Los maestros fueguinos
se preparan para enfrentar, a partir del próximo martes 27 de agosto la
indagatoria de 40 docentes que fueron imputados por el gobierno provincial de
Fabiana Ríos luego de haber conquistado, a principios de 2013, un aumento
salarial promedio de 43% tras una toma de la casa de gobierno que se inició al
negarse la gobernadora a establecer una mesa de negociación salarial.
En defensa de la escuela pública - Documento elaborado por los docentes de Tierra del Fuego
nucleados en el SUTEF sobre la política de ajuste implementada por el gobierno
provincial
Desde que asumió en
diciembre del 2007 y hasta el 2013 el gobierno de Fabiana Ríos se caracterizó
por los ajustes realizados a los estatales en general y en particular a los
docentes, mala fe negociadora en las paritarias, el vaciamiento de contenidos
en la misma y reiterados incumplimientos de los acuerdo homologados. Aplicó el
pago desdoblado del aguinaldo, año tras año otorgó aumentos siempre menores al
fijado por la paritaria a nivel nacional, aplicó descuentos salvajes por días
de paro, estableció pagos escalonados del salario, efectuó un congelamiento
salarial por 18 meses, incumplió y aplicó una multa millonaria, hoy
judicializada, por desacatar una conciliación obligatoria mal dictada. Además,
fue el gobierno que batió record de pedidos de exclusión de tutela sindical a
trabajadores estatales, criminalizó la protesta llevando a cinco compañeros de
la dirigencia a juicio por tres cortes de ruta. Realizaron reiteradamente
denuncias infundadas contra dirigentes que la justicia desestimó. En el ámbito
de la obra social y caja de jubilaciones de los estatales han incumplido con la
Ley Provincial 676 al no pagar ninguna de las cuotas mensuales establecidas
para cancelar la millonaria deuda que tiene el Estado provincial con el
instituto, ley impulsada por el propio partido gobernante en la Legislatura
antes de asumir el gobierno. No modificó las contribuciones patronales por
jubilación, hoy en el 11%, la menor del país. Incumplió con el pago de
contribuciones, hubo atrasos en los aportes, pago desdoblado de sueldo a los
jubilados y presentación de un proyecto de reforma de los regímenes
jubilatorios que conculca derechos, aumenta edades jubilatorias y baja el 82%
móvil con una reforma en el cálculo del haber y la movilidad. Así desfinanció
nuestra caja.
Por otro lado, también
castiga con el ajuste a los sectores sociales más desprotegidos permitiendo, al
no hacerse cargo del subsidio, un incremento del 80% del gas envasado,
utilizado en los barrios sin servicios y que en climas tan rigurosos es una
necesidad esencial para sobrevivir.
En febrero del 2013
hubo un provocativo ofrecimiento del 8% de aumento en la paritaria docente. No
llamaron a paritarias en los tiempos estipulados, por lo cual el SUTEF denunció
la práctica desleal en la negociación. Cuando la Legislatura se dispuso a
mediar, dieron un aumento por decreto, que luego suspendieron a los pocos días
para finalmente derogarlo, sin llegar a un acuerdo salarial ni sentarse en la
mesa paritaria dando excusas inentendibles. Hubo manifestaciones, movilizaciones
y paros que desembocaron en una permanencia de los docentes en los edificios de
Rentas de Río Grande y Ushuaia. Se hicieron movilizaciones con desobligación y
con paro y retenciones de tarea por retención indebida de haberes. La
Legislatura volvió a mediar y consiguió dos reuniones con el gobierno quien no
logró realizar una propuesta acorde a las necesidades de los docentes. El 23 de
mayo, la docencia fueguina le dijo basta al ninguneo, al manoseo, al maltrato y
persecuciones constantes; basta al ajuste salarial de 5 años donde se había
perdido un 80% del poder adquisitivo. Los docentes querían ser recibidos. La
respuesta del gobierno fue disponer policías a ambos lados de la Casa de
Gobierno, candado y cadena en las puertas, el antimotín y la represión. Así
recibieron a los docentes. Luego de los disturbios, ya tarde, dejaron ingresar
a un pequeño grupo de dirigentes al edificio para tener una reunión, quienes,
mientras esperaban, fueron reprimidos inexplicablemente con golpes y gases por
más de 100 policías en los pasillos de Casa de Gobierno. Ante estos hechos, los
docentes que esperaban afuera, lograron ingresar a una de las alas de un piso
del edificio. El ministro coordinador finalmente accedió a una reunión en su
oficina con doce docentes, otros dirigentes gremiales que se solidarizaron
sumándose a la protesta y los legisladores que mediaron nuevamente. Luego de
escuchar el pedido de los docentes, el funcionario se retiró diciendo que
volvería con una respuesta y no volvió. Luego de cinco días permaneciendo en el
lugar, se logró una reunión para destrabar el conflicto y después de tres días
más de permanencia y negociación, apareció el dinero que antes decían que no
había.
Es responsabilidad del
ejecutivo que se haya producido un enfrentamiento, debió ser evitado destinando
los fondos necesarios a educación desde un primer momento, negociando en una
paritaria seria, abriendo las puertas de Casa de Gobierno para recibir a los
trabajadores y escuchar sus reclamos. No hubo decisión política para ello. Ahora
injustamente quieren hacer caer la responsabilidad en cada trabajador que fue a
protestar por un salario digno llevando adelante causas judiciales y sumarios
administrativos, cometiendo otra vez el mismo error, volviendo a poner fuego en
un conflicto que no le hace bien ni a la sociedad fueguina, ni al gobierno, ni
a los trabajadores de la educación.
Repudiamos las
declaraciones de la Sra. Nélida Belous, docente, ex diputada nacional y actual
secretaria de Derechos Humanos del gobierno provincial, quien, ante la condena
de dos efectivos de las fuerzas policiales de la provincia por torturas a un
menor, justificó a dicho personal, comparándolos con los docentes que llevaron
adelante el proceso de reclamo social en mayo de 2013 e igualando un docente
que reclama sus derechos con quienes cometen uno de los crímenes más aberrantes
a los derechos humanos. Creemos que estas declaraciones son consecuentes con la
política que la Gobernadora a definido para los trabajadores.
Los abajo firmantes
repudiamos todo tipo de violencia estatal contra quienes reclaman por sus
justos derechos. Nos solidarizamos con los docentes y camioneros fueguinos que
fueron sometidos injustamente a la persecución judicial y administrativa por
parte del gobierno provincial. En el marco de los cuarenta llamados a
declaración indagatoria y la apertura de sumarios administrativos a los
trabajadores que protestaron el 23 de mayo del 2013 en Casa de Gobierno,
solicitamos el cese inmediato de todas las causas administrativas y judiciales.
Comisión
Directiva SUTEF
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