La Mesa Ejecutiva de la Federación Nacional de Docentes Universitarixs (CONADU), con el acuerdo de las y los secretarios generales de los distintos gremios, redactó un pronunciamiento frente a las situaciones de extrema violencia que se están repitiendo en distintas escuelas del país. Porque no es violencia escolar, es violencia gubernamental que también entra a las aulas.
Cuando se estigmatiza hablando de “chicos criminales” se oculta lo que realmente circula: odio y desprecio a la vida que se disemina por redes sociales, en discursos presidenciales y que pone a la escuela bajo fuego. La escuela no genera violencia: la recibe, la contiene y la padece junto con toda la comunidad educativa.
La vida se precariza afuera y adentro de las instituciones. Hay más adultos sin trabajo. Otros se ven obligados a buscar un segundo o tercer empleo para llegar a fin de mes, con menos tiempo para compartir con sus hijos e hijas, para escucharlos, para acompañarlos. Ese desgarro cotidiano produce padecimiento subjetivo en grandes y chicos. Se expresa en autolesiones, en intentos de suicidio y en suicidios que lamentablemente se concretan. Se expresa en el aumento del consumo problemático entre jóvenes y adultos. Se expresa en la violencia que estalla en las familias.
La política del Gobierno nacional obliga a que cada trabajador y trabajadora se arregle como pueda: que consiga más empleos, que negocie individualmente horarios, descansos y condiciones de vida. Esa lógica de ajuste y sálvese quien pueda es violencia. Y esa violencia gubernamental se reproduce en las escuelas. Se descarga sobre nuestros estudiantes y sobre quienes sostienen la tarea de educar.
Por eso afirmamos: no es violencia escolar. Es violencia gubernamental que atraviesa las instituciones y golpea a quienes las habitamos.
Y si la violencia es gubernamental, la respuesta debe ser política y colectiva.
Exigimos de manera urgente:
1. Más becas para garantizar la permanencia y el derecho a estudiar.
2. Más equipos de orientación escolar en todos los niveles.
3. Más tiempo institucional rentado para que los equipos docentes puedan reunirse, acordar criterios, escuchar y construir espacios que alojen el padecimiento subjetivo.
La salud mental es un derecho humano. Que el Estado garantice los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes es su obligación indelegable. Y eso se traduce en presupuesto educativo y en condiciones laborales dignas para docentes de jardines, escuelas primarias y secundarias de nuestras universidades nacionales.
