Mientras sigue sin cumplir con la Ley de financiamiento universitario y pese a la resolución del juez Cormick de mantener la cautelar, el gobierno monta una farsa que pretende hacer pasar por paritaria. Todo esto en la misma jornada en que el transporte aumenta un 4,1%. Una verdadera tomada de pelo.
En la reunión realizada hoy ofreció un 3% de aumento en septiembre (para cobrar en octubre), que lógicamente fue rechazado por todas las federaciones.
Repudiemos este nuevo agravio a los trabajadores de la Universidad.
Aumento ya del 31,2%.
AGD UBA (Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires)
La presencia y actuación de una fuerza policial en las inmediaciones de una escuela no puede naturalizarse cuando implica prácticas de registro, identificación o seguimiento de integrantes de la comunidad educativa. Mucho menos cuando se trata de infancias sujetos de especial protección jurídica.
No es una simple fotografía: es un dato personal
El derecho a la propia imagen no constituye una cuestión meramente estética ni un asunto privado de menor relevancia. La imagen de una persona permite identificarla y, por lo tanto, constituye un dato personal.
El propio Gobierno de la Ciudad reconoce que la imagen de niñas, niños y adolescentes es un dato personal y señala que su utilización requiere consentimiento informado, con conocimiento de la finalidad, duración y gestión de esa imagen. También establece que para fotografiar o filmar estudiantes en instituciones educativas se requiere autorización de sus responsables.
El Código Civil y Comercial de la Nación, en sus artículos 51, 52 y 53, reconoce la inviolabilidad de la persona humana, protege su dignidad, intimidad e imagen y establece, como principio general, la necesidad de consentimiento para captar o reproducir la imagen de una persona.
Pero cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes, la protección es todavía mayor.
La Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 22, establece expresamente el derecho a ser respetados en su dignidad, reputación y propia imagen, y prohíbe aquellas exposiciones que constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad familiar.
Por eso, desde UTE consideramos indispensable conocer:
No alcanza con invocar genéricamente razones de seguridad. Toda intervención estatal debe estar fundada en una norma, responder a una finalidad legítima y respetar los principios de necesidad, razonabilidad, proporcionalidad y protección integral de derechos.
La escuela es un espacio de cuidado, no de inteligencia ni vigilancia
La escuela pública es un espacio de construcción de ciudadanía, encuentro, enseñanza y cuidado. Allí las niñas, los niños y adolescentes deben poder ingresar y salir sin sentirse observados, registrados o potencialmente identificados por fuerzas de seguridad.
Porque la escuela pública debe ser un territorio de derechos, libertad y cuidado.
Y porque desde UTE vamos a defenderla.
No hay educación seria y digna sin el debido presupuesto.
ADOSAC (Asociación de los Docentes Santacruceños), seccional Pico Truncado
No podemos olvidar que La Libertad Avanza ha sido el impulsor del desfinanciamiento de la obra pública educativa y del cierre y la suspensión de 17 programas nacionales en todo el país, mientras el Presupuesto 2026 presentado por su propio gobierno en el Congreso de la Nación profundizó el ajuste en Educación, Ciencia y Tecnología, derogando partidas históricas e incluso eliminando el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional.
Desde diciembre de 2023, el Gobierno de Javier Milei lleva adelante un proceso de ajuste en la Educación Pública: no se limitó el recorte a los salarios, sino que alcanzó infraestructura, becas, conectividad, formación docente y políticas socieducativas.
Los programas educativos nacionales —sin contar universidades— registraron una caída real del 75,1% entre 2023 y 2025. Al mismo tiempo, la inversión educativa nacional pasó de representar aproximadamente 1,48% del PBI en 2023 a 0,75% en 2026, prácticamente la mitad.
A esto se suma una modificación que en el Presupuesto 2026, el Gobierno Nacional eliminó el piso legal que establecía que la inversión consolidada en educación no podía ser inferior al 6% del PBI y derogó el mecanismo específico de financiamiento de la educación técnico profesional lo que implicó un ajuste y recorte del 93% a las escuelas técnicas y agrotécnicas.
La eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), por parte del Gobierno Nacional, tuvo un gran impacto en los ya bajos salarios de la docencia. Al momento de su quita, el FONID representaba una pérdida directa en mano de entre $28.700 por cargo, lo que significaba una quita real del 7% al 20% del haber neto según la escala salarial provincial.
Este monto actualizado en consonancia con la inflación acumulada entre 2024 y 2026 representa hoy un desfase equivalente a más de $100.000 a $130.000 por cargo docente.
A esta medida se sumó la quita de los fondos compensadores salariales y el recorte masivo en programas de formación docente. Las partidas destinadas al fortalecimiento de los profesorados (INFoD) sufrieron caídas superiores al 75%, dejando sin financiamiento las capacitaciones gratuitas, los postítulos y el apoyo institucional en todo el territorio nacional.
El ajuste nacional se tradujo rápidamente en un deterioro de la cotidianeidad en las aulas, repercutiendo en nuestras estudiantes.
La reducción de recursos nacionales afecta directamente la capacidad de construir, ampliar, refaccionar y equipar establecimientos educativos. El financiamiento destinado a infraestructura y equipamiento escolar registró una caída real cercana al 89% respecto de 2023, mientras que el programa de fortalecimiento edilicio de jardines de infantes sufrió una reducción cercana al 90%.
El ajuste también alcanzó de lleno a las políticas de inclusión digital, privando a miles de niñas, niños y adolescentes de la posibilidad de acceder a un bien tecnológico indispensable para su aprendizaje y desarrollo. El desmantelamiento de Conectar Igualdad interrumpió la entrega de equipamiento y el soporte en las escuelas, al tiempo que en el Presupuesto 2025 se eliminaron programas clave para la equidad como Mejoramiento de la Calidad Educativa, Fortalecimiento Territorial y Acompañamiento de Organizaciones Educativas.
El impacto alcanza especialmente a estudiantes y escuelas que dependían de políticas nacionales para acceder a computadoras, conectividad, recursos pedagógicos y acompañamiento institucional.
Por otro lado, la cantidad de beneficiarios de Becas Progresar pasó de 1.860.871 en 2023 a 953.169 en 2025, prácticamente la mitad. En paralelo, las becas y transferencias estudiantiles acumularon una caída real cercana al 76,6% entre 2023 y 2026.El deterioro de estas políticas adquiere mayor relevancia en un contexto de pérdida del poder adquisitivo de los hogares, porque las becas y ayudas destinadas a estudiantes permiten afrontar gastos de transporte, materiales, conectividad y otros costos asociados a la permanencia en el sistema educativo.
En mayo de 2026 hubo un nuevo recorte de aproximadamente $78.768 millones sobre partidas de la Secretaría de Educación. Entre los recursos afectados se encuentran partidas destinadas a infraestructura, becas, alfabetización, compensación salarial docente y políticas socioeducativas.
Declarar a la educación como “servicio esencial” mientras se desfinancia la educación pública es una contradicción que no podemos aceptar. No se puede hablar de garantizar el derecho a la educación mientras se eliminan los recursos que permiten sostenerla. No hay servicio esencial posible sin salarios dignos, instituciones en condiciones, infraestructura, conectividad, becas, formación docente y políticas socioeducativas.
Por eso, si Graciania, Selzer, Pauli y Rodríguez quieren discutir la esencialidad de la educación, primero deberían explicar qué hicieron frente al desfinanciamiento educativo impulsado por su propio espacio político. Que empiecen por reclamar al Gobierno nacional la restitución de los 17 programas educativos, del FONID, de los fondos para infraestructura, de la educación técnica y de las políticas de formación docente.
Porque la educación pública no se defiende declarando esencial un servicio mientras se lo desfinancia. Se defiende garantizando los recursos necesarios para que todos los días haya escuelas abiertas, docentes trabajando y estudiantes aprendiendo.
Para ello, esta semana llevaremos adelante carpas por la Universidad Pública, frente al Palacio Pizzurno y en todo el país, junto a nuestra Federación, la CONADU, y todas las Asociaciones de Base que la componen. Por la aplicación de la Ley, la reapertura de paritarias, la recuperación de nuestro salario y más presupuesto para la Universidad, la Ciencia y la Tecnología.
