No al Sistema Nacional de
Reconocimiento Académico.
Por una universidad al servicio de la
mayoría nacional.
El nuevo Ministro de Educación de la
Nación Alejandro Finocchiaro anunció que: “no vamos a financiar más nuevas
carreras en las que no haya áreas de vacancia” y remató que “una Universidad
puede dictar las carreras que quiera, pero tendrá que tener recursos
propios”. “Si una Universidad quiere abrir una carrera de Derecho, por supuesto
que lo puede hacer, pero tendrá que sacar partidas de otros presupuestos para
poder llevarlo a cabo”, explicitó inmutable. Y para coronar, afirmó que
“el país tiene que ir a un sistema universitario donde las carreras sean más
cortas y ágiles”.
Está anunciando el ajuste presupuestario
sobre las universidades públicas.
A los salarios docentes que están por
debajo de la línea de pobreza, los niveles de deserción de nuestros estudiantes
sostenidos en la falta de boleto estudiantil, becas y comedores, se suma ahora
un recorte de $2.000 millones del presupuesto universitario para 2018 en los
ítems no salariales. Las escasas becas (ya recortadas) serán reorientadas a las
carreras de áreas de vacancia. Lo mismo ocurrirá con la reorientación de
partidas para financiar proyectos de investigación. Todo un plan integral
contra la comunidad educativa.
El nuevo Ministro así como 47 Rectores de
Universidades Nacionales, dieron un paso más en el camino de la
equiparación entre Universidades Nacionales Públicas y Privadas. El funcionario
destacó que “a partir de la firma del convenio por el cual se impone el Sistema
de Reconocimiento de Trayectorias Académicas, estudiantes de Ingenierías de
instituciones públicas y privadas del país podrán cambiarse de Universidad sin
rendir equivalencias”.
Doscientos treinta carreras de
Ingeniería se han incorporado al Sistema Nacional de Reconocimiento Académico
que nuestra Federación rechaza por ser un paso más hacia la mercantilización
del conocimiento, en camino a la privatización de las Universidades Estatales.
Tarea ésta que comenzó en los ’90 con la Ley de Educación Superior menemista,
bajo la supervisión y directriz intelectual del Fondo Monetario Internacional y
el Banco Mundial, entre otros.
Estas declaraciones son un programa
estratégico, ya conocido y repudiado por la comunidad universitaria en su
conjunto hace más de veinte años, cuyos pilares se resumen en:
La vulneración de la autonomía académica,
como primer objetivo.
El acortamiento de las carreras de grado
(y la consecuente pérdida de calidad académica), la justificación para la
rápida salida a los posgrados arancelados, maquinaria que mueve fortunas en las
Universidades.
Arancelamiento y negocios (bajo el
formato de “servicios a terceros”, “transferencias”, “vinculación con el
medio”, entre tantas denominaciones que pretenden disfrazar el carácter
meramente comercial de la venta de conocimientos), la fuente de los “recursos
propios” que pasarán a convertirse en único sustento y financiamiento para las
carreras de las áreas “no vacantes”.
Justificación para reorientar y recortar
el presupuesto universitario en función de la demanda, con indefectible
precarización laboral y pérdida de cargos docentes por cierre de carreras
“inviables”.
Movilidad estudiantil, como oferta
demagógica hacia el estudiantado que derivará inexcusablemente en disminución
de matrícula y tasa de graduación en las Universidades “chicas y medianas” en
detrimento de las grandes y tradicionales (que por ello recibirán más
presupuesto que el resto).
La “vacancia”, el planteo que justifica
todo este atropello, y que obedece a las leyes del mercado (oferta y demanda) y
no a las necesidades de las mayorías populares que sostienen las universidades
públicas.
Para la CONADU Histórica -Federación Nacional de los Profesores¡,
Investigadores y Creadores Universitarios- existe una sola “vacancia”: la de las
necesidades populares y la del desarrollo autónomo de la investigación, la
ciencia y la tecnología.
CONADU Histórica, en la antesala del
Centenario de la Reforma Universitaria de 1918, reafirma su defensa
incondicional de la Universidad pública estatal, laica, gratuita, autónoma,
científica, de calidad, con ingreso irrestricto y -por sobre todo- comprometida
con las grandes mayorías nacionales y no con las “vacancias” definidas por las
grandes empresas y las corporaciones de la educación privada.
Por todo ello, la Federación ratificó la
continuidad del plan de lucha instalando estos debates junto al movimiento
estudiantil a lo largo y ancho del país a través de foros, paneles,
movilizaciones y todo tipo de intervenciones con centralidad en:
La derogación de la Ley de Educación
Superior menemista, soporte de los fondos propios, las carreras cortas de baja
calidad, los posgrados arancelados, la precarización laboral y la igualación de
las Universidades públicas y privadas.
El rechazo al Plan Maestro que profundiza
la mercantilización y privatización de todos los niveles Educativos.
La derogación del Sistema
Nacional de Reconocimiento Académico que privatiza de hecho y de derecho
a la Universidad Pública.
El aumento del presupuesto universitario, rechazando todo tipo de recorte abierto o encubierto.
El aumento del presupuesto universitario, rechazando todo tipo de recorte abierto o encubierto.
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