(Por Javier Rodriguez Roque. Prensa Latina)- Miles de docentes, trabajadores de varios sindicatos y organizaciones campesinas desafían hoy el intenso frío y realizan unidos una protesta ante el Congreso, en una jornada denominada voto popular de castigo al Parlamento.
La demostración está acompañada de marchas por las calles del centro de Asunción y otras ciudades del país y la continuación de la paralización de escuelas públicas y privadas iniciada la víspera, la cual amenaza con extenderse por el resto de la semana.
Los distintos sindicatos docentes coincidieron en rechazar la actuación de los legisladores por la falta de aprobación de asignaciones y modificaciones de leyes que afectan el pago acordado de bonificaciones, atrasos en salarios y acceso a jubilaciones.
Igualmente, maestros del sector privado acuden a demandar su inclusión en condiciones similares a los de escuelas públicas en la ley jubilatoria del sector.
Por su parte, la Federación Nacional Campesina acordó apoyar los reclamos de los docentes y extender hasta mañana su protesta en Asunción y departamentos del interior en demanda de la reforma agraria y el cese de atropellos a los labriegos.
Teodolina Villalba, secretaria general de la Federación, explicó que los campesinos también repudian la actuación antipopular de los senadores y diputados de espaldas al más vulnerable sector de la sociedad.
A la protesta frente al Congreso se unieron, además, la Corriente Sindical Clasista, el Partido Paraguay Pyahaurá, la agrupación Mujer y Juventud y varias organizaciones sociales agrupadas en el movimiento de indignados paraguayos.
La Federación Nacional de Trabajadores del Transporte, también participante, reclamó que, antes de poner en funcionamiento el anunciado metrobús para mejorar el servicio en Asunción, se proceda al arreglo de calles y a garantizar sus puestos de trabajo.
Un elemento que motiva la protesta es el intento de los diputados de aprobar en la sesión de hoy su derecho a jubilarse con apenas 10 años de trabajo como legisladores, mientras a los trabajadores del país les exigen 30 años de cotización para ello.
Un numeroso contingente de policías antimotines, acompañado de carros hidrantes, mantiene un cordón de seguridad alrededor del edificio del Congreso desde temprano.
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