El Ministerio de
Educación impone procesos injustos, bajo el manto encubridor de su ya
reiterativo discurso marketinero de la optimización la eficiencia y la
modernización
En esta oportunidad,
los cambios sobre la marcha afectan los Concursos para Cargos de Conducción,
modificando cupos en forma antojadiza, ampliando y limitado la cantidad de
participantes convocados, así como la forma en que se realizan dichas
convocatorias, y el proceso del concurso (específicamente en la instancia de
prueba de oposición).
El problema radica en
lo intempestivo de la decisión a mediados del concurso ya en marcha, sin
haberlo explicitado en su etapa inicial con la norma correspondiente y
notificación de quienes concursen
Esta situación, sumada
a otras que acarreamos desde la implementación del Sistema APEL (Acto Público
en Línea), genera nuevamente sospechas sobre posibles intenciones de
manipulación dirigida a beneficiar a concursantes alineados con la gestión, que
de llevarse a cabo el procedimiento en forma tradicional, quedaban fuera de la
instancia concursada.
Manipulan la normativa
en forma inconsulta y a conveniencia, incorporando y quitando vacantes,
extendiendo y limitando periodos de postulación, exhibición de vacantes,
comunicación, etc. Los cuestionarios elaborados por Escuela de Maestros,
compuestos por preguntas secretas que deben develarse ante quienes participan
del concurso en el comienzo del mismo, ya no llegan en sobres lacrados a manos
de los jurados a cargo de la evaluación, rompiendo la condición de
confidencialidad.
Desde que se constituyó
la COREAP el caos, el desorden y la falta de reglas claras invaden los
concursos públicos.
Intentan evadir la
participación sindical como garante del derecho de los trabajadores en todos
estos procesos.
Desde UTE no vamos a
pasar por alto estos atropellos.
Reclamamos reglas
claras para el acceso igualitario a los cargos y concursos. Exigimos
procedimientos transparentes y comunicaciones en tiempo y forma, información
pública para todos los trabajadores de la educación a través de una resolución
oficial que explicite las normativas que avalan dichas modificaciones.
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