El documento leído sobre el Puente Pueyrredón, a 11
años de los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán: Por una
Argentina sin hambre, sin saqueo ni explotación.
A once años de
la represión que intentó acallar las luchas populares y se cobró las vidas de
Darío y Maxi; en un momento político en el que las luchas de las y los trabajadores
son judicializadas y criminalizadas; las organizaciones populares seguimos
reclamando justicia, construyendo poder popular y gestando un nuevo proyecto de
país, sin hambre, sin saqueo ni explotación.
La Masacre de
Avellaneda, al igual que la rebelión del 19 y 20 de diciembre, provocó una
indignación en todo nuestro pueblo y marcó a fuego a una nueva generación
militante, para quienes los ejemplos de Maxi y Darío proyectaron un compromiso
de lucha e intransigencia contra las injusticias que nos advierte sobre los
peligros que entraña el posibilismo y la resignación.
En estos años
los gobiernos kirchneristas adoptaron algunas medidas efectivamente
progresivas, en muchos casos inspiradas en históricas reivindicaciones
populares. Pero estas medidas no configuraron un programa integral capaz de
superar la precarización del trabajo, el salario y la vida. En un contexto
inflacionario que golpea fuertemente los bolsillos del pueblo, el gobierno
intenta poner techo a las paritarias, sostiene un sistema impositivo regresivo
y a una gran masa de trabajadores precarizados y tercerizados. A la vez instala
un discurso que condena y judicializa la lucha, como vemos que sucede hoy ante
los distintos reclamos sociales y sindicales.
A eso se suman
problemas estructurales como la ausencia de una política integral de transporte
público, que por su estado de abandono sigue poniendo en riesgo la vida de
nuestro pueblo como sucedió en la Masacre de Once, y hace unos días solamente,
la nueva masacre ferroviaria del sarmiento, la continuidad de un sistema
tributario sumamente regresivo; un sistema de salud deficiente y controlado por
corporaciones médicas, farmacéuticas y organismos internacionales; una
estructura de privatizaciones intocada que garantiza ganancias desorbitantes
sin ningún tipo de regulación y control, a costa del encarecimiento de la vida;
una feroz avanzada inmobiliaria que encarece alquileres, expulsa a los sectores
populares y provoca muerte y destrucción, como quedó evidenciado recientemente
con las inundaciones en la ciudad de La Plata, Capital y el oeste del conurbano
bonaerense.
Todo sustentado
por una estructura de poder que garantiza gobernabilidad a través de sindicatos
empresariales antidemocráticos, corporativos, entreguistas y burocratizados,
punteros, intendentes y gobernadores mafiosos, un poder judicial procesista y
de clase que criminaliza la pobreza y la protesta social, y narco-policías
asesinas con control territorial y total impunidad. Entendemos que cualquier
proyecto emancipatorio debe revertir la sobreexplotación y el saqueo de los
bienes naturales por parte de corporaciones locales y transnacionales; la
“sojización” cada vez más extendida del campo; el modelo de la megaminería con
las consecuencias socio ambientales que implica, así como el entramado
industrial extranjerizado, concentrado, y basado en variadas formas de
sobreexplotación de los trabajadores que sustenta este modelo productivo.
En el terreno de
los derechos humanos, los avances en los juicios a los represores de la pasada
dictadura, demasiado lentos e incompletos, no abarcaron a los responsables económicos,
civiles y eclesiásticos, que aún siguen impunes. Exigimos juicio y castigo ya.
Del mismo modo y con el mismo énfasis luchamos por los derechos humanos de hoy:
para que no se sigan invisibilizando la muerte de los luchadores y las
luchadoras de los pueblos originarios o de países hermanos, para que no sigan
quedando impunes los crímenes contra los sectores más humildes por el gatillo
fácil o por la represión en las cárceles, que son verdaderos centros de
criminalización de la pobreza; para que no continúe invisibilizada la muerte de
mujeres por abortos clandestinos o por ser víctimas de las redes de trata para
la prostitución. Al mismo tiempo decimos: ¡Abajo la ley antiterrorista dictada
por los organismos financieros internacionales! Terminar de romper la
dependencia con los centros de poder sigue siendo otra deuda pendiente.
Mientras tanto,
el imperio yanqui y las grandes transnacionales continúan apropiándose de los
territorios y de los bienes naturales de Nuestra América, a la vez que ponen
todos sus esfuerzos por frenar los avances que vienen dando los pueblos en los
últimos años y desestabilizar los procesos de cambio, en particular su
principal amenaza: la revolución bolivariana.
Como
contraparte, los movimientos populares del continente venimos dando importantes
pasos de integración y unidad, para resistir con más fuerza la ofensiva
imperial, pero sobre todo para seguir construyendo, desde abajo, los caminos
hacia la emancipación de nuestra patria grande.
El 2001 y la masacre de Avellaneda dejaron un legado importante de experiencias
organizativas de “los y las de abajo” que se extienden en los barrios, en los
lugares de trabajo, en las aulas, en las asambleas. Y también en el plano
cultural, artístico y simbólico, a partir de la ocupación de las calles en
forma creativa, lo que se ve especialmente reflejado en la apropiación de la
Estación que nuestro pueblo rebautizó con el nombre de Darío y Maxi, convertida
en una muestra permanente de arte popular, y desplazando el nombre de Nicolás
Avellaneda, ex presidente protagonista de la campaña de exterminio de pueblos
originarios conocida como Campaña del Desierto, represor de huelgas de
inquilinos, representante de las clases dominantes.
Por eso el
desafío de las organizaciones populares pasa por reforzar la construcción de un
proyecto político emancipatorio basado en una transformación estructural y
cultural profunda de nuestra sociedad, sin mezquindades ni sectarismos, de
carácter popular, anticapitalista, antipatriarcal, anticolonial, latinoamericanista
y antimperialista, en una perspectiva socialista.
Hoy alzamos la
voz frente a los crímenes del 26 de junio de 2002, los del 19 y 20 de
diciembre, los 30 mil compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, y los
asesinatos por represión en democracia. De Carlos Fuentealba y Mariano
Ferreyra. De Rosemary Churapuña y Bernardo Salgueiro, asesinados en la
represión del Indoamericano. De Roberto López y Sixto Gómez y Mario López, de
la comunidad Qom de Formosa. De Florentín Díaz, asesinado el mes pasado en la
violenta represión en Castelli, Chaco. De Cristian Ferreyra y Miguel Galván,
asesinados por los sicarios del agronegocio en Santiago del Estero. De Mono,
Jere, Patón y César Oviedo en Rosario. Alzamos la voz por las desapariciones de
Julio López y Luciano Arruga, y por el asesinato de Silvia Suppo. Porque en
todos ellos y ellas y en tantos casos más, los reclamos de justicia sólo se
verán redimidos cuando los culpables paguen, pero sobre todo cuando logremos
poner en pie una Argentina donde no haya impunidad, ni hambre, ni saqueo ni
explotación.
Una Argentina de
y para las grandes mayorías de nuestro pueblo, de los trabajadores y de las
trabajadoras, de los campesinos y las campesinas, de los pueblos originarios,
de los hombres y las mujeres, de las diversidades sexuales, de la juventud y de
los y las estudiantes. Ese será el mejor homenaje y la mejor reivindicación que
podamos hacer de nuestros compañeros caídos, que estarán presentes mientras
nosotros sigamos luchando, en cada joven que resiste y se organiza, y que
visualiza en las figuras militantes de Maxi y Darío un ejemplo de “otra
política”, en su dimensión integral y humana. Una dimensión que incluye la
solidaridad, el compromiso con el otro, poniendo el cuerpo, incluso a riesgo de
dejar la vida en ello. Una juventud profundamente consecuente con los
principios y anhelos por los que Maxi y Darío, y tantos otros, cayeron
luchando.
Cárcel común,
perpetua y efectiva a los autores materiales de los crímenes de Darío
Santillán, Maximiliano Kosteki y Carlos Fuentealba
Juicio y Castigo
a Eduardo Duhalde, Felipe Solá, Alfredo Atanasof, Juan José Álvarez, Jorge
Vanossi, Luis Genoud, Jorge Matzkin, Oscar Rodríguez, Aníbal Fernández y todos
los responsables políticos de la masacre de Avellaneda
Contra la precarización
laboral y la inflación - Salario igual a la canasta familiar - 0% de IVA para
los productos básicos. Por libertad y democracia sindical
Por tierra y vivienda
para todas y todos - Por una reforma agraria integral y socialista - Por la soberanía
alimentaria, energética y financiera de nuestro pueblo
Basta de
femicidios - Contra toda violencia de género - Aborto legal, seguro y gratuito
Por el
desprocesamiento de todos los luchadores y las luchadoras populares
Por los 30 mil
compañeros y compañeras detenidos desaparecidos
No a las bases
norteamericanas y a la intervención imperialista - No al bloqueo de Estados
Unidos a Cuba
Por la unidad y
la autodeterminación de los pueblos de nuestra América.
A 11 años de la
Masacre de Avellaneda:
¡por una
alternativa política de los de abajo, con democracia de base, asamblearia, y de
lucha en las calles!
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