marcha de las Escobas, desde Callao y Corrientes, hasta el emblemático Edificio del Plata llevando el reclamo contra la política de desalojos de Jorge Macri junto con la denuncia de los negociados con el suelo público.

La elección de una "Marcha de las escobas" tiene la intención de retomar el espíritu de la histórica rebelión de los inquilinos de 1907, aquel gran levantamiento donde miles de trabajadores y familias residentes en conventillos se organizaron contra los abusivos aumentos de los alquileres y las condiciones de hacinamiento.

La convocatoria está dirigida a trabajadores y trabajadoras de la danza, docentes, intérpretes, coreógrafos, investigadores, gestores culturales, productores, estudiantes, asociaciones y espacios culturales. Entre otros puntos, el proyecto propone el reconocimiento de las distintas actividades profesionales vinculadas a la danza independiente y la creación de un organismo específico destinado a promover, fomentar y desarrollar la actividad en todo el territorio nacional: el Instituto Nacional de la Danza (INDA)