Un artículo publicado en el diario Clarín dio a conocer que el gobierno someterá a los ISFD a un proceso de "evaluación" para definir la validez de las carreras que se ofrecen, y que, sino cumplen con los estándares fijados, deberán cerrar. Este año, la prueba se realizará sobre 300 profesorados de todo el país, cuya continuidad, como vemos, pasa a peligrar.
Curiosamente, el autor de la nota se hace eco de los argumentos del oficialismo, afirmando que los ISFD serían un "´agujero negro´ que no logra formar a docentes capaces de revertir el deterioro de los aprendizajes" y que "hay pocos profesorados en áreas prioritarias -como ciencias duras o idiomas". A su vez, da a entender que habría demasiados institutos, enfatizando que "con más de 1.300 profesorados -unos 34 por cada millón de habitantes-, la Argentina está entre los países con más IFD por persona".
Por un lado, resulta pérfido adjudicarle a la formación docente la incapacidad de revertir el "deterioro de los aprendizajes" en las escuelas, cuando el gobierno se ocupa de destruir las condiciones de vida de las familias trabajadoras, con su política de despidos y miseria salarial, afectando enormemente las trayectorias educativas de los niños y adolescentes que habitan esos hogares. Ni qué decir sobre la eliminación de los fondos educativos nacionales y el ajuste sideral a las provincias, que los gobernadores trasladan sobre la infraestructura escolar y el salario docente.
Además, no es cierto que "sobran" profesorados; en todo caso, faltan cargos docentes porque los gobiernos recortan el presupuesto destinado a construir nuevas escuelas y aulas en función descomprimir los cursos superpoblados, no se implementan parejas pedagógicas y reina la sobrecarga laboral en la docencia porque la remuneración de un solo cargo no alcanza ni por asomo para llegar a fin de mes.
Por otra parte, es evidente que Milei no está preocupado por la calidad educativa de los ISFD, por el contrario, la motosierra que aplica perjudica las condiciones de cursada de quienes se forman en ellos y vuelve cada vez más complicado sostener los estudios. El artículo citado confiesa cuál es el verdadero objetivo de este sistema de acreditación, cuando señala que "en un contexto de fuerte ajuste en el sector educativo (cercano al 50% en el ámbito nacional, en los últimos dos años), desde el Gobierno buscan que las provincias -que administran los profesorados- también gasten menos".
A su vez, la iniciativa, a través del cierre de institutos, persigue la finalidad de despojar a la juventud de la clase trabajadora del derecho a acceder a la educación superior, condenándola a servir de mano de obra barata para las patronales. Por otro lado, bajo el pretexto de que "la oferta de carreras de los profesorados se ajuste a las necesidades del sistema escolar obligatorio", se avanzará en diseños curriculares con contenidos cada vez más devaluados -algo que ya está sucediendo- para adecuar la enseñanza en las escuelas a los dictámenes del mercado y no a la incorporación del conocimiento universal por parte de los estudiantes.
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