Universidades: salarios docentes y riesgo de vaciamiento académico

(Infobae, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sábado 9 de mayo de 2026)- El impacto en los salarios docentes es uno de los focos clave de la problemática. Según Cagnacci, sólo en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, desde diciembre de 2023 hasta hoy, se perdieron 438 cargos docentes.

“Desde el inicio de diciembre de 2023, el inicio de la llegada del gobierno de Milei a hoy, sólo en esa facultad se perdieron 438 cargos docentes, docentes que decidieron renunciar en función de la baja salarial”, afirmó.

La falta de convocatoria a paritarias formales por parte del Gobierno agrava el deterioro salarial y funcional de las universidades públicas argentinas EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

El máximo cargo jerárquico, el de profesor titular, sin antigüedad, apenas supera el $1.500.000 de bolsillo: “La canasta básica de pobreza para el mes de marzo, que el propio INDEC marcó, es de un $1.434.000 para una familia tipo. Yo quisiera saber ¿qué profesional con 1.500.000 dedicándose exclusivamente a la docencia puede subsistir investigando, generando extensión y estando al frente de las aulas?”, preguntó Cagnacci.

En el extremo opuesto, un ayudante de primera simple obtiene $270.000 de bolsillo y un ayudante de segunda, categoría para estudiantes avanzados, recibe $140.000. “¿Qué estudiante avanzado puede querer proyectarse en la docencia universitaria cuando el salario que hoy le estamos ofreciendo como sociedad para esa función es de $140.000? Seguramente ninguno”, sentenció.

Los trabajadores no docentes de la UBA (Universidad de Buenos Aires) reciben salarios que no alcanzan la canasta básica establecida por el INDEC, según denuncian los gremios 

La situación de los no docentes y el deterioro del sistema universitario

La brecha salarial también afecta a los trabajadores no docentes. “Si voy al salario no docente, el promedio en la Universidad de Buenos Aires, el salario no docente es la categoría cinco. En esa categoría cinco, por grilla salarial, no llega al $1.000.000 de bolsillo con la garantía salarial. La canasta básica, dije $1.434.000 medida por el INDEC”, precisó el secretario general de ADUBA. Cagnacci subrayó la diversidad de funciones abarcadas en la categoría: desde administrativos hasta personal de hospitales universitarios.

El conflicto se agrava por la ausencia de negociaciones formales: “El último llamado a paritaria, de este gobierno, tanto docente como no docente, fue en el segundo semestre del 2024. Ya vamos un año y medio sin un llamado formal incumpliendo los convenios colectivos”, alertó.

El salario de un profesor titular sin antigüedad apenas supera la línea de pobreza, mientras que los ayudantes cobran montos muy por debajo de ese umbral 

Las consecuencias no sólo se ven en la reducción de cargos docentes sino también en el funcionamiento cotidiano de las universidades y el deterioro general de su infraestructura y servicios, incluyendo becas, investigación y extensión universitaria.

Defendamos la escuela pública como espacio de paz, de cuidado y de futuro

La Mesa Ejecutiva de la Federación Nacional de Docentes Universitarixs (CONADU), con el acuerdo de las y los secretarios generales de los distintos gremios, redactó un pronunciamiento frente a las situaciones de extrema violencia que se están repitiendo en distintas escuelas del país. Porque no es violencia escolar, es violencia gubernamental que también entra a las aulas.

Cuando se estigmatiza hablando de “chicos criminales” se oculta lo que realmente circula: odio y desprecio a la vida que se disemina por redes sociales, en discursos presidenciales y que pone a la escuela bajo fuego. La escuela no genera violencia: la recibe, la contiene y la padece junto con toda la comunidad educativa.

La vida se precariza afuera y adentro de las instituciones. Hay más adultos sin trabajo. Otros se ven obligados a buscar un segundo o tercer empleo para llegar a fin de mes, con menos tiempo para compartir con sus hijos e hijas, para escucharlos, para acompañarlos. Ese desgarro cotidiano produce padecimiento subjetivo en grandes y chicos. Se expresa en autolesiones, en intentos de suicidio y en suicidios que lamentablemente se concretan. Se expresa en el aumento del consumo problemático entre jóvenes y adultos. Se expresa en la violencia que estalla en las familias.

La política del Gobierno nacional obliga a que cada trabajador y trabajadora se arregle como pueda: que consiga más empleos, que negocie individualmente horarios, descansos y condiciones de vida. Esa lógica de ajuste y sálvese quien pueda es violencia. Y esa violencia gubernamental se reproduce en las escuelas. Se descarga sobre nuestros estudiantes y sobre quienes sostienen la tarea de educar.

Por eso afirmamos: no es violencia escolar. Es violencia gubernamental que atraviesa las instituciones y golpea a quienes las habitamos.

Y si la violencia es gubernamental, la respuesta debe ser política y colectiva.

Exigimos de manera urgente:

1. Más becas para garantizar la permanencia y el derecho a estudiar.

2. Más equipos de orientación escolar en todos los niveles.

3. Más tiempo institucional rentado para que los equipos docentes puedan reunirse, acordar criterios, escuchar y construir espacios que alojen el padecimiento subjetivo.

La salud mental es un derecho humano. Que el Estado garantice los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes es su obligación indelegable. Y eso se traduce en presupuesto educativo y en condiciones laborales dignas para docentes de jardines, escuelas primarias y secundarias de nuestras universidades nacionales.

Sobre la intervención policial en los establecimientos educativos

Desde ADIUNT (Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de Tucumán)  expresamos nuestro enérgico repudio al Decreto 772/7 del Gobierno de Tucumán. Mediante este instrumento, el gobernador Osvaldo Jaldo instruye al Ministerio de Seguridad y a la Policía Provincial a intervenir en escuelas y trasladar a estudiantes menores de edad al complejo penitenciario de Benjamín Paz por “actos de inconducta”.

Este decreto se basa en un antecedente de 2024 que habilitaba expulsiones y traslados de menores sin orden judicial ante hechos de vandalismo, vulnerando la presunción de inocencia. La nueva norma profundiza la criminalización de las juventudes y sustituye el abordaje pedagógico de la violencia escolar por una respuesta punitiva y expulsiva que viola los derechos internacionales de niños, niñas y adolescentes.

Alertamos además que en el Instituto Técnico de Aguilares de la UNT (Universidad Nacional de Tucumán) se dispuso, sin consulta a la comunidad educativa, la presencia de Policía Provincial junto a personal de seguridad de la UNT en el ingreso al establecimiento. Esto constituye una violación a la autonomía universitaria: las fuerzas de seguridad provinciales no pueden ingresar a dependencias de universidades nacionales.

Rechazamos la injerencia policial en todas las escuelas, con especial énfasis en las preuniversitarias de la UNT.

Defendemos a las escuelas como espacios de formación, cuidado y participación. Exigimos presupuesto para garantizar equipos interdisciplinarios y actividades extracurriculares que permitan abordar la conflictividad escolar con herramientas pedagógicas, no represivas.

Paro y cuarta marcha federal universitaria

Convocamos junto a toda la comunidad universitaria y científica nacional, a la CUARTA MARCHA FEDERAL el martes 12 de mayo.

Ese día habrá, además, PARO DOCENTE para movilizar a Plaza de Mayo por la Educación, la Universidad y la Ciencia argentinas.

Reclamamos la urgente aplicación de la Ley de Financiamiento 27.795, paritarias libres y la recuperación de nuestro salario.

MILEI, CUMPLÍ LA LEY.

ADULP (Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Plata)

Aplicación inmediata de la ley de financiamiento universitario ¡Aumento salarial ya! En defensa de la universidad pública y gratuita

 

ADIUNT (Asociación de los Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán) en la marcha federal en defensa de la educación pública

En un contexto de profunda crisis salarial y presupuestaria, la docencia universitaria vuelve a movilizarse a nivel nacional para visibilizar la crítica situación que atraviesan las universidades públicas. La falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los salarios y el ajuste sobre becas, infraestructura, y ciencia y técnica configuran un escenario que pone en riesgo el funcionamiento del sistema universitario.

La Marcha Federal Educativa del 12 de mayo se inscribe en un plan de lucha sostenido por los gremios docentes y la comunidad universitaria con asambleas, paros y movilizaciones junto al movimiento estudiantil y la comunidad universitaria de todo el país. La caída real de los salarios, que en muchos casos se ubican por debajo de la línea de pobreza, convive con universidades que enfrentan serias dificultades para garantizar condiciones mínimas de enseñanza, investigación y extensión.

La movilización tendrá como ejes centrales la exigencia de un aumento salarial de emergencia, la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y un presupuesto que garantice becas estudiantiles, infraestructura edilicia y el sostenimiento del sistema científico.

Desde ADIUNT convocamos a toda la comunidad universitaria y a la sociedad tucumana a acompañar esta jornada de lucha en defensa de la universidad pública.

Hay que defender el postítulo en la ESI (Educación Sexual Integral)

Este ataque a la única instancia de formación superior gratuita que existe en Educación Sexual Integral se alinea con la orientación reaccionaria del Poder ejecutivo que alienta la misoginia, la discriminación hacia las diversidades, la negación de la violencia de género y el ajuste de todos los programas sociales y de salud específicos que atacan el acceso a derechos en el terreno de la mujer y las diversidades.

Exigimos al gobierno de la Ciudad la continuidad del Postítulo de ESI, la apertura inmediata de las inscripciones para el 2026, como una herramienta imprescindible de formación docente que impacta directamente en el derecho que tienen nuestros jóvenes a una educación sexual laica, científica y libre, que sea respetuosa en los vínculos, libre de discriminación y con conciencia de nuestros derechos.

Todo nuestro apoyo desde la secretaría de géneros y diversidad sexual de AGD UBA (Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires).

La pelea sigue mientras se prepara la marcha nacional del 12

El gobierno nacional sigue sin acatar el fallo que obliga a la aplicación de la Ley de financiamiento universitario.

Mientras tanto, nuestros salarios y condiciones laborales y de vida, son cada vez más precarios. Lejos de eso, el gobierno intenta ganar tiempo con procedimientos judiciales y colocar una reforma de la ley a la baja, tal cual se conoció en febrero. Los trabajadores que defendemos la universidad seguimos con medidas de fuerza para esta semana con todas las acciones que sean resueltas en las sedes.

La semana del 27 de abril al 2 de mayo, volvemos al PARO NACIONAL y nos preparamos para una nueva marcha federal universitaria que consideramos debería ser la primera semana de mayo.

Porque el financiamiento universitario es un derecho, no un favor

El gobierno tiene la obligación de aplicar la ley y garantizar salarios dignos para la docencia de las universidades. El plazo legal ya está vencido.

Como señala Clara Chevalier: "Creo que ya todo el mundo tiene en claro que no se trata de falta de fondos, sino de un ataque ideológico. El gobierno nacional acaba de acordar un nuevo desembolso de $1000 millones de dólares del FMI y nos quiere hacer creer que el déficit fiscal es culpa de las universidades públicas".

El conflicto no termina hasta que se cumpla la ley. No solo está en juego la universidad pública, sino si este país sigue siendo una democracia o no.

Defendamos la educación pública, gratuita y de calidad.

#Conadu #UniversidadPúblicaSiempre #CumplíLaLey #MileiNoSosRey

En defensa de la universidad pública

 

El gobierno promueve un colapso sanitario que costará vidas

Nuevas medidas de devastación que, en este caso, impactarán de manera segura en la salud de las personas, y que seguramente provocarán más enfermedad y fallecimientos.

La interrupción del programa Remediar de provisión de medicamentos para buena parte de las enfermedades más comunes entre las argentinas y los argentinos, como la diabetes y la hipertensión, infecciones respiratorias, infecciones urinarias, cuadros gastrointestinales, afecciones dermatológicas, parasitosis y demás. En momentos donde escalan sin cesar los precios de los medicamentos en las farmacias, la merma del valor adquisitivo de los salarios, las pérdidas de trabajo formales y su consecuente cobertura de obras sociales, o el aumento de gasto de bolsillo de las personas por las reducciones de las coberturas.

La crisis de PAMI y el impacto sobre nuestros adultos mayores son de una crueldad inigualable. Reclamos salariales de los médicos de cabecera, deuda con prestadores, cirugías aplazadas por falta de insumos, reducción de camas para las internaciones geriátricas, componen un panorama que pone en riesgo urgente la salud de nuestra población adulta.

La intención de modificar la Ley Nacional de Salud Mental, en un contexto signado por un notorio deterioro de las condiciones de vida que impacta en las relaciones familiares y personales; con indicadores de suicidios y riesgo de suicidios en jóvenes, con creciente manifestaciones de consumo de drogas, requiere más que nunca una red pública de salud mental integral comunitaria como la que prevé la actual ley en vigencia. En este contexto de evidente y sostenido agravamiento de las condiciones de salud mental en nuestra población, desmantelar la red pública y los dispositivos interdisciplinarios comunitarios, es una verdadera imprudencia.

Podríamos seguir con la crisis de acceso a los medicamentos oncológicos, del desmantelamiento extremo de las políticas de discapacidad, de los insumos de salud reproductiva y sexual, del desfinanciamiento de las provincias para los sistemas locales de salud, el debilitamiento de los dispositivos territoriales y comunitarios, y más. En momentos también donde la inflación trepa sin cesar, el salario cae en picada, cierran las empresas y los comercios, no hay trabajo, los servicios son impagables, y las familias se endeudan.

Este coctel anuncia un colapso del acceso a la salud, que traerá seguramente más enfermedad y fallecimientos.

Desde la CTA Autónoma y la CTA de las y los Trabajadores Argentinos repudiamos estas medidas y convocamos al conjunto de las representaciones de salud y de pacientes y familiares a cerrar filas para enfrentar este desguace terminal de nuestro sistema de Salud, a la vez que reivindicamos un sistema integral y federal de todos y cada uno de los servicios necesarios para la salvaguarda de la vida de cada uno de las y los argentinas y argentinos.

"Desde la CTERA (Central de los Trabajadores de la Educación de la República Argentina) reafirmamos que las escuelas deben ser, en cada barrio y en cada comunidad, territorios de paz, de cuidado, de igualdad, de respeto y de construcción colectiva"

Frente a los discursos de odio, la violencia social, la fragmentación y el abandono de las políticas públicas, sostenemos que la escuela pública cumple un papel irremplazable: aloja, enseña, escucha, abraza y organiza comunidad. Allí donde muchas veces avanzan la exclusión, el miedo o la desesperanza, la escuela abre caminos de encuentro, palabra y democracia.

Hablar de escuelas como territorios de paz es afirmar que la educación debe estar libre de toda forma de violencia, discriminación, estigmatización y abandono. Es defender el derecho de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos a aprender, y el derecho de las trabajadoras y los trabajadores de la educación a enseñar en condiciones dignas.

La paz se construye con más Estado, más inversión educativa, políticas sociales integrales, trabajo digno, acceso a la salud, derechos garantizados y una escuela pública fortalecida, con equipos docentes acompañados, infancias y juventudes cuidadas, comunidades organizadas y una pedagogía que enseñe a convivir sin naturalizar la crueldad.

Desde CTERA sostenemos que defender la escuela pública es defender la paz. Porque no hay paz posible donde se recortan derechos, se ajusta sobre la educación, debilita el tejido social y se pretende que la escuela resuelva sola las consecuencias de la desigualdad.

Por eso convocamos a toda la comunidad educativa y a la sociedad en su conjunto a seguir construyendo escuelas abiertas, democráticas, inclusivas y solidarias.

Escuelas que enseñen, cuiden y abracen. Escuelas que hagan de la palabra una herramienta frente a la violencia. Escuelas como territorios de paz.

En Mendoza se impulsa una campaña para transformar la situación de la OSEP (Obra Social de Empleados Públicos): se trata de escuchar a afiliados y afiliadas, reunir adhesiones y presentar una propuesta legislativa el 1° de mayo.

La campaña provincial se desarrolló bajo la consigna OSEP te enferma: 100.000 firmas por nuestra salud. El objetivo es visibilizar la situación que atraviesa la Obra Social de Empleados Públicos: demoras en los turnos, dificultades para acceder a determinadas prestaciones y especialidades y el impacto económico que implica para los trabajadores recurrir a servicios privados. Al mismo tiempo la campaña promueve transformaciones en la OSEP, como la creación de Consejos Regionales que releven necesidades y propongan prestaciones.

La iniciativa surge en un contexto de creciente preocupación entre afiliados y afiliadas por el deterioro del servicio. La falta de prestaciones, las demoras en la asignación de turnos y las dificultades en el acceso a tratamientos configuran un escenario que impacta de forma directa en la salud de miles de trabajadores y sus familias.

Existe una distancia entre los aportes que se realizan mensualmente y las respuestas que brinda el sistema. En este marco, el reclamo se centra en una demanda concreta: que esos aportes se traduzcan en atención oportuna, prestaciones garantizadas y cobertura efectiva en todo el territorio provincial.

A esta situación se suma un efecto económico directo sobre los salarios. Frente a la falta de respuestas del sistema, muchos afiliados deben recurrir al sector privado para resolver estudios, consultas o tratamientos, lo que implica un gasto adicional que erosiona sus ingresos y profundiza la pérdida de poder adquisitivo.

Río Negro: la docencia necesita respuestas ya. "¡Exigimos convocatoria urgente a paritaria!"

Desde la Comisión Directiva Central de la UnTER (Unión de los Trabajadores de la Educación de la provincia de Río Negro), junto a lxs vocales gremiales, este martes 28 de abril nos hicimos presentes en la Secretaría de Trabajo para dejar en claro lo que definió nuestro Congreso: ¡no vamos a esperar a mayo!

La última propuesta fue insuficiente y así lo expresamos. Ahora, es responsabilidad del Gobierno provincial dar respuestas y revertir las condiciones de pobreza que afectan a la docencia rionegrina.

La Secretaría de Trabajo debe cumplir su rol: convocar a ambas partes y no limitarse a acatar la fecha que dispone el Gobierno.

No se puede seguir dilatando lo urgente.

Definiciones del CCCXCIII Congreso General Extraordinario de la UnTER (Unión de los Trabajadores de la provincia de Río Negro)

• Llamado a paritaria hasta el 30 de abril.

• Exigir al gobierno la apertura de las mesas de trabajo tal como se acordó en la paritaria del 13 de marzo.

• Denunciar la ilegalidad de la aplicación del botón del presentismo.

• 
  Denunciar el incumplimiento de la patronal que no se hace cargo del pago de los preocupacionales tal como lo estipula la Ley de Contrato de Trabajo. Como así también de los tiempos de las reevaluaciones y de la negativa a informar a lxs docentes los motivos del “no apto”.

• Exigir al gobierno que continúe actualizando los salarios por IPC teniendo en cuenta el índice Patagónico y no el de Viedma para incorporar la diversidad provincial en una nueva recomposición salarial al básico.

• Salario mínimo de $ 2.000.000.

• Exigir el pasaje gradual de incorporación del item asignación docente (ahí están todos los bonos) a los haberes remunerativos.

• Exigir la derogación de las auditorías médicas que atentan contra la salud de lxs trabajadorxs.

• Sostener la urgencia del tratamiento del pliego de SAO.

• Exigir el pago del 80% de ubicación para todas las escuelas de Bariloche, dado el alto costo de vida de esta ciudad.

• Exigir actualización de la movilidad y eliminación del tope en toda la provincia.

• Hacer un abordaje específico de la violencia escolar en las escuelas con presencia del sindicato de manera urgente y con otras instituciones. Replantear la agenda política educativa para abordar esta problemática que habita cotidianamente las escuelas.

• Rechazo al borrador para ESRN y su vinculación con el mundo del trabajo porque imponen sin consulta o tiempos de análisis, no hay condiciones reales para aplicarlas (recursos, tiempos, convenios) y favorecen la injerencia privada en la educación pública. Creación de equipos interdisciplinarios y técnicos en las instituciones educativas.

• Congreso pedagógico con todos los niveles.

• Exigir la suspensión de la Resolución 439/26 del Nivel Superior sobre concursos.

• Rechazar las reformas educativas inconsultas.

• El 1 de mayo debe ser un acto masivo en un punto estratégico para visibilizar la situación de todos los sindicatos de la provincia.

• Repudio y escraches a los funcionarios del CPE y políticos que no se pronuncian o toman definiciones que afectan la vida escolar en perjuicio de condiciones laborales y salariales.

• Pedido de renuncia a la Ministra de Educación, Patricia Campos.

• Continuidad del plan de lucha paro de 48 horas: martes 5, acción provincial y miércoles 6, acciones locales. Si llama a paritaria en esos días y no ofrece las condiciones planteadas, se pasan las medidas de fuerza al 12 y 13 de mayo.

• Movilizar con las licencias gremiales y con las licencias de cuerpos de delegadxs a la legislatura porque se efectivice las licencias del fondo de viviendas y que se declare la emergencia educativa y se destinen fondos adicionales para el presupuesto educativo.

• Convocatoria provincial y local al resto de los gremios estatales para articular y coordinar el reclamo salarial, auditorías médicas y estabilidad laboral.

• Usar el crédito horario para actividades locales.

• Marcha de antorchas en cada localidad el jueves 14 de mayo y clases públicas con actividades de visibilización del conflicto.

• Judicialización de los descuentos indiscriminados y devolución de los mismos.

Proscripción al Distrito escolar número 11 en el acto de promesa de lealtad a la Constitución Nacional

Desde la Secretaría de Derechos Humanos de la UTE (Unión de los Trabajadores de la Educación), repudiamos enérgicamente las maniobras de obstrucción y burocratización de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación, encabezada por Leonardo Fabián Szuchet. Estas maniobras son excusas burdas, diseñadas para impedir que la comunidad educativa del Distrito Escolar N.º 11 use el Espacio de Memoria Ex Olimpo.

Hace años, esta comunidad, con convicción pedagógica, realiza allí el acto de promesa de lealtad a la Constitución Nacional, reafirmando su carácter fundante de la República y su defensa inquebrantable de los derechos del pueblo. Es un acto de resistencia frente a la dictadura cívico-eclesiástica, empresarial y militar que devastó los valores democráticos, imponiendo el terrorismo de Estado.

Es claro que el subsecretario no solo traiciona su deber como funcionario público —la Subsecretaría debe liderar políticas de derechos humanos, coordinar con la sociedad civil y sostener la memoria histórica—, sino que, alineado con su gobierno, busca cercenar las pedagogías de la memoria. Su inacción es un acto de negacionismo calculado.

¡No lo vamos a permitir! En las escuelas, más que nunca, levantaremos las banderas de Memoria, Verdad y Justicia. Exigimos una respuesta inmediata de este funcionario. Los sitios de memoria no se negocian ni se privatizan: son del pueblo.

¡Basta de este estado de excepción! ¡Nunca más Milei y sus cómplices civiles y empresariales de la dictadura!

"Hasta el 2 de mayo los profesores estamos de huelga"

Semana del 27 al 2, paro nacional de la docencia de las universidades nacionales

12 de mayo, Marcha federal universitaria, a la Plaza de Mayo y a todas las plazas del país

¿Por qué paramos?

Por la aplicación inmediata de la Ley de financiamiento universitario.

En defensa de la universidad pública y gratuita.

AGD-UBA (Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires)

Por los instructivos de liquidación enviados a las facultades, nos enteramos de que el gobierno dictó un aumento, para el mes de abril a cobrar en mayo, del 1,7% para la docencia de las universidades nacionales; es decir, ¡la mitad de la inflación del mes de marzo!

 

Leer el informe completo de la AGD-UBA (Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires) aquí.

Apoyo incondicional a los docentes de la Escuela Graduada "Joaquín V. González"

Ciudad de La Plata, miércoles 15 de abril de 2026

Ante la aparición de pasacalles bajo la consigna “Basta de Paros” con firma abstracta “padres de la Anexa” queremos dejar claro que el apoyo a nuestras compañeras y compañeros docentes de la Escuela Graduada Joaquín V. González, la Anexa, es incondicional.

Con salarios que llevan una caída de poder adquisitivo del orden del 50%, con una inflación desatada y con un Gobierno nacional que incumple la Ley de Financiamiento es imposible concebir un funcionamiento normal.

Las medidas de fuerza las definimos en Asamblea con todos y todas las docentes de Facultades y Colegios y por lo tanto la lucha de la Anexa es la la lucha de todos y todas las docentes.

Octavio Miloni Secretario General - ADULP (Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Plata)

Frente a la escalada de violencia social, más Estado, más escuela

En las últimas horas se difundieron pintadas en distintas escuelas de nuestro país que contenían amenazas hacia la comunidad educativa. Nuestro distrito no fue la excepción: escuelas secundarias de distintas áreas se suman a la lista de comunidades que viven estas horas con preocupación. Estos hechos no pueden ser naturalizados: constituyen una señal de alarma que debe interpelarnos como sociedad y, fundamentalmente, sobre la cual el Estado debe trabajar con urgencia.

Las escuelas son – y deben seguir siendo- espacios de encuentro, de construcción colectiva y de convivencia democrática. En nuestras aulas coexisten distintas realidades y emergentes, sobre los cuales todos los días trabajamos incansablemente por abordar. Sin embargo, no alcanza con la voluntad y el trabajo de los docentes, se necesita un abordaje integral con lxs pibxs y el acompañamiento a lxs adultxs. Venimos advertiendo la necesidad de fortalecer la escucha y el trabajo con nuestrxs pibxs, no sólo desde la escuela, sino de forma articulada entre todos los dispositivos de protección de derechos, el sistema de salud y con políticas orientadas a ellxs. La escuela sola no puede, pero es un espacio estratégico donde trabajar lo vincular y construcción de un proyecto colectivo con lxs pibxs. Por eso, lejos de los discursos de ajuste, individualismo y “libertad educativa”, que fomentan la desresponsabilización del Estado sobre nuestro sistema educativo e infancias, necesitamos más Estado, más presupuesto, más escuela.

Alumnxs, familias y docentes están pidiendo ayuda a gritos, y las respuestas deben ser contundentes y urgentes para recuperar un horizonte de bienestar y felicidad para nuestrxs pibxs.

Abrazamos a las comunidades afectadas de forma directa por estas amenazas y acompañamos a sus estudiantes, familias y docentes en la reconstrucción de los lazos comunitarios que permiten día a día, habitar la escuela y pensar en un mundo mejor. Asimismo, volvemos a exigir políticas para nuestras infancias y juventudes y el fortalecimiento de los dispositivos y cargos escolares que fortalecen sus trayectorias educativas.

UTE (Unión de los Trabajadores de la Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)