Milei, ¡cumplí la ley!

 

Leer la convocatoria completa de ADULP (Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Plata) aquí.

Ademys (Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior): el gobierno porteño quiere avanzar con el vaciamiento de la Educación Especial

El gobierno de Jorge Macri avanza en un profundo vaciamiento de la Educación Especial y hoy, cada vez más, ese ataque se profundiza bajo el discurso de la “inclusión educativa”. Un ataque que es a toda la Escuela Pública, degradando aceleradamente el proceso de enseñanza y aprendizaje y las condiciones laborales docentes.

En el caso de Educación Especial, desde hace años docentes, familias y comunidades educativas vienen denunciando el deterioro de las escuelas de la modalidad, la falta de recursos y el desmantelamiento progresivo de las instituciones.

Mientras el Gobierno de la Ciudad sostiene que busca promover una educación más inclusiva, en los hechos se aplica una política de ajuste.

Las escuelas de la ciudad se encuentran atravesadas por problemas estructurales gravísimos: edificios en mal estado, falta de aulas, superposición de jornadas, cursos y salas superpobladas, escasez de docentes y equipos interdisciplinarios, además de una ausencia constante de materiales y recursos específicos.

En el nivel inicial, por ejemplo, la falta de aulas obliga a docentes y estudiantes a permanecer durante largos períodos en patios y pasillos. En las escuelas de nivel primario, la matriculación de cada vez más estudiantes con discapacidad o con subjetividades comprometidas son incorporados a la propuesta educativa sin que existan las condiciones necesarias para acompañar sus trayectorias educativas singulares: ausencia de cargos suficientes, falta de maestres de apoyo a inclusión, inexistencia de equipos interdisciplinarios en las escuelas de nivel y la distribución de recursos pedagógicos adecuados.

En este contexto, el Gobierno porteño convocó a reuniones sobre “inclusión educativa” con una propuesta que profundiza el problema: eliminó las Mesas de Inclusión de cada distrito y las reemplazó por una Coordinación General de Educación Inclusiva dependiente del Ministerio. También, reorganizó los Equipos de Orientación Escolar (EOE), trasladó profesionales de las Escuelas Especiales a diversos distritos, quitándolos de las instituciones donde trabajaban e imponiendo traslados arbitrarios de lxs profesionales bajo la excusa de la ambigua definición de “zonas de injerencia”.

A su vez, los miembros de los equipos interdisciplinarios dejan de estar coordinados por las escuelas especiales y dependen de un equipo de supervisores (EDAI) perdiendo así la posibilidad del trabajo articulado entre escuelas de los diferentes niveles. En este planteo absurdo de educación inclusiva, se plantea que cada escuela tenga un referente de inclusión, pero todo esto sin tener en cuenta formación ni especificidad de base de cada profesional, sin crear nuevos cargos, sin ampliar planteles y, obviamente, sin incrementar el presupuesto. Sino que, por el contrario, el propio gobierno sostiene falsamente que “hay personal suficiente”.

Detrás de esta reorganización no hay una ampliación de derechos, sino una política de recorte. Se vacían las Escuelas Especiales de docentes y profesionales, mientras se amontona a niñas, niños y adolescentes en escuelas de nivel que tampoco cuentan con recursos. Se desconocen las singularidades de cada estudiante y se niega que, en muchos casos, la trayectoria adecuada requiere de una escuela de Educación Especial, con profesionales, dispositivos y estrategias específicas.

También se anuncian medidas que quedan únicamente en el discurso. El Gobierno habla de “agrupamientos flexibles”, “planificaciones diversificadas”, entrega de materiales tecnológicos y creación de “salas de la calma”. Sin embargo, las pocas instituciones que cuentan con espacios de regulación sensorial no tienen profesionales específicos ni condiciones adecuadas para sostenerlos. Mientras tanto, los estudiantes que necesitan esos apoyos siguen esperando y las escuelas continúan funcionando en condiciones cada vez más precarias.

La llamada “inclusión educativa” no puede ser una herramienta para justificar el ajuste. Una educación verdaderamente inclusiva requiere mayor presupuesto, creación de cargos, equipos interdisciplinarios, formación, infraestructura, recursos materiales y respeto por las necesidades de cada estudiante. La igualdad de oportunidades solo es posible si existen las herramientas y apoyos necesarios para garantizarla.

Por eso denunciamos que lo que hoy se impulsa no es inclusión: es vaciamiento, ajuste y pérdida de derechos. Con esta Resolución queda demostrado el enorme fracaso en las políticas de inclusión educativa y el éxito rotundo en las políticas educativas de ajuste, recorte y vaciamiento.

La concreción de la Resolución 860 no sólo no resolvió los problemas, sino que los agravó, confirmando lo que denunciamos desde un principio: que no es inclusión, es ajuste. Pero es necesario resaltar además que el gobierno del PRO cuenta con la complicidad de la UTE, y de TODOS los demás sindicatos que, todos ellos, avalaron esta reforma regresiva.

Solo desde Ademys denunciamos este ajuste y, desde su anuncio, hace casi un año, impulsamos un plan de acción y de lucha que empalmó con el rechazo de la enorme mayoría de la docencia de la modalidad, que se expresó por medio de una campaña de fotos, de pronunciamientos por escuela, de semaforazos simultáneos y coordinados entre muchísimas escuelas. Toda esa organización colectiva y manifestación de rechazo se catalizó en un enorme paro de la modalidad y en una concurrida movilización al Ministerio de Educación.

Esta destacada lucha, si bien no alcanzó para frenar la reforma, sí impidió que quitaran más profesionales de los equipos y también los traslados arbitrarios a distritos muy lejanos. Pero, sobre todo, dejó una enorme experiencia, demostrando que es posible organizarse por medio de un plan de acción y de lucha.

Las políticas de ajuste de la ciudad tienen su correlato a nivel Nacional en la cual nuestros estudiantes están siendo severamente perjudicados, violentados y olvidados al negarles sus terapias, medicamentos, traslados y otros derechos al no implementar la Ley de Emergencia en Discapacidad, que fue aprobada por el Congreso, luego vetada por el presidente Javier Milei y finalmente el veto rechazado por el propio Congreso, en un hecho histórico que no ocurría desde hace 22 años. Sin embargo, pese a estar vigente, el Gobierno Nacional continúa sin aplicarla ni garantizar su cumplimiento. Al mismo tiempo, impulsa modificaciones sobre una ley que ni siquiera está implementando y responde a los reclamos con ajuste, abandono y represión.

Cabe mencionar también el escándalo en la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad), que fue disuelta como ente autárquico y transformada en una Secretaría dentro del Ministerio de Salud en enero del 2026, generando un ajuste y una reducción estructural de casi la mitad de su funcionamiento de origen además de darle un enfoque sanitario vulnerando todos los derechos de las personas con discapacidad. El caso actualmente está con el procesamiento de Diego Spagnuolo (ex titular de la ANDIS) y otras 18 personas por la presunta red de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad en la cual también están involucradas Karina Milei (secretaria general de la presidencia) y a su Subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. Esta situación vuelve a exponer el abandono, la corrupción y el ajuste sobre las políticas destinadas a las personas con discapacidad. Mientras la justicia investiga compras de medicamentos con sobreprecios y contratos direccionados a determinadas droguerías a cambio de sobornos, el Colectivo Disca sigue reclamando la implementación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Repudiamos la represión contra el Colectivo Disca y contra quienes se organizan para defender la Educación Especial, la educación pública y los derechos de las personas con discapacidad.

Frente a todo este escenario reafirmamos la necesidad de organizarnos y continuar la lucha desde cada escuela y puestos de trabajo, promoviendo el intercambio colectivo y la continuidad de la pelea por la derogación de la Resolución 860 y por todas nuestras reivindicaciones.

Exigimos la implementación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el fin del ajuste en las políticas educativas, más presupuesto para educación y discapacidad, y la defensa irrestricta de una Educación Especial pública, con recursos, profesionales y condiciones dignas para todas y todos.

• Derogación de la Resolución 860 y BA Aprende
• Ampliación de los equipos interdisciplinarios de las escuelas de Educación Especial y del nivel medio
• Creación de cargos para inclusión
• Creación de equipos Interdisciplinarios para las escuelas de nivel (inicial, primaria)
• Construcción de Escuelas de Educación Especial
• Basta de imposiciones y traslados arbitrarios bajo la excusa de la zona de injerenci

¡NO ES INCLUSIÓN, ES AJUSTE!

COMISIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN ADEMYS

Ante la grave situación que atraviesan numerosos docentes porteños de los institutos de cultura dependientes de la Dgeart (Dirección General de Enseñanza Artística) en relación al incumplimiento en el pago de haberes correspondiente

 

Leer aquí el comunicado completo de la UTE (Unión de los Trabajadores de la Educación).

ADULP (Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Plata): marcha de antorchas

Nuestra organización sindical, como parte del Frente Gremial que conformamos con ATULP y la FULP, convoca a una MARCHA DE ANTORCHAS el jueves 23 de abril.

Partiremos a las 17 desde el edificio de Presidencia de la UNLP -7 e/ 47 y 48- y habrá un cierre musical en la Escuela Anexa.

A dos años de la multitudinaria jornada que marcó un antes y un después en la defensa de la Universidad Pública, redoblamos la organización y la unidad del movimiento estudiantil, docente y nodocente.

Camino a la cuarta Marcha Federal: ¡La ley no se toca, se cumple!

Fortaleciendo la unidad docente en el sur de la Argentina

El martes 14 de abril participamos en la asamblea de ATEN (Asociación de los Trabajadores de la Educación de la provincia de Neuquén), Capital, en la ciudad de Neuquén, con la presencia de nuestra Secretaria General Laura Ortiz López.

Esta participación se enmarca en la decisión política de la conducción de este sindicato de fortalecer los lazos de articulación regional, apostando a la construcción de unidad entre las organizaciones docentes como herramienta indispensable para enfrentar el ajuste y la precarización que atraviesa al sistema educativo.

Entendemos que la situación actual exige redoblar esfuerzos en la coordinación de acciones, la solidaridad activa y la construcción de una agenda común que permita visibilizar con mayor fuerza la lucha docente en toda la región.

Desde UNTER (Unión de los Trabajadores de la Educación de la provincia de Río Negro) CDC reafirmamos nuestro compromiso con la unidad, fortalecer la organización y la defensa irrestricta de la escuela pública y los derechos de lxs trabajadorxs de la educación.

UnTER (Unión de los Trabajadores de la Educación de la provincia de Neuquén) votó en su congreso una huelga de dos días

 

Leer el comunicado completo aquí.

Los docentes universitarios y una semana de huelga

El tiempo pasa y el gobierno nacional sigue sin atender el reclamo de las universidades que desde hace años vienen alertando sobre la crítica situación que atraviesan. Ya son 173 los días de incumplimiento de la Ley de Financiamiento, aprobada por el Congreso de la Nación tras el veto del presidente Javier Milei que la suspendió instantáneamente después de promulgarla. En este contexto, la lucha de los docentes, rectores y estudiantes sigue exigiendo por el aumento salarial y presupuestario que les corresponde según la Ley.

Desde AGD-UBA anunciaron una nueva semana de paro, tal como vienen realizando desde que comenzó el ciclo lectivo 2026. En este marco, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) realizará una jornada nacional de 24 horas con actividades bajo la consigna “Las universidades no se apagan”.

Las acciones en defensa de la educación pública se replican cada semana, sorprendiendo por su creatividad y convocatoria. A las clases públicas en uno de los departamentos del jefe de Gabinete Manuel Adorni y a las multitudinarias en Plaza de Mayo el pasado viernes, se le suma una nueva iniciativa. Esta vez, el (CIN) comenzará el miércoles 16 a las 8 una jornada con actividades en todas las universidades del país que se extenderá durante 24 horas seguidas. “Es una especie de medida de protesta a la japonesa. Lo que queremos es mostrar el potencial de la universidad pública que crea, proyecta, construye y que le aporta mucho a la nación”, anticipa el presidente del CIN, Franco Bartolacci.

La jornada comenzará con el desarrollo normal de las clases en cada institución y, una vez que terminen por la tarde, se continuará con una planificación específica de actividades que incluyen ferias del libro y de ciencias, muestras de proyectos, clases públicas y sesiones de los consejos superiores hasta llegar a las 8 horas del martes 16, momento en el que en la Ciudad de Buenos Aires tendrá lugar el acto central con una clase pública. “Esta jornada pondrá en evidencia todo lo bueno que sucede en la universidad y por qué es importante cuidarla entre todos”, enfatizó Bartolacci.

Apegados a su plan de lucha, desde la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA fueron tajantes: el paro continúa hasta que el Gobierno aplique efectivamente la Ley de Financiamiento Universitario. “No podemos seguir corriendo para llegar a fin de mes, no podemos más. El paro es la respuesta”, enfatizaron desde el gremio y aseguraron que desde diciembre del 2023, los docentes perdieron un tercio de su sueldo. Por esa razón, anunciaron la continuidad de la medida de huelga durante la próxima semana, desde el lunes 13 al sábado 18 de abril. “Para recuperar esa caída, los salarios deberían aumentar un 50%, eso dice la ley que el gobierno incumple”, agregaron.

“Para desinflar el reclamo, el gobierno dictó un aumento unilateral del 6,7%: 2,5 % en enero, 2,2% en febrero y 2% en marzo. Por debajo de la inflación de cada uno de esos meses. Incluso, por debajo del IPC de CABA que acaba de marcar un 3%. El aumento fue tan bajo que quienes cobran la garantía salarial ni siquiera lo percibieron”, explicaron desde AGD-UBA.

En AGD justifican la medida de huelga explicando que “el paro no es el que afecta el normal funcionamiento de las clases”, sino que las mismas “ya estaban afectadas desde el momento en que un docente tuvo que manejar un Uber o pedalear al ritmo de una aplicación de pedidos de comida para llegar a fin de mes. O quienes corren todo el día de acá para allá a causa del pluriempleo”, profundizaron. Según la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), casi 10 mil docentes renunciaron a sus puestos desde la asunción de Milei.

El proyecto de financiamiento aprobado el año pasado por el Congreso recibió hace unos días el visto bueno de la Justicia, que ratificó su vigencia e instó al gobierno a aplicar inmediatamente la ley. En un fallo que considera “poco serio” al argumento del gobierno nacional -había suspendido la ley alegando que el texto no indicaba el origen de los fondos para hacerla efectiva-, los jueces de la Cámara Contencioso Administrativo Federal enfatizaron particularmente en el cumplimiento de los artículos 5 y 6, los cuales se refieren a la actualización de los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas.

En febrero, el poder ejecutivo envió un nuevo proyecto de financiamiento al Congreso para reemplazar el aprobado anteriormente bajo la excusa de “armonizar las necesidades de financiamiento de las Universidades Nacionales” con “las reales posibilidades de financiamiento” del Presupuesto 2026. La iniciativa libertaria, que se encuentra pendiente de tratamiento, plantea aumentos salariales escalonados del 4,1% en 3 tramos hasta septiembre, elimina la recomposición de 2023-2024 y quita la garantía de actualización según la inflación del INDEC.

Desde el CIN se muestran firmes y rechazan la nueva propuesta del gobierno. “Exigimos el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario original, que fue aprobada por el Congreso de la Nación, y que hoy tiene un una medida judicial que obliga al poder ejecutivo a aplicar de manera inmediata los artículos cinco y seis que estaban contenidos en la cautelar”, sostuvo su presidente, Bartolacci y sentenció: “Debe haber pocas leyes en la historia institucional del país con tanta legitimidad, debatida en innumerable cantidad de veces, sostenida con mayorías agravadas y ahora con disposición de la justicia respecto a la necesidad de de su cumplimiento”, expresó.

Informe de Thiago Buglione publicado por el diario Página 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, domingo 12 de abril de 2026.