Una represión brutal
A seguirla
un cuaderno de trabajo sobre cultura, educación, arte y sociedad
Una represión brutal
A seguirla
Pese a los distintos fallos de la Justicia y al último pronunciamiento, que declaró “inconstitucional el decreto que puso freno a la Ley de Financiamiento Universitario” y ordenó al Gobierno cumplir con lo establecido por la ley, el Gobierno nacional se mantiene en desacato.
No podemos seguir esperando mientras se hunde cada vez más nuestro poder adquisitivo. Tenemos que discutir una huelga hasta que el Gobierno efectivamente pague todas las deudas salariales que mantiene con las y los trabajadores universitarios.
Es necesario que la CONADU Histórica convoque de manera inmediata a un Congreso para debatir y resolver un plan de lucha a la altura de la gravedad de la situación.
Lo que NO dicen: los ajustes al Nomenclador son menores que la inflación real y NO cancelan las deudas que ahogan a prestadores y familias.
Se pretende eliminar los valores de referencia obligatorios, dejando a cada persona sola para negociar con obras sociales y prepagas.
Si una persona con discapacidad consigue trabajo formal, PIERDE su pensión. En lugar de incluir, se castiga el esfuerzo.
Se proyectan MENOS pensiones para el año que viene: 17% menos que antes.
El Congreso debiera estar definiendo de dónde salen los fondos y sabemos que hay, pero en cambio se avanza en desmantelar la Ley de Emergencia y reducir partidas.
Hay dinero. Lo que no hay es voluntad de destinarlo a quienes más lo necesitan. Mientras los pagos se demoran y los centros no pueden sostener sus puertas, el gobierno dice que "no hay". Pero los recursos existen: se elige a quién beneficiar y a quién abandonar.
No vamos a permitir que la discapacidad sea variable de ajuste. Seguimos en las calles, exigiendo:
*Actualización real y pago inmediato de todas las deudas a prestadores.
*Que el CUD siga siendo garantía de derechos.
*Que conseguir trabajo no signifique perder el sustento miserable de la pensión.
*Que la Ley de Emergencia se cumpla con recursos genuinos.
Las asociaciones que conforman el Espacio Audiovisual Nacional (EAN) reclaman la derogación de los artículos 214 y 215 de la Ley 27.802, que establecen que, a partir del 1.º de enero de 2028, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) dejará de contar con los mecanismos de financiamiento previstos por la Ley de Cine y dependerá exclusivamente de las partidas que se le asignen cada año en el Presupuesto Nacional. La iniciativa, que cuenta con la adhesión de numerosas instituciones y organizaciones del sector audiovisual, busca garantizar los recursos necesarios para sostener la producción cinematográfica argentina.
Durante décadas, el cine argentino construyó un reconocimiento internacional que trasciende fronteras. Sus películas, directoras y directores, guionistas, productores, técnicos, intérpretes y trabajadores de todas las áreas participaron y fueron distinguidos en los principales festivales y circuitos cinematográficos del mundo. Este patrimonio cultural y profesional es el resultado de una trayectoria colectiva que encontró en las políticas públicas de fomento una herramienta fundamental para desarrollar una cinematografía propia, diversa y plural.
Hoy, ese sistema se encuentra seriamente amenazado. Las sucesivas medidas de reducción, reestructuración y debilitamiento de las políticas de fomento cinematográfico ponen en riesgo la continuidad de la producción nacional y de toda la cadena de trabajo que la hace posible.
Frente a esta situación, las entidades nucleadas en el Espacio Audiovisual Nacional (EAN) solicitan al Gobierno argentino y a las autoridades competentes la derogación de los artículos 214 y 215 de la Ley 27.802.
El EAN advierte que este cambio pone en riesgo el financiamiento de la cinematografía argentina y reclama garantizar los recursos necesarios para sostener una actividad cultural y productiva estratégica.
La iniciativa cuenta con la adhesión de instituciones, organizaciones y referentes del sector audiovisual que reconocen la necesidad de sostener las condiciones que hacen posible la producción cinematográfica argentina.
El objetivo es defender no solo la continuidad de las películas y de los puestos de trabajo vinculados con su realización, sino también la capacidad de nuestra sociedad para contar sus propias historias, preservar su memoria, imaginar su futuro y mirar el mundo desde una perspectiva propia.
En esta misma línea de trabajo se inscriben los recientes encuentros impulsados por distintas organizaciones de la comunidad artística. Entre ellos, la convocatoria de la Fundación SAGAI en el Teatro Liceo, que reunió a representantes del teatro, el cine, la televisión y las plataformas para debatir sobre la crisis de la ficción nacional y avanzar en la construcción de consensos y propuestas. La necesidad de promover políticas públicas y privadas, así como marcos normativos capaces de acompañar los cambios tecnológicos y las nuevas formas de producción y consumo, formó parte de esa agenda compartida.
Desde el Espacio Audiovisual Nacional, el reclamo por la derogación de los artículos señalados constituye un paso concreto para defender el financiamiento de la cinematografía argentina y preservar una actividad que genera cultura, trabajo, identidad y desarrollo. Garantizar su continuidad es una responsabilidad que compromete al conjunto de la sociedad y requiere decisiones que permitan proyectar el futuro del cine argentino.
Consultar el texto oficial de la Ley 27.802.
Entidades que conforman el Espacio Audiovisual Nacional (EAN):
-APIMA - Asociación de Productores Independientes de Medios Audiovisuales.
-ARGENTORES - Sociedad General de Autores de la Argentina.
-CADICINE - Cámara Argentina de Distribuidores Independientes Cinematográficos.
-CAIC - Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica.
-CAPPA - Cámara Argentina de Productoras Pymes Audiovisuales.
-CDC - Colectivo de Cineastas.
-DAC - Directores Argentinos Cinematográficos.
-PCI - Asociación de Directores de Cine.
-RDI - Realizadores Integrales de Cine de Argentina.
También decidió pagarlo por complementaria y anunció su pago para el sábado 10 de octubre.
Apenas fueron visualizados los recibos en el sistema SAGE, se generaron numerosos reclamos por la disparidad en los montos exhibidos, que no correspondían con el salario de un trabajador/a.
Desde AGMER, expresamos:
* Que los salarios de los docentes, sumado al castigo de una política empobrecedora, no pueden además ser objeto de los errores de cálculo de Liquidaciones de la provincia y del Ministerio de Economía a cargo de Fabián Boleas.
Exigimos:
*Que las Complementarias empleadas para estos casos sean bien procesadas, cargadas y liquidadas de forma correcta; sin falsas expectativas y sin información inexacta, que solo agregan malestar a la ya dramática situación salarial que viven decenas de miles de docentes en toda la provincia.
Este descontento se expresó con contundencia en las asambleas escolares que llevó adelante nuestro sindicato en ocasión de rechazar lo ofrecido por el gobierno.
Rechazamos las amenazas del gobierno nacional de denunciar una legítima acción de protesta. Rechazamos asimismo las declaraciones del vicerrector de la UBA que repudió la acción estudiantil solidaria con nuestros reclamos.
Se trata de la ley que fue votada en cuatro oportunidades. Además cuenta con una sentencia judicial que intima al gobierno y cuyos plazos legales para su cumplimiento ya están vencidos.
Y se trata de un reclamo que venimos sosteniendo desde diciembre de 2023 a fuerza de paros, clases públicas y movilizaciones.
A días de la quinta marcha nacional universitaria llamamos a la docencia de la UBA a volver a convertir esta movilización es una acción masiva de protesta contra el gobierno de Milei que pretende liquidar las universidades y el sistema científico públicos. La marcha debe ser un nuevo punto de partida para un plan de lucha de paros hasta que nos paguen el 34% del salario y los 5 sueldos que nos adeudan desde 2023, hasta que incrementen las becas para el estudiantado, hasta que aumenten los fondos para el mantenimiento de las universidades de todo el país.
¡Que el gobierno cumpla con la ley.34% de aumento ya!