(por Fabián Devesa. Clarín, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
lunes 9 de mayo de 2016)- El sistema de calificaciones para los alumnos de
primaria volverá a incluir los “aplazos” después de un año en el que esas notas
fueron eliminadas por considerarlas “estigmatizantes” para los estudiantes. En
los boletines que los padres recibirán a partir de junio estarán otra vez
puntuaciones debajo del 4, para los niños que cursan cuarto, quinto y sexto
grado. Y para los más pequeños (de primero a tercero) se incluirá el
“insuficiente” y el “sobresaliente” como evaluación académica. Hasta ahora, los
docentes sólo podían calificar con “regular”, “bueno” y “muy bueno”.
Es una vuelta atrás en
la resolución 1057 del año 2014, que se comenzó a aplicar el año pasado en
todas las primarias de la Provincia: 8.500 establecimientos públicos y privados
en lo que asisten más de 3,1 millones de alumnos. Y será de aplicación
inmediata. El Consejo General de Educación provincial (un organismo colegiado
que fija las pautas de funcionamiento escolar) aprobó la última semana una
normativa que modifica el esquema de evaluación. Y los maestros deberán usar
este esquema para la elaboración del boletín trimestral de este año que se
comienza a enviar a los padres en poco más de tres semanas.
La decisión reaviva la
polémica que provocó el nuevo régimen primario, conocido hace menos de dos
años. Entonces, la actual gobernadora, María Eugenia Vidal (que comenzaba a
caminar la Provincia como candidata) calificó como una “barbaridad” la medida y
pidió a Daniel Scioli que retrocediera en la determinación.
En el Consejo la
votación fue dividida: 4 aceptaron la nueva reforma, tres representantes se
negaron al cambio y hubo dos abstenciones. “El sistema fracasó antes de
comenzar a aplicarse. Los padres no entendían el esquema de calificar de 4 a 10
y a muchos docentes les costaba explicar ese criterio”, dijo ayer a Clarín el
subsecretario de Educación bonaerense, Sergio Siciliano. Y agregó: “El docente
no tuvo tiempo de internalizar esa nueva forma de calificar al alumno, por eso
le resultó difícil su aplicación”.
Según explicó el
funcionario, hubo una encuesta entre más de 2.500 educadores de
establecimientos públicos y privados antes de proponer la reforma.
Sin embargo, la vuelta
de los aplazos y el “insuficiente” para evaluar a los estudiantes genera
debate. El consejero Néstor Carasa, que ocupa uno de los lugares que
corresponden al gremio docente de Suteba, afirmó: “No hubo una consulta seria e
integral a los docentes y a los padres. No hubo un diagnóstico serio sobre los
resultados del Régimen de Primaria que se aplicó el año pasado”, argumentó
Casara.
El secretario General
de Suteba, Roberto Baradel, explicó que “no tenemos una postura cerrada sobre
el tema. Queremos una consulta amplia en la comunidad educativa para saber si
el resultado académico es negativo o mejora las condiciones del proceso de
enseñanza y aprendizaje”.
La controversia divide
a los expertos. “La evaluación de los alumnos es inherente al sistema educativo
y el objeto de la evaluación es asegurar que todos a quienes certificamos
estudios, tienen las competencias acreditadas”, dijo a Clarín el rector de la
Universidad del Noroeste de Buenos Aires (UNNOBA), Guillermo Tamarit. “La
recurrente confusión entre inclusión y facilismo deriva en la “pedagogía de la
compasión”: dejar inermes a los sectores que más necesitan de una educación de
calidad”, aclaró el académico.
Además, Tamarit
consideró que “certificar conocimientos que no se tienen, da como resultado que
cuando enfrentan un sistema como el universitario, encuentran enormes
dificultades para avanzar porque no hay estrategias “compasivas” en la
educación superior”.
¿Los maestros tendrán
que adaptarse a una modalidad impuesta por resolución y que deben aplicar en
menos de tres semanas?. “Los maestros conocen a la perfección el sistema
anterior porque fue el que tuvo vigencia durante años. No habrá
inconvenientes”, fue la respuesta de Siciliano. El impacto de esta decisión de
la Dirección de Escuelas, excedió los claustros académicos. En la Legislatura
provincial había proyectos para retrotraer la resolución 1057. “Celebramos esta
medida porque necesitamos exigir más a los chicos. Resulta un fraude no poner
notas bajas porque es como esconder que el sistema educativo está en crisis”,
dijo el diputado Mario Giacobe (bloque peronista), autor de una de las
propuestas.
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