Continúa el plan de lucha de los maestros santacruceños

ADOSAC (Asociación de los Docentes de la provincia de Santa Cruz) ratificó sus medidas de fuerza ante lo que definieron como un "estancamiento" en las negociaciones paritarias con el Ejecutivo provincial.

Con la participación de delegados de las 14 filiales de la provincia, el gremio docente resolvió avanzar con un paro total de actividades por 96 horas, el cual se extenderá desde el lunes 29 de junio hasta el jueves 2 de julio.

A continuación, se detallan los ejes centrales de la resolución adoptada por el Congreso:

-Continuidad del plan de lucha tanto en el aspecto salarial como laboral, coordinando acciones a nivel provincial en conjunto con el Frente Sindical.

Los representantes de los trabajadores de la educación mantienen las exigencias concretas que sostendrán de cara a la audiencia paritaria convocada para este lunes 29 de junio:

-Mejora de la pauta salarial: una mejora sustancial en los porcentajes de aumento y un acortamiento de los plazos fijados, con el objetivo prioritario de equiparar el sueldo inicial a la Canasta Básica, estimada en $1.900.000 para el cargo testigo.

-Cláusula gatillo retroactiva, y permanente más la recomposición salarial.

-Devolución de días caídos: reintegro en un solo pago de la totalidad de los descuentos aplicados por ejercer el derecho a huelga.

-Finalmente desgranan una serie de propuestas técnicas y pedagógicas expresadas en un proyecto presentado por la ADOSAC para mejorar la calidad educativa y preservar puestos de trabajo con énfasis en el nivel inicial.

UTE (Unión de los Trabajadores de la Educación) reclama la urgente convocatoria de la mesa salarial

Desde UTE le solicitamos al Ministerio de educación de la CABA la urgente convocatoria a Mesa Salarial.

El día 8 de junio se dio a conocer el IPCBA (Índice de Precios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) de mayo 2026 de 2.1%, acumulando un 14% en el año. Ante un aumento salarial en ese mismo período inferior al índice inflacionario, se confirma lo planteado por nuestra entidad sindical en nuestra última solicitud de reapertura de mesa.

¿Qué pasa en las escuelas porteñas?

 

Leer el comunicado completo de UTE (Unión de los Trabajadores de la Educación) aquí.

Campaña nacional por un millón de firmas lanzada por familias autoconvocadas de escuelas preuniversitarias en todo el país

AGD UBA (Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires) se suma a la campaña nacional por un millón de firmas lanzada por familias autoconvocadas de escuelas preuniversitarias en todo el país.

Descargá el petitorio acá https://agduba.org.ar/wp-content/uploads/PETITORIO-CSJN-1.pdf -es importante imprimirlo frente y dorso en la misma hoja– para que firmen en tu escuela/colegio o facultad. Firmá con tinta azul.

Consultar aquí.

Un encuentro con el objetivo de reconocer los riesgos psicosociales del trabajo docente, identificar las situaciones de mobbing, violencia, discriminación, asimetrías de géneros, el impacto del estrés laboral y el burnout

 

Consular aquí, en el sitio de la AGD-UBA (Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires.

Desmantelamiento del área del adulto y el adolescente

El gobierno de Jorge Macri en su ofensiva por desmantelar la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires da un paso más reduciendo drásticamente las plantas funcionales de las escuelas de Adultos y Adolescentes donde muchas personas pueden terminar la escolaridad primaria y realizar también cursos que permiten mejorar sus condiciones para insertarse en el mercado laboral y para el desarrollo de sus habilidades.

¿En qué marco se dan los cierres o “supresión” de cargos?

Según datos del Censo 2022, en la CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) de los Macri más de 18 mil personas no terminaron la escuela primaria y con mas de 12.500 personas analfabetas. Estos números no solo confirman la necesidad de fortalecer el Área de Adultos sino que demuestran el total desprecio del gobierno y sus funcionarios por aquellos que tienen mayores niveles de postergación social.

Los cursos y escuelas apuntadas por el gobierno son las de horario nocturno, que es donde pueden concurrir quienes trabajan durante el día. En el mes de mayo cerraron 18 secciones de Primaria y alrededor de una decena de Cursos Especiales.

Esta semana han sido notificadas las conducciones escolares del cierre y/o fusión de nuevos cargos de ciclo y Cursos en el marco del “proceso de reorganización” (sic) de la oferta de Primaria Adultos según informa la Dirección de Adultos. Esto significa el cierre de 21 cargos de Maestrxs de Ciclo y 23 de Cursos Especiales, además se realiza en medio del ciclo lectivo 2026 donde muchos alumnos perderán su cursada como también docentes que perderán su fuente de trabajo.

Llamamos a la docencia en general y del Área de Adultos en particular a organizarse junto a las y los alumnos para evitar este nuevo avance del desguace del sistema público estatal frente a un gobierno que solo aplica políticas de ajuste contra los sectores populares y la clase trabajadora. También denunciamos el silencio cómplice de organizaciones sindicales que avalan el recorte de cargos en el Área.

ADEMYS (Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior) queda a disposición de las y los docentes del Área para para dar esta pelea contra el vaciamiento y el ajuste educativos.

Los maestros entrerrianos van a la huelga por sus reclamos

 

Leer el comunicado completo de AGMER (Asociación Gremial del Magisterio de la provincia de Entre Ríos) aquí.

La nota cambia de forma, el debate de fondo sigue pendiente

Las y los docentes estamos en desacuerdo con la forma en que se implementó la Disposición Ministerial N° 003/26, que traduce a una escala numérica del 1 al 10 las valoraciones conceptuales ya vigentes en el Régimen Académico de la Educación Secundaria. La medida llega a destiempo, con las planillas ya iniciadas bajo el criterio anterior, y sin que mediara consulta en ningún espacio de trabajo ni jornada institucional. Una decisión que incide en nuestra tarea cotidiana no puede resolverse al margen de quienes sostenemos el aula todos los días.

Como docentes, sabemos que lo que ocurre en el aula no se modifica por el formato de la nota. El acompañamiento a cada estudiante, el seguimiento de su proceso y la enseñanza cotidiana siguen siendo los mismos, se expresen en conceptos o en números. Por eso entendemos que esta modificación no responde a las necesidades reales de nuestras escuelas.

Desde UTELPa (Unión de los Trabajadores de la Educación de la provincia de La Pampa) sostenemos que esas necesidades pasan por las condiciones en que enseñamos y aprendemos: aulas con matrículas razonables, equipos completos y tiempos efectivos de acompañamiento a las trayectorias.

Esta es la discusión pedagógica y colectiva que debemos dar primero. La forma de la nota,  conceptual o numérica, será el resultado natural de dicho debate.

No a los despidos ni a la venta de AySA. ¡El agua es un derecho humano!

Desde la Secretaría de Ambiente, Cambio climático y Transición justa, y en sintonía con diversas organizaciones socioambientales, asambleas, foros hídricos y trabajadorxs de AySA, la CTA T (Central de los Trabajadores Argentinos) denuncia y rechaza los DNU 493 y 494/2025 del gobierno de La Libertad Avanza (LLA), que alteran la Ley 26.221, que regulaba el servicio y que avanzan en la privatización del servicio público de agua y saneamiento.

Las medidas del Ejecutivo, sin necesidad ni urgencia alguna, no hacen otra cosa que repetir el modelo de las privatizaciones de los 90, eliminando el reconocimiento del agua como derecho humano y habilitando los cortes de suministro por falta de pago.

Además, como parte del ajuste brutal, el gobierno aplicó desde diciembre de 2023 aumentos tarifarios de más del 360%, el despido de más del 20% de la planta de trabajadores, el cierre de sedes y la suspensión de planes de expansión de la red de agua y cloacas. Todo ello acompañado de la reducción de controles de calidad, como los límites de nitratos establecidos por el Código Alimentario Nacional.

Por eso, exigimos:

 No a los despidos ni a la venta de AySA
 Apertura de las sedes de atención al público
 Finalización y ampliación de Obras
 No a los cortes de agua y cloacas
 No a la baja de controles de calidad.
 Sí a la gestión pública y comunitaria del agua.

Comunicado de la Misión Internacional de Derechos Humanos a Bolivia

(Ciudad Autónoma de Buenos Aires, martes 16 de junio de 2026)- Las y los 15 integrantes de la Misión queremos informar a la opinión pública que ingresamos a Bolivia el lunes 15 de junio de 2026 a través de Migraciones del Aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra. Allí declaramos, explícitamente, que viajábamos como Misión de Derechos Humanos, invitados por diputadas y diputados nacionales, senadoras y senadores, organismos de derechos humanos, sindicatos y organizaciones sociales de Bolivia. Ofrecimos copia de las cartas de invitación. Declaramos el itinerario del viaje, con fecha de llegada y con fecha de retorno a la Argentina. Dejamos en claro que nuestro hospedaje estaba a cargo de las organizaciones que nos invitaron. Migraciones de Santa Cruz de la Sierra aprobó nuestro ingreso y nos entregó las constancias impresas de dicha aprobación, donde figuraba el carácter de nuestra Misión. Fue por ese motivo que pudimos abordar el trasbordo hacia La Paz. Es decir que no había ninguna inconsistencia entre las condiciones declaradas para el ingreso al país y las actividades anunciadas: tanto es así que días antes entregamos una nota ante la Embajada de Bolivia en Argentina informando sobre nuestro viaje, sus fechas, sus objetivos, y solicitando una reunión con el propio gobierno de Bolivia.

Fuimos invitados formal y públicamente, por escrito, por un amplio arco de instituciones y organizaciones bolivianas, como puede acreditarse con la documentación que obra en nuestro poder. En el plano legislativo, nos convocaron diputadas, diputados, senadoras y senadores nacionales de la Asamblea Legislativa Plurinacional —entre ellas y ellos los senadores Richard Espada Ugarte, Judith Rosario García Coca, Ana María Crispin Choque y Nunny Gutiérrez Meneses, y las diputadas y diputados Sonia Siñani Callisaya, Margarita Mendoza, Claudia Ramírez Estévez, Helen P. Patiño Butrón, Víctor Maranza Mamani, Juana Chauca Chauca, Roberto Rodríguez Llanca, Diego Copa Ocampo, Hilton Hoenes, Milton Morales y Rodolfo García—, mediante notas oficiales fechadas el 3 y el 10 de junio de 2026. En el plano de los organismos de derechos humanos, fuimos convocados por la Liga Boliviana de Derechos Humanos, por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos Regional Provincias – La Paz (APDHRP-LP), por la Organización Domitila Barrios de Chungara (Nacional e Internacional) y por Profesionales por los Derechos Humanos contra la Represión Estatal (ProDHCre Bolivia). Y en el plano sindical y social, nos invitaron la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, afiliada a la CSUTCB y a la Central Obrera Boliviana (COB).

Por eso, no es cierto lo que afirma el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, publicado por el canciller Pablo Quirno, donde se afirma, sobre nuestra Misión, que “se habrían verificado inconsistencias entre las condiciones declaradas para el ingreso al país y las actividades anunciadas públicamente por la delegación, así como cuestiones vinculadas al cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación boliviana”. Le reclamamos al canciller Quirno que nos reciba para que podamos hacerle entrega de toda la documentación que sustenta lo que aquí afirmamos. Ya le habíamos enviado una notificación a la Cancillería informando que realizaríamos el viaje en estas fechas. Quirno debería dejar de hacer afirmaciones falsas en redes sociales, trabajar y aceptar tener una reunión como corresponde.

Lo que sí ocurrió, cuando arribamos a La Paz, es que nos retuvieron durante horas en el área de Migraciones. Retuvieron nuestros documentos. Pretendieron hacernos ingresar intempestivamente a una sala denominada “Sala Inadmitidos”. A esa sala llevaron por la fuerza a uno de los miembros de nuestra Misión, donde lo mantuvieron incomunicado: por nuestros reclamos finalmente fue liberado y retornó a la Argentina junto al conjunto de la delegación. Se negaron a esperar la llegada de los funcionarios del Consulado Argentino al Aeropuerto de La Paz, para que pudieran ejercer la representación consular que les corresponde ante vulneraciones a derechos de ciudadanos argentinos en territorio boliviano. Hicieron uso de la fuerza para hacernos subir a un avión de regreso a Santa Cruz de la Sierra, sin habernos entregado hasta ese momento nuestros documentos. Toda esta situación duró aproximadamente 7 horas. Ninguno de estos atropellos ameritó comentario de repudio por parte del canciller, que debería bregar por los derechos de los ciudadanos argentinos alrededor del mundo.

No estamos ante una decisión administrativa: estamos ante una decisión política. Las organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos de Bolivia advierten sobre el riesgo inminente de que se decrete el Estado de Sitio (“Estado de Excepción” de acuerdo con el ordenamiento jurídico boliviano). El 8 de junio el presidente Rodrigo Paz promulgó la Ley 1740 de regulación de los estados de excepción, que autoriza operativos conjuntos de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana para reprimir las protestas y habilita la intervención militar directa. Estamos, por lo tanto, frente a un gobierno que hoy mismo no respeta garantías constitucionales y que, según denuncian numerosas organizaciones populares de Bolivia, se prepara para declarar el Estado de Sitio y cometer una nueva masacre como en 2019 en Sacaba (Cochabamba) y en Senkata (El Alto, La Paz). Es decir, una ruptura del Estado de Derecho que puede terminar en un nuevo golpe o auto-golpe de Estado.

Ante esta situación, nuestra Misión continuará con su actividad. El gobierno de Rodrigo Paz, con la complicidad del gobierno argentino, impidió que realicemos nuestro trabajo de recabar denuncias y testimonios en Bolivia, pero nuestro objetivo lo logramos igual: porque nos apersonamos en Bolivia y pudimos verificar cómo el gobierno NO RESPETA LOS DERECHOS HUMANOS y prefiere IMPEDIR una Misión de Derechos Humanos antes que verse expuesto a que se escuchen las voces bolivianas que sufren la represión.

Elaboraremos un informe preliminar sistematizando todas las denuncias de violaciones a los derechos humanos que ya recibimos, que muestran la gravedad de la situación y que por sí solas justifican la existencia de la Misión. A modo provisorio, los datos disponibles son contundentes. El segundo informe preliminar de la propia Defensoría del Pueblo de Bolivia, difundido el 8 de junio de 2026, reconoce 10 personas fallecidas, 37 heridas, 365 arrestadas y 28 agresiones contra trabajadores de prensa en poco más de un mes. Entre las víctimas fatales verificadas oficialmente se cuenta un joven de 23 años muerto por un “traumatismo cervical penetrante por proyectil de arma de fuego” durante un operativo de desbloqueo (Infobae y La República, 29 de mayo de 2026). Las organizaciones que nos convocaron denuncian un cuadro aún más grave: la CSUTCB y la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba reportan al menos 8 personas asesinadas, más de 50 heridas y más de 300 detenidas y judicializadas, junto con la criminalización de la protesta, montajes judiciales, órdenes de aprehensión contra dirigentes sindicales, campesinos e indígenas, y secuestros perpetrados por grupos parapoliciales como la Unión Juvenil Cruceñista y la Unión Juvenil Cochala, que actúan armados y custodiados por la policía y las Fuerzas Armadas en los puntos de bloqueo. Nuestra propia delegación ya recibió denuncias de centenares de presos políticos, de torturas en los lugares de detención y de ausencia de asistencia médica a los heridos. Pondremos todo lo ocurrido con nuestra Misión en conocimiento de la CIDH y del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, adjuntando el informe preliminar que elaboraremos, y reclamando que de forma urgente ambos organismos internacionales se constituyan en Bolivia para evitar una masacre.

Mantendremos abierto el correo de la Misión (misionddhhbolivia2026@gmail.com) para recibir denuncias de violaciones a derechos humanos y hechos de violencia institucional; y difundiremos los informes que creamos pertinentes a través de la cuenta de X de la Misión (@ddhhbolivia26).

Acompañaremos la manifestación convocada para el próximo miércoles 17 de junio por parte de la Comunidad Boliviana residente en Argentina, cuyos familiares que residen en Bolivia reportan crecientes hechos de represión y persecución. Proponemos la realización de una audiencia en el Congreso de la Nación para informar al Poder Legislativo Nacional sobre lo ocurrido con nuestra Misión, y para poner en su conocimiento el informe preliminar que elaboraremos durante los próximos días.

Vamos a seguir bregando por el pleno respeto a los derechos a protestar y a expresarse del pueblo de Bolivia, recogiendo la preocupación de las organizaciones de derechos humanos, sindicales y sociales de dicho país que reclaman al mundo que se visibilice la situación.

No a la reforma jubilatoria

 

AGMER (Asociación Gremial del Magisterio de la provincia de Entre Ríos) expuso ante el Senado y demostró cómo y cuánto se empobrecerán las jubilaciones con la reforma que impulsa el gobierno.

Los argumentos centrales pueden leerse aquí y aquí.

Existe una crisis habitacional sin precedentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según datos de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público de la Defensa, entre diciembre de 2023 y los primeros meses de 2026 se ejecutaron 621 desalojos, lo que dejó a 4.482 personas -entre ellas 1.409 niños y adolescentes- en la calle

El viernes 19 de junio desde las 17 horas se desarrollará una movilización convocada desde la Coordinadora contra los Desalojos y por la Vivienda bautizada Marcha de las Escobas, desde Callao y Corrientes, hasta el emblemático Edificio del Plata llevando el reclamo contra la política de desalojos de Jorge Macri junto con la denuncia de los negociados con el suelo público.

La elección de una "Marcha de las escobas" tiene la intención de retomar el espíritu de la histórica rebelión de los inquilinos de 1907, aquel gran levantamiento donde miles de trabajadores y familias residentes en conventillos se organizaron contra los abusivos aumentos de los alquileres y las condiciones de hacinamiento.

La convocatoria está dirigida a trabajadores y trabajadoras de la danza, docentes, intérpretes, coreógrafos, investigadores, gestores culturales, productores, estudiantes, asociaciones y espacios culturales. Entre otros puntos, el proyecto propone el reconocimiento de las distintas actividades profesionales vinculadas a la danza independiente y la creación de un organismo específico destinado a promover, fomentar y desarrollar la actividad en todo el territorio nacional: el Instituto Nacional de la Danza (INDA)

 

Aumenta el costo del endeudamiento de los países del Sur

(IPS, desde Ginebra)- Los pagos de interés por su deuda, en los países en desarrollo aumentaron 102 por ciento en la última década, reduciendo el margen de maniobra para financiar la educación, la salud, las infraestructuras y la lucha contra el cambio climático, de acuerdo con un estudio de la Unctad divulgado este martes 16.

Solo en 2024, los países en desarrollo pagaron 384 mil millones de dólares en intereses sobre su deuda externa, indicó el reporte de la entidad de las Naciones Unidas ONU Comercio y Desarrollo (Unctad).

Un total de 5500 millones de personas, 67 % de la población mundial, habita en los 99 países en desarrollo abarcados en el estudio de la Unctad sobre el impacto del incremento en los pagos de intereses sobre el margen fiscal disponible para el gasto en desarrollo.

El Banco Mundial publicó a finales del año pasado un informe según el cual en 2024, el saldo combinado de deuda externa de los países de ingreso bajo y mediano alcanzó un máximo histórico de 8,9 billones (millones de millones) de dólares, de los que 78 países, sobre todo de ingreso bajo, cargaban con 1,2 billones de deuda.

En ese informe, el banco advertía que los países en desarrollo pagaron 741 000 millones de dólares más en concepto de capital e intereses de su deuda externa de lo que recibieron en nuevo financiamiento entre 2022 y 2024. “Se trata de la mayor diferencia en al menos 50 años”, señaló entonces la entidad.

De su lado, la Unctad plantea que se deben hacer reformas y fortalecer la cooperación internacional en ese campo, debido a que los países en desarrollo encaran unas condiciones de financiación mucho más costosas que las de las economías avanzadas.

A medida que aumentan los costos de endeudamiento, una proporción cada vez mayor de los recursos públicos se destina al pago de intereses de la deuda, y esos recursos ya no están disponibles para inversiones a largo plazo, subraya la Unctad.

Según la agencia de la ONU con sede en esta ciudad suiza, la presión a que se encuentran sometidos los países en desarrollo se registra en un momento en el que deben satisfacer sus crecientes necesidades de infraestructura, fortalecer sus sistemas de educación y salud y promover la creación de empleo.

El informe estima que los países en desarrollo necesitan invertir 4,3 billones de dólares adicionales cada año para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adosados a la Agenda 2030 de la ONU para hacer al planeta más sustentable y habitable con mayor equidad.

Para cerrar esta brecha, será necesario incrementar las fuentes de financiación, tanto externas como internas, en al menos un tercio, según la Unctad.

Sin embargo, la nueva financiación externa está disminuyendo y representó solo 11 % de la inversión total en las economías en desarrollo en 2024, en comparación con 38 % en los países desarrollados.

Las entradas de financiación externa a los países en desarrollo disminuyeron 18 % entre 2014 y 2024, mientras que la financiación interna aumentó 60 %.

África recibió solo 10 % del total de las entradas externas a los países en desarrollo, a pesar de representar 22 % de la población del mundo en desarrollo. Asia y el Pacífico atrajeron más de 70 %.

El informe de la Unctad sostiene que reducir los costos de financiación liberaría importantes recursos para el desarrollo.

La Unctad estima que si los gobiernos de 94 países en desarrollo pudieran endeudarse a los mismos tipos de interés que las economías desarrolladas, ahorrarían colectivamente unos 500 000 millones de dólares al año en pagos de intereses.

El informe sostiene que para afrontar este reto se requerirán medidas a nivel nacional e internacional, entre ellas mejor gestión de la deuda, mayor acceso a financiación asequible a través de bancos multilaterales de desarrollo, mejora de los mecanismos de reestructuración de la deuda y reformas de la arquitectura financiera mundial.

“Cuando la financiación es insuficiente y demasiado costosa, resulta más difícil promover el desarrollo”, concluye la Unctad, que recomienda ampliar el acceso a una financiación asequible, estable y a largo plazo, ya no solo por razones financieras, sino también para posibilitar el desarrollo.

Losa profesores universitarios continúan con sus paros y movilizaciones

 

Leer el comunicado completo de ADIUNT (Asociación de los Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán) aquí.

Millones de niños expuestos al peligro climático en América Latina

(IPS, desde Panamá)- Unos 58 millones de niños y niñas en América Latina -uno de cada tres- corren el riesgo de sufrir al menos tres peligros climáticos combinados, lo que pone en riesgo su salud, su educación y su supervivencia, según un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) divulgado este martes 16.

La combinación de peligros climáticos más extendida en la región son las olas de calor, las sequías y el calor extremo, y el informe también advierte que unos 40 millones de niños y niñas podrían verse afectados por tormentas tropicales.

Roberto Benes, director regional de Unicef para América Latina y el Caribe, destacó que “los niños y las niñas soportan la carga más pesada de los peligros climáticos. Dado que su cuerpo está en desarrollo, son más vulnerables a fenómenos extremos”.

“Las amenazas climáticas agravan las desigualdades existentes” para niños y niñas, dijo Benes, porque esos fenómenos, ya sea sequías, olas de calor o tormentas tropicales, “interrumpen su educación y los medios de subsistencia de sus familias».

El “Informe sobre los riesgos climáticos para la infancia 2026” ofrece un panorama de las amenazas que la crisis climática supone para los niños y niñas.

Para ello, el informe se aboca a mapear la exposición de los niños y niñas a las ocho amenazas climáticas más frecuentes: las inundaciones costeras, las sequías, el calor extremo, los incendios, las olas de calor, las inundaciones fluviales, las tormentas de arena y polvo, y las tormentas tropicales.

En la región, 141 millones de niños y niñas están expuestos a olas de calor más frecuentes, prolongadas e intensas, mientras que 118 millones están expuestos a sequías, lo que supone profundos riesgos para su salud y su bienestar y agrava la pobreza y las dificultades económicas en las comunidades más vulnerables.

El Caribe tiene una de las mayores exposiciones relativas a tormentas tropicales, con casi todos sus niños y niñas expuestos a este peligro.

Las tormentas intensas provocan importantes daños en las infraestructuras, interrupciones de los servicios esenciales, desplazamientos de población y una contaminación generalizada de las fuentes de agua.

Por ejemplo, en 2025, el huracán Melissa -que castigó sobre todo a Jamaica, pero también a Bahamas, Bermudas, La Española y la costa de Colombia, con al menos 95 muertes y 12 000 millones de dólares en pérdidas- interrumpió la continuidad educativa de casi 477 000 niños y niñas en los países afectados.

El informe mundial de Unicef señala que casi la mitad de los niños y niñas del mundo –unos 1100 millones– están expuestos a un mínimo de tres peligros climáticos combinados, y más de cuatro millones de ellos podrían afrontar hasta seis de esos peligros combinados.

En casi todo el mundo “las vidas de los niños y niñas siguen estando sacudidas por los efectos de las olas de calor, los incendios forestales, las sequías y las inundaciones”, afirmó Catherine Russell, directora ejecutiva de Unicef.

“La mitad de los niños y niñas del mundo viven actualmente bajo al menos tres amenazas climáticas combinadas que condicionan su vida cotidiana”, aseveró.

Más de 296 millones de niños viven expuestos a la combinación de sequía, calor extremo y olas de calor, y la segunda combinación más frecuente -sequía, calor extremo y tormentas tropicales- afecta a más de 115 millones de niños y niñas en todo el mundo.

En la región del Sahel (la franja semiárida que separa el Sahara de la región con bosques en África), una de las más castigadas, más de cuatro millones de niños y niñas se enfrentan a la triple amenaza de las olas de calor, el calor extremo y las tormentas de arena y polvo.

En algunos países de Asia, como Bangladesh, Myanmar y Pakistán, los niños y niñas se enfrentan a más peligros climáticos combinados y con mayor intensidad que en ningún otro lugar del mundo.

Los países de ingreso alto tampoco son inmunes a las conmociones climáticas combinadas.

Los datos revelan que en Italia, por ejemplo, más de seis millones de niños y niñas están expuestos a olas de calor y sequías prolongadas.

Los avances en este país revelan que la inversión en adaptación al cambio climático puede mitigar algunos de los riesgos que afronta la infancia, aunque se requieren medidas contundentes mientras la crisis climática se agrava.

Además de los ocho peligros climáticos más frecuentes, el informe analiza la contaminación atmosférica y el paludismo, dos peligros que dependen en gran medida de los efectos del cambio climático.

Los datos revelan que la contaminación ambiental afecta a casi todos los niños y niñas del mundo y que 1000 millones de ellos están expuestos al paludismo, nueva amenaza para una población infantil que ya se enfrenta a otros peligros climáticos.

El examen de diferentes contextos encontró que si se tienen en cuenta conjuntamente los peligros múltiples y las vulnerabilidades, los niños y niñas de países sin litoral y frágiles, como la República Centroafricana o Chad, se enfrentan a peligros climáticos que se solapan, al tiempo que carecen de acceso a servicios básicos.

Por otra parte, toda la población infantil de 24 pequeños Estados insulares en desarrollo, desde Haití hasta Vanuatu, está expuesta a tormentas tropicales que pueden paralizar islas enteras en un instante y colapsar los servicios esenciales.

Si no se toman medidas urgentes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, los peligros climáticos serán más frecuentes y graves, y los sistemas y presupuestos gubernamentales soportarán una presión aún mayor, con repercusiones sobre el bienestar de la infancia.

Por ello, Unicef acoge y presenta como recomendaciones reducir las emisiones, cumplir con los compromisos internacionales adquiridos, la eliminación gradual y urgente de los combustibles fósiles y proteger a los niños y niñas mediante la adaptación climática incluyente y la reducción del riesgo de desastres.

Asimismo, velar por que los planes nacionales de adaptación, preparación y respuesta ante desastres se centren en la infancia y en los servicios esenciales de los que depende.

Eso incluye medidas como construir instalaciones educativas seguras y ecológicas y centros de salud resilientes al clima, garantizar el suministro seguro de alimentos para la infancia, hacer que los sistemas de alerta temprana de múltiples riesgos sean eficaces y reforzar la eficiencia de los servicios de agua y saneamiento.

¡Que se cumpla YA con la Ley de Financiamiento Universitario!

 

Rumbo al 39º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries

Desde la Comisión de Mujeres y Géneros de Ademys te invitamos a participar en el 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres, lesbianas,travestis, trans, bisexuales, intersexuales y no binaries.

Este año se realizará los días 10, 11 y 12 DE OCTUBRE en Córdoba.

En el formulario de inscripción encontrarás toda la información detallada y modalidad de pago: https://forms.gle/FFxdUKzb6WhfmCns8

Si tenés dificultades para viajar, dudas y/o consultas escribinos: comisionmujeresygeneros.ademys@gmail.com

Comisión de Mujeres y Géneros – Ademys (Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior)

ADEMYS (Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) convoca a parar junto al resto de los educadores nacionales

 

Leer el comunicado completo aquí.

No a la entrega de la ley de financiamiento universitario

La semana pasada, las y los docentes de las universidades nacionales nos enteramos por los medios de que existía una negociación entre el gobierno y los rectores. La propuesta eran solo rumores que más tarde se hicieron públicos cuando se sentaron a la mesa de negociación las federaciones sindicales docentes y no docentes.

La propuesta oficial implica un aumento salarial del 21,33% en junio (calculado sobre el salario de mayo) más un 3% en octubre (calculado sobre el salario de septiembre).

La garantía salarial se actualizará también un 21,33%.

Se convocaría a nuevas paritarias en tres meses.

A la propuesta salarial se le suma un 20% para gastos de funcionamiento, 50.000 millones de pesos para los hospitales universitarios y un aumento del 50% de las becas Belgrano.

La asamblea de AGD UBA rechazó el acuerdo y ratificó el paro con acciones de visibilización del 16 al 20 de junio.

Con ese mandato, AGD UBA participó en el congreso de Conadu Histórica, donde se impuso el rechazo al acuerdo por 64 a 36 votos. También se resolvió en la federación parar en la semana del 16 de junio.

Seguimos exigiendo la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que establece un aumento salarial que no puede ser menor a la inflación acumulada desde diciembre de 2023. Una inflación que, desde entonces, acumula un 312,1%.

Mientras tanto, el salario de los cargos con dedicación simple y 10 años de antigüedad aumentó, en el mismo período, un 155,5% para un ayudante de primera, un 176% para un JTP, un 175% para un profesor adjunto, y un 174% para un asociado o un titular. La pérdida del poder adquisitivo del salario en cargos simples con 10 años de antigüedad (JTP, adjunto, asociado y titular) fue de entre el 33% y el 38% (según el cargo, siendo el 38% para el ayudante de primera), y se requiere entre el 50% y el 61,25% de recomposición salarial, respectivamente, para recuperar la pérdida por inflación.

Pero en el caso de un ayudante de primera con dedicación semiexclusiva y menos de 5 años de antigüedad, la pérdida fue de un 43%. Solo una recomposición del 75,6% puede equiparar ese salario a diciembre de 2023, como plantea la ley.

El 21,33% firmado por los rectores y la burocracia sindical está muy lejos de compensar la caída del salario.

Las burocracias y los rectores se apuraron a firmarle un acuerdo a un gobierno que al día siguiente se tropezó con las explicaciones delirantes de Adorni para justificar su enriquecimiento ilícito.

Y si bien no bajaron la cautelar como pedía el gobierno, al reconocer en el acta que el aumento establece la recomposición de la deuda salarial de 2025 y 2026, dejan sin sustento la cautelar que debía resolver la Corte Suprema. Un reclamo que pasará a dormir –como tantos otros– en algún cajón del máximo tribunal de justicia.

La semana que viene, del 16 al 20 de junio, paremos las universidades en rechazo a la firma de este acuerdo. Seguimos exigiendo que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, que establece un aumento que no puede ser menor a la inflación.

AGD-UBA (Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires)

No a la designación de personal de salud con cargos de ACDM (Asistentes Celadores para Discapacitados Motores)

Como es de costumbre, estas últimas semanas nos enteramos “de pasillo” que la directora del Área de Educación Especial, Roxana Ferioli, junto al Ministerio de Educación tomaron una decisión de atropello a la modalidad. Bajo principios arcaicos, y enalteciendo el paradigma médico de la educación especial, decidieron crear 4 cargos de ACDM interinos para ser otorgados a 4 enfermeros/as.

Avasallando los artículos del estatuto sobre ingreso y admisión a la docencia, adulteraron la norma y habilitaron el acceso directo a los cargos interinos a personal de salud.

Si bien creemos necesaria la presencia de personal de salud para acompañar trayectorias de estudiantes que requieren un abordaje acompañado con actores de ambos sectores, sostenemos que la solución no es crear cargos de enfermeros dentro de la figura de ACDM.

Según reglamento escolar, los y las ACDM deben acompañar en traslados, alimentación e higiene a parte de crear condiciones de andamiaje para sortear barreras de acceso al aprendizaje. Cabe destacar que el rol de la figura del ACDM está muy alejada del conocimiento de técnicas propias de la salud.

El ajuste se luce nuevamente bajo formatos discursivos “aceptables” de inclusión educativa. En vez de crear espacios propios de salud en cercanía a las escuelas, o redes de articulación con espacios de salud prioritarios para que realicen las tareas necesarias en aquellas situaciones singulares que lo requieran, cortaron por lo más simple omitiendo la perspectiva arcaica de revivir modelos en desuso, y desligándose de las responsabilidades civiles que cada actividad requiere.

Llamamos al conjunto de ACDM a rechazar esta medida arbitraria, a pelear para que los cargos de ACDM sean para ACDM, con las funciones que venimos teniendo. Las funciones de salud, son para profesionales de la salud.

Apoyamos la lucha de los enfermeros para que sean reconocidos como personal de salud, perciban salarios acorde al costo de la canasta familiar y cuenten con condiciones laborales estables.

- No a la designación de personal de salud con cargos de ACDM.

- Solidaridad con la lucha de enfermeras/os; por su reconocimiento como personal de salud, con salarios dignos y condiciones laborales estables.

AGMER (Asociación Gremial del Magisterio de la provincia de Entre Ríos) organizó un acampe contra la reforma jubilatoria

 

Leer el comunicado completo aquí.

"Exigimos al gobierno la reapertura urgente de la mesa salarial. ¡Basta de que el ajuste recaiga en nuestros salarios!"

Se dio a conocer la inflación de mayo por parte del IPCBA dando como resultado de la medición un incremento de un 2,1% de inflación.

Esto desnuda la profundización de la pérdida salarial que en mayo tuvo 0% de aumento. 

¡Así no podemos más!

ADEMYS (Asociación de los Docentes de Enseñanza Media y Superior)

Para seguir formando a los docentes de los diferentes niveles de enseñanza del español como lengua segunda y extranjera

Por la organización docente en defensa de la escuela pública y sus trabajadores

ASAMBLEA DOCENTE EN ADEMYS (Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior)

Para discutir y decidir cómo intervenir en la Jornada Nacional de Lucha Docente el 18 de junio.

¡Sumate! Trae el mandato de tu escuela.

 Jueves 11 de junio  18:00 horas

 Solís 823, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Local de Ademys)