Mientras transcurría la tercera semana de paro (la segunda de carácter nacional) y en medio de las clases magistrales en una de las propiedades de Adorni, salió un nuevo fallo en favor de la aplicación de la Ley de financiamiento universitario por parte de la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Un fallo que fue posible también producto de las medidas de fuerza en reclamo de la aplicación de la ley y, consecuentemente, del presupuesto universitario y aumento salarial.
Esta semana –del 6 al 11 de abril– y con el inicio de clases del Ciclo Básico Común, continuamos con la medida de fuerza porque, aún cuando la justicia nos da la razón, el gobierno sigue sin aplicar la ley. Además, insiste con la presentación de una modificación a la ley que, como eje central, busca mantener los salarios a la baja.
El gobierno bate el parche con el equilibrio en las cuentas públicas como excusa para no aplicar una ley cuyo costo es previsible y no genera ningún desmán en materia fiscal. Recordemos que en el presupuesto 2026, el capítulo XI, dedicado a las universidades, se mantuvo. Lo hace en medio de un mar de denuncias de corrupción y posible enriquecimiento ilícito de funcionarios de alto rango, de descubrimientos sobre sus conexiones con el caso Libra, de créditos del Banco Nación con condiciones preferenciales otorgados a sus funcionarios.
Las presiones contra las medidas de fuerza no son pocas. Tanto desde el gobierno nacional, como de las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) –los rectores de las universidades nacionales– y de la UBA, aprovechan cada oportunidad para convocar a tener las aulas abiertas, aún a costo de nuestra propia salud y economía doméstica, en suma de nuestras condiciones de vida. Todos se preocupan por el éxodo docente, pero llaman a los trabajadores a no hacer olas. En ese mismo sentido, en la misma semana que festejabamos el fallo, la UBA amenazaba con descuentos a la docencia de los preuniversitarios. Todos en el mismo tren.
Para desactivar el reclamo, el gobierno nacional acaba de otorgar de manera unilateral un aumento del 6,7% (2,5 % en enero, 2,2% en febrero y 2% en marzo) y sus respectivos retroactivos. “Aumentos” por debajo de la inflación de esos respectivos meses –lo que acentúa la baja salarial–, y tan miserable que en el caso de quienes cobran garantía salarial, ni siquiera lo sintieron. Con ese insignificante aumento, el gobierno nacional debe al día de hoy a cada docente y no docente universitario un 48,8% , casi como si no hubiéramos cobrado 11 meses de trabajo. Por eso, la asamblea de AGD UBA (Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires) resolvió continuar con las medidas de fuerza, con paros y acciones, por un paro por tiempo indeterminado.
Porque seguimos defendiendo la Universidad y exigiendo la aplicación de la Ley de financiamiento universitario, coronamos la semana de lucha en la Plaza de Mayo, con clases públicas que se desarrollarán desde las 10 hs hasta las 17 horas junto a organismos de ciencia y tecnología y abiertas a toda la docencia y estudiantes que quieran participar.
