No hay educación seria y digna sin el debido presupuesto.
ADOSAC (Asociación de los Docentes Santacruceños), seccional Pico Truncado
No podemos olvidar que La Libertad Avanza ha sido el impulsor del desfinanciamiento de la obra pública educativa y del cierre y la suspensión de 17 programas nacionales en todo el país, mientras el Presupuesto 2026 presentado por su propio gobierno en el Congreso de la Nación profundizó el ajuste en Educación, Ciencia y Tecnología, derogando partidas históricas e incluso eliminando el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional.
Desde diciembre de 2023, el Gobierno de Javier Milei lleva adelante un proceso de ajuste en la Educación Pública: no se limitó el recorte a los salarios, sino que alcanzó infraestructura, becas, conectividad, formación docente y políticas socieducativas.
Los programas educativos nacionales —sin contar universidades— registraron una caída real del 75,1% entre 2023 y 2025. Al mismo tiempo, la inversión educativa nacional pasó de representar aproximadamente 1,48% del PBI en 2023 a 0,75% en 2026, prácticamente la mitad.
A esto se suma una modificación que en el Presupuesto 2026, el Gobierno Nacional eliminó el piso legal que establecía que la inversión consolidada en educación no podía ser inferior al 6% del PBI y derogó el mecanismo específico de financiamiento de la educación técnico profesional lo que implicó un ajuste y recorte del 93% a las escuelas técnicas y agrotécnicas.
La eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), por parte del Gobierno Nacional, tuvo un gran impacto en los ya bajos salarios de la docencia. Al momento de su quita, el FONID representaba una pérdida directa en mano de entre $28.700 por cargo, lo que significaba una quita real del 7% al 20% del haber neto según la escala salarial provincial.
Este monto actualizado en consonancia con la inflación acumulada entre 2024 y 2026 representa hoy un desfase equivalente a más de $100.000 a $130.000 por cargo docente.
A esta medida se sumó la quita de los fondos compensadores salariales y el recorte masivo en programas de formación docente. Las partidas destinadas al fortalecimiento de los profesorados (INFoD) sufrieron caídas superiores al 75%, dejando sin financiamiento las capacitaciones gratuitas, los postítulos y el apoyo institucional en todo el territorio nacional.
El ajuste nacional se tradujo rápidamente en un deterioro de la cotidianeidad en las aulas, repercutiendo en nuestras estudiantes.
La reducción de recursos nacionales afecta directamente la capacidad de construir, ampliar, refaccionar y equipar establecimientos educativos. El financiamiento destinado a infraestructura y equipamiento escolar registró una caída real cercana al 89% respecto de 2023, mientras que el programa de fortalecimiento edilicio de jardines de infantes sufrió una reducción cercana al 90%.
El ajuste también alcanzó de lleno a las políticas de inclusión digital, privando a miles de niñas, niños y adolescentes de la posibilidad de acceder a un bien tecnológico indispensable para su aprendizaje y desarrollo. El desmantelamiento de Conectar Igualdad interrumpió la entrega de equipamiento y el soporte en las escuelas, al tiempo que en el Presupuesto 2025 se eliminaron programas clave para la equidad como Mejoramiento de la Calidad Educativa, Fortalecimiento Territorial y Acompañamiento de Organizaciones Educativas.
El impacto alcanza especialmente a estudiantes y escuelas que dependían de políticas nacionales para acceder a computadoras, conectividad, recursos pedagógicos y acompañamiento institucional.
Por otro lado, la cantidad de beneficiarios de Becas Progresar pasó de 1.860.871 en 2023 a 953.169 en 2025, prácticamente la mitad. En paralelo, las becas y transferencias estudiantiles acumularon una caída real cercana al 76,6% entre 2023 y 2026.El deterioro de estas políticas adquiere mayor relevancia en un contexto de pérdida del poder adquisitivo de los hogares, porque las becas y ayudas destinadas a estudiantes permiten afrontar gastos de transporte, materiales, conectividad y otros costos asociados a la permanencia en el sistema educativo.
En mayo de 2026 hubo un nuevo recorte de aproximadamente $78.768 millones sobre partidas de la Secretaría de Educación. Entre los recursos afectados se encuentran partidas destinadas a infraestructura, becas, alfabetización, compensación salarial docente y políticas socioeducativas.
Declarar a la educación como “servicio esencial” mientras se desfinancia la educación pública es una contradicción que no podemos aceptar. No se puede hablar de garantizar el derecho a la educación mientras se eliminan los recursos que permiten sostenerla. No hay servicio esencial posible sin salarios dignos, instituciones en condiciones, infraestructura, conectividad, becas, formación docente y políticas socioeducativas.
Por eso, si Graciania, Selzer, Pauli y Rodríguez quieren discutir la esencialidad de la educación, primero deberían explicar qué hicieron frente al desfinanciamiento educativo impulsado por su propio espacio político. Que empiecen por reclamar al Gobierno nacional la restitución de los 17 programas educativos, del FONID, de los fondos para infraestructura, de la educación técnica y de las políticas de formación docente.
Porque la educación pública no se defiende declarando esencial un servicio mientras se lo desfinancia. Se defiende garantizando los recursos necesarios para que todos los días haya escuelas abiertas, docentes trabajando y estudiantes aprendiendo.
Para ello, esta semana llevaremos adelante carpas por la Universidad Pública, frente al Palacio Pizzurno y en todo el país, junto a nuestra Federación, la CONADU, y todas las Asociaciones de Base que la componen. Por la aplicación de la Ley, la reapertura de paritarias, la recuperación de nuestro salario y más presupuesto para la Universidad, la Ciencia y la Tecnología.
Impulsamos esta Jornada de Formación como un espacio de encuentro, análisis y debate, que combine conferencias magistrales con talleres participativos.
Las inscripciones serán a través del link https://forms.gle/ixogvRBZ4R9W6Dy7A y ya se encuentra disponible la primera circular con los fundamentos y los principales ejes del Foro: https://shorturl.at/fzuZZ
También se volvío a expresar el acompañamiento y la exigencia de reincorporación inmediata de las cuatro compañeras del IFDC, instituo de formación docente, arbitrariamente separadas de sus lugares de trabajo y sometidas a procesos sumariales. ¡No naturalizamos la arbitrariedad ni el disciplinamiento!
Cada encuentro fortalece una concepción de sindicato presente en las escuelas, que escucha, debate, organiza y construye respuestas colectivas. Un sindicato donde lxs delegadxs son protagonistas y acercan las necesidades de cada lugar de trabajo a la organización sindical.
UNTER (Unión de los Trabajadores de la Educación de la provincia de Río Negro)
A esta lista se le agrega una nueva por parte de un provocador serial, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien definió el paro en la UBA como “ilegal”, porque lo habría propuesto “un grupo de gente que no tiene personería”, “una agrupación”, cuya “única motivación es política”. El ataque a la Asociación Gremial Docente, un sindicato inscripto legalmente, con más de cinco mil afiliados y con un reconocimiento en 12 de las trece unidades académicas donde contamos con comisiones directivas, que además forma parte de la Conadu Histórica, es un vulgar ataque a la organización sindical independiente y combativa de la docencia pre y universitaria de la UBA.
Mientras no haya solución a nuestro reclamo, habrá paro. Legal y legítimo por la fuerza de la docencia de nuestra universidad y del conjunto de las universidades nacionales.
AGD-UBA (Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires)
