Desde que rige la ley
de financiamiento educativo, en el año 2006, cambió rotundamente el paradigma
de la enseñanza inicial, media y secundaria, en materia de inversión. De hecho,
los fondos destinados a educación en la Argentina se elevaron del 4% al 6,2%
del Producto Bruto Interno (PBI), y el país pasó del puesto 81 en 2004 al
puesto 19 en el ranking mundial de inversión en la materia, en relación a su
riqueza.
Sin embargo, el giro no
alcanzó para resolver las brechas de inversión educativa entre las provincias,
uno de los objetivos claves de la Ley 26.206 de Educación Nacional, que define
como meta "asegurar una educación de calidad con igualdad de
oportunidades, sin desequilibrios regionales ni inequidades sociales [...]
garantizar la inclusión educativa con una asignación de recursos que otorgue
prioridad a los sectores más desfavorecidos".
Según un informe de la
Universidad de Belgrano, que toma cifras oficiales que datan del año 2011, solo
el 8 por ciento de los alumnos de escuelas primarias estatales asiste a un
establecimiento con jornada extendida o completa, cuando el objetivo que
persigue la norma debía alcanzar, como mínimo, al 30 por ciento en 2010.
La prioridad debía ser
otorgada a los sectores sociales y a las zonas geográficas más desfavorecidas.
Sin embargo, el porcentaje de niños que van a colegios públicos de doble turno,
que en el promedio país es del 5,63 por ciento, asciende en la ciudad de Buenos
Aires nada menos que al 44,6 por ciento. En el conurbano bonaerense, en cambio,
es de apenas dos por ciento en promedio.
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