(El Día. La Plata, sábado 25 de junio de 2016)- Sancionada por
unanimidad en la Legislatura en 2015, la aplicación de la Ley de Boleto
Educativo gratuito sigue en veremos. Y si bien en la gestión bonaerense se
barajaba la idea de poner en marcha el beneficio en los próximos meses a través
de un esquema “reducido” y “progresivo”, la Justicia platense intervino y acabó
por fijar los límites para la instrumentación del beneficio.
En las últimas horas,
el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 11
de La Plata indicó al gobierno bonaerense en general y a representantes del
área educativa en particular que aporten los datos necesarios a fin de que la
ley se reglamente, a más tardar, en septiembre de este año.
Así lo resolvió la
jueza María Cecilia Valeros de Corica, titular de ese juzgado, luego de la
audiencia a la que convocó y de la cual participaron representantes de la
Federación Universitaria de La Plata (Fulp) y del gobierno provincial.
La magistrada explicó
que la audiencia se dio en el marco de “un amparo que presentaron alumnos de la
Facultad de Bellas Artes de la UNLP, quienes piden que se reglamente la ley”
sancionada en el 2015 por unanimidad en la Legislatura.
El tema a resolver es
“la implementación”, remarcó Valeros de Corica.
Consideró asimismo que
el estudio exhaustivo sobre cómo se aplicaría la ley se debería haber realizado
antes de su sanción. “Ahora nos encontramos con que si yo resuelvo la
implementación inmediata, operativamente no se puede llevar adelante, porque no
sabemos con qué mecanismos ello es posible”, dijo la jueza.
En ese contexto, el fin
de la audiencia fue “avenir a las partes para que se pueda avanzar con esa
reglamentación y con la aplicación en el corto plazo”.
“Operativamente, desde
el poder judicial no puedo ordenar algo que no se puede cumplir. Tengo que
saber que lo que pongo en la sentencia es real. Y para eso nos faltan datos”,
enfatizó.
La ley de Boleto
Educativo Gratuito fue sancionada el 1º de julio del año pasado, pero aún está
pendiente su implementación. Esa situación provocó desde comienzos de año un
enfrentamiento entre las federaciones estudiantiles universitarias y
organizaciones de terciarios y secundarios con el gobierno provincial.
Ahora, con el
compromiso de resolver la cuestión en septiembre, la jueza Valeros invitó a las
partes a una nueva audiencia previa pautada para el próximo 5 de agosto.
Allí, los
representantes del gobierno como los del sector educativo deberán aportar los
datos que están haciendo falta y deberán exponer los avances logrados.
“Puse como fecha límite
el 5 de agosto como la previa a la implementación. Tenemos que ir paso a paso
haciendo avances conjuntos, la idea es que en el menor tiempo la ley se cumpla
sin dejar aristas frágiles”, puntualizó Valeros. En esa línea, remarcó la
necesidad de conocer la cantidad de alumnos que afectará la ley para informar
el cupo y, luego, determinar el presupuesto.
“Desde el gobierno
quieren ser prolijos. Ver a cuántos, a quiénes y cómo se destina ese
presupuesto. Descartaron dejar sin efecto la ley porque la idea es que se
cumpla, pero ahora necesitamos avanzar en su implementación”, explicó.
En la audiencia
participó el subsecretario de Transporte Provincial, Juan Ezcurra; el
vicepresidente de la FULP, Fermín González Laria y asesores legales de ambas
partes.
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