El acuerdo que firmara
el gobierno kirchnerista con la multinacional norteamericana Chevron es una
virtual reprivatización de nuestra YPF, y el previo Decreto 929/13; constituyen
un acto de entrega nacional de nuestros recursos naturales al mejor estilo de
la década menemista; al mismo tiempo que introduce un método de extracción de
hidrocarburos no convencional como es la fractura hidráulica o fracking, una metodología muy
controvertida que ha sido prohibida en varios países, dadas sus gravosas
consecuencias ambientales.
La entrega “llave en
mano” de los yacimientos de la cuenca del Neuquén a Chevron encontraba
inicialmente una serie de escollos legales. Sobre todo, en la sentencia
judicial que pesaba sobre esta empresa, expedida por la justicia ecuatoriana
que condenó a Chevron (que operó entre 1964 y 1990 en Ecuador, cuando era
Texaco) a pagar 19.000 millones de dólares por graves delitos ambientales
cometidos en la Amazonía ecuatoriana, en territorios ancestrales de pueblos
originarios. El embargo se levantó a pedido de la Procuradora Nacional de
nuestro país, Alejandra Gils Carbó, y posteriormente, a través de un rápido
fallo a favor de Chevron, emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación
Argentina.
Allanado el camino para
la firma del acuerdo con Chevron el gobierno, veinticuatro horas antes de la
firma del mismo, creó por decreto (929/2013) un régimen de promoción de
inversión de hidrocarburos, a la medida de Chevron; que prevé beneficios para
las empresas que presenten proyectos de explotación de un monto no inferior a
1.000 millones de dólares.
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