El proyecto de presupuesto 2027 condena a las escuelas argentinas a la ruina

 

AGMER (Asociación Gremial del Magisterio de la provincia de Entre Ríos) denunció un empobrecimiento planificado de las y los trabajadores

La Comisión Directiva Central de AGMER realizó una conferencia de prensa este jueves, en la sede de la Seccional Colón, en el marco del paro provincial docente que hoy cumple su segunda jornada. “Tenemos una palabra fundamental: unidad, para enfrentar este tremendo embate de políticas neoliberales que hoy tienen nombre propio: Rogelio Frigerio y Javier Milei”. De esa forma, el secretario general de AGMER, Abel Antivero, se refirió  al plan de lucha que lleva adelante el sindicato desde principio de año, bajo la conducción provincial representada por el frente agrupacional Marcha Blanca.

Antivero lamentó que “por cuarta vez se vio afectada la paritaria salarial, demostrando claramente que el gobierno no tiene intención recomponer el salario ni de buscar una solución” y volvió a solicitar que de ese ámbito participe el ministro de economía Fabián Boleas. “Los paritarios del gobierno llevan números que les cuesta explicar y que contradicen lo que en otros ámbitos de la economía concentrada expresa el ministro: que hay un ordenamiento de las cuentas”.

Consideró que hay “una planificación del empobrecimiento  de los trabajadores del Estado y de los docentes”, que se manifiesta junto a la falta de inversión y el recorte del presupuesto educativo. “El presupuesto 2026 ha impactado terriblemente  y de cara a 2027 nos vamos a encontrar con un escenario mucho peor”.

Salarios de supervivencia 

La secretaria Gremial de AGMER, Susana Cogno, resaltó que en este momento “la cuestión salarial es fundamental”. Y puso la realidad en números: “Tenemos una pérdida salarial este año que está rondando el 15 por ciento, pero si sumamos desde el 2023 la pérdida está por encima del 30%”. Está claro, dijo, “que el decreto que va a firmar el gobernador recomponiendo el 3,5% y un salario inicial de 910.000 pesos no alcanza”.

Cogno enumeró otras situaciones que precarizan el trabajo, y la vida, de las y los docentes, como enfermedades, salud mental precarizada, altos índices de endeudamiento, sobrecarga laboral y pluriempleo. “Nuestros compañeros tienen que recurrir a doble o triple cargo para poder sumar una moneda y garantizar lo sustentable de la vida. Porque hoy nuestro salario es para garantizar la supervivencia. Es uno de los salarios más bajos de la Argentina”.

“El plan de lucha que estamos llevando adelante está garantizado en condiciones objetivas: salarios que no alcanzan”, expresó la Secretaria Gremial, y responsabilizó al Gobierno por el conflicto educativo. “Tenemos un vasto porcentaje de la docencia que está por debajo de la línea de pobreza. Los trabajadores asalariados nos hemos empobrecido. Y la discusión de salario tiene que ver con esto, con recuperar nuestras condiciones de vida. El salario que nos corresponde es el que nos permita el buen vivir. El que nos permita garantizar condiciones de vida, la función alimentaria para la supervivencia, que nuestros hijos puedan ir a la escuela y a la universidad, que también está fuertemente atacada”.

Descuentos y endeudamiento

Por su parte, la secretaria adjunta, Lía Fimpel, se refirió a los descuentos que sufrieron las y los docentes adheridos a las medidas de fuerza. “Ayer vimos, con mucho enojo, los recibos de sueldo, que este mes han sido mayores porque hubo tres días de paro. Los docentes están afrontando la decisión del gobierno provincial de descontar cada uno de los días de legítimo derecho a huelga. Pese a esto, la docencia decide seguir parando”, expresó.  Y sostuvo: “Nuestro trabajo es esencialmente presencial en las aulas, con los gurises. Cuando uno llega a esta instancia es porque no hay otra alternativa”

Fimpel comentó que han presentado en paritaria estudios y relevamiento sobre pluriempleo, endeudamiento, entre otras situaciones que afectan a la docencia, y lamentó: “El gobierno responde con líneas de crédito, refinanciamiento de deuda, educación financiera, como si la culpa de endeudarse fuera de los trabajadores”.  Finalmente, afirmó: “Sostenemos la medida de fuerza porque así se decidió en asambleas  y congreso”.

Al finalizar la conferencia, la conducción de AGMER recordó que, además del paro que hoy cumple su segunda jornada, AGMER viene realizando otros cientos de acciones, como el acampe contra la reforma jubilatoria, la Escuela Itinerante entrerriana y jornadas de formación, de debate, charlas con estudiantes. En esa línea, convocaron a acompañar este viernes la presencia de la Escuela Itinerante en Concepción del Uruguay, el tercer territorio del recorrido que comenzó el 16 de septiembre en Paraná.

El gobierno de Javier Milei cada vez destina un menor presupuesto para la educación

 

Referentes sindicales de Santa Cruz denuncian la penalización de la protesta tras la citación judicial a una docente

La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) emitió un comunicado para repudiar lo que definen como una criminalización de la protesta social, a raíz de la citación a declaración indagatoria de la docente y afiliada Adriana Mancilla. La medida judicial responde a una denuncia iniciada por el ex titular de la Caja de Servicios Sociales, Sergio Pérez Soruco, tras un reclamo público encabezado por diversos gremios provinciales frente al organismo.

En diálogo con el programa La Bisagra de Tiempo FM, el referente gremial Juan Manuel Valentín explicó que la movilización en cuestión congregó a dirigentes y trabajadores de ADOSAC, SOEM, Judiciales y ATE con el objetivo de exigir la restitución del vademécum de cobertura médica que había sido recortado. Valentín cuestionó que el exfuncionario considerara los cánticos de la protesta como un agravio mayor que la quita de medicamentos a los empleados estatales, señalando que cualquier persona que asume una función pública debe admitir las expresiones de disconformidad ciudadana y respetar la libertad de expresión.

El Frente Sindical Santacruceño se pronuncia contra la persecución que sufre Adriana Mansilla

 

Repudio al protocolo y defensa de una escuela con derechos

Desde UTE (Unión de los Trabajadores de la Educación) rechazamos y repudiamos el nuevo protocolo de actuación ante hechos de posible relevancia penal en las escuelas. Su implementación profundiza una política de control y vigilancia sobre las adolescencias y juventudes, en lugar de fortalecer políticas de cuidado, prevención y acompañamiento.

Rechazamos que las escuelas se conviertan en puertas de entrada al sistema penal y advertimos sobre el riesgo de estigmatización y criminalización de niñas, niños y adolescentes. También rechazamos las iniciativas destinadas a reducir la edad de responsabilidad penal a los 14 años, por avanzar contra los derechos de las adolescencias y la Convención sobre los Derechos del Niño.

Las situaciones de violencia y delito requieren respuestas estatales integrales. La prevención exige fortalecer las políticas sociales, educativas y comunitarias y garantizar derechos, especialmente en los territorios donde las desigualdades son mayores.

Señalamos la responsabilidad política de Jorge Macri y Mercedes Miguel por impulsar políticas que avanzan sobre los derechos de las comunidades educativas. El Gobierno de la Ciudad debe asumir su responsabilidad frente a las desigualdades y violencias que atraviesan los barrios populares y garantizar políticas de inclusión, educación, salud, vivienda y trabajo.

Exigimos que el Ministerio de Educación garantice equipos, formación y recursos para abordar los conflictos y las situaciones de violencia sin convertir a las escuelas en vías de ingreso al sistema penal.

La escuela no puede ser una extensión de la comisaría. Frente a las violencias necesitamos más educación, inclusión, acompañamiento y derechos.

Con las adolescencias y las juventudes, siempre del lado de los derechos.

La escuela es territorio de cuidado, educación y libertad.

No de estigmatización, persecución ni respuestas punitivas.

La Marcha del Orgullo no se suspende ni posterga: a las calles contra la ultraderecha y el ajuste

Desde Ademys (Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior) nos declaramos en estado de alerta y repudiamos el intento del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, de dilatar, reubicar o invisibilizar la tradicional Marcha del Orgullo al desautorizar cualquier acto público entre el 6 y el 13 de noviembre. Esta pretensión de suspender la movilización, bajo la excusa de la agenda y el operativo oficial por la visita del Papa, constituye un claro intento de censura que busca acallar nuestras voces en la Ciudad de Buenos Aires.

Los supuestos problemas de “logística” y “seguridad” resultan poco creíbles viniendo de Jorge Macri, quien organiza operativos descomunales en los accesos a la Ciudad y en los barrios populares, colabora con la represión de las fuerzas federales en las protestas y ejecuta desalojos violentos sistemáticos que dejan a familias en la calle, además de violentar a los vendedores ambulantes. Es evidente, entonces, que detrás de los aparentes “problemas organizativos” se esconden decisiones políticas. ¡Nuestras luchas y nuestras banderas de protesta no se negocian con los gobiernos de turno ni con la Iglesia!

Este no es un hecho aislado: la política del Gobierno de la Ciudad marcha en perfecta sintonía con los ataques del Gobierno nacional de Javier Milei contra las mujeres y la comunidad LGTBIQ+. Ambas gestiones avanzan sistemáticamente contra la Educación Sexual Integral (ESI), persiguen a las niñeces y adolescencias trans, recortan los presupuestos de los programas contra la violencia de género y vacían la salud y la educación pública.

Cuestionamos fuertemente las declaraciones reaccionarias de la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, quien junto a Macri encabeza el ataque a los contenidos curriculares de la ESI en las escuelas porteñas, sumándose al discurso negacionista y antiderechos que hostiga a la diversidad.

Como trabajadorxs de la educación, sabemos que las escuelas suelen ser el primer espacio de escucha y contención frente a las violencias machistas y la discriminación. Defendemos una ESI laica, científica y con perspectiva de género en cada aula. Por ello, exigimos la separación de la Iglesia del Estado, una institución que se ha opuesto activamente a la conquista de derechos fundamentales como el matrimonio igualitario, la ESI y la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

La Marcha del Orgullo se mantiene. El orgullo nació como una revuelta contra la represión y la persecución estatal, y nos movilizaremos con esa misma fuerza.

¡Abajo la agenda de ajuste y persecución de Milei, Jorge Macri y sus aliados antiderechos!

Llamamos a toda la docencia, a los centros de estudiantes y a las organizaciones sociales, políticas y del movimiento LGTBIQ+ a organizarse y copar las calles.

¡EL 7 DE NOVIEMBRE SEAMOS MILES EN LAS CALLES!

¡FUERA LA IGLESIA DE NUESTRA EDUCACIÓN!

¡SEPARACIÓN DEL ESTADO Y LAS IGLESIAS!

¡A los antiderechos los frenamos con organización!