(Por Ana I. Bernal Triviño. www.publico.es Madrid, miércoles 22 de junio de 2016)- La conocida como ley Wert levantó una ola de manifestaciones sociales. Casi tres años después, la efectividad de esos cambios se cuestiona. Los profesores se han
visto afectados por recortes de personal, sueldo y aumento de la ratio. Los
alumnos, con derivaciones forzosas a la escuela privada y concertada, reválidas, menos becas, cierre de servicios y mayores
tasas universitarias. Como ocurre con la sanidad, se ha convertido en otro
espacio donde la iniciativa privada resulta más beneficiada.
La conocida como ley Wert (Ley Orgánica 8/2013) fue la propuesta del Partido Popular
en educación. La LOMCE se creó sin diálogo con la comunidad educativa y está marcada por diferentes medidas polémicas. Desde quien la tacha de ideología, conmayor peso a la religión católica y desprecio a las humanidades, hasta su tendencia a favorecer la
educación privada y concertada.
Pero junto a la ley también vinieron recortes
sociales. Un cóctel que provocó una Marea Verde que alertaba de esta situación. En lugar de atender a sus peticiones, algunas
comunidades autónomas incluso iniciaron
una campaña de descrédito hacia los profesores.
Han sido tres años de cambios, con presión para profesorado y alumnos. Les exigen alto
rendimiento y buenos resultados. ¿Cómo conseguirlos?
Complicado, según sus afectados, porque
no va a ser fácil recuperar lo perdido.
Y, todo ello sin olvidar una universidad pública en busca de rentabilidad y marcada por la
subida de tasas. La educación en España sigue siendo la asignatura pendiente y por ahora,
no tiene perspectivas de mejora.
La educación como herramienta ideológica
“La educación se ha trasformado en ideología y política. Hasta que no se haga un pacto educativo que deje la ideología al lado no se va a convertir en una prioridad.
Aunque tuvieran mayoría absoluta, la LOMCE no
fue negociada”, sostiene Sonia García, de ANPE.
Para María Acaso, profesora e
investigadora, lamarginalización de las asignaturas relacionadas con las artes en general tiene un
claro origen político. Aún recuerda cuando el ministro de Educación, José Ignacio Wert, dijo la frase: “La educación artística distrae de las demás asignaturas”. Para ella, esa declaración resume la política educativa del PP sobre las humanidades en
general. Esta profesora refleja investigaciones que demuestra la necesidad de
que los alumnos, sobre todo en Secundaria, aprendan “a leer imágenes en un mundo audiovisual, y con capacidad crítica. Cuando los consumidores no son capaces de
descodificar las imágenes y tomar decisiones,
los estados y las corporaciones nos tienen en sus manos. Sólo las asignaturas relacionadas con las
humanidades, como Filosofía o Historia, son las que
generan un conocimiento propio sobre lo que nos rodea. Por esta razón la LOMCE las suprime, para impedir el desarrollo
del pensamiento crítico en la escuela y
formar consumidores ávidos. Digamos que, con
la LOMCE, el PP lo que está haciendo es formar a sus
futuros votantes y futuros consumidores de las multinacionales”, concluye.
Aumento de ratio y peores condiciones para
el profesorado
Los cambios con más impacto fueron el
aumento de las ratios, del horario lectivo, retirar la paga extra a docentes,
congelación de sueldo, y la
paralización del empleo público. El sindicato ANPE añade que se han perdido unos 26000 profesores en la
escuela pública y que ha aumentado
el número de interinos, ante
la falta de oposiciones. “Tenemos tasas de
interinos superiores al 20%, cuando no deben superar el 6%. Luego, un dato
importante… En la memoria del
Consejo Escolar se detalla que más del 35% de los profesores tienen más de 50 años, así que en diez años se jubilarán más de 200.000 profesores. Si queremos que la educación sea una prioridad debe centrarse en estas
prioridades”, relata Nicolás Fernández, presidente de ANPE.
“Hay más de 70.000 puestos precarios, con jornadas parciales, no se aumentan
profesionales y se recorta en pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, lo que
supone la precariedad de la red de educación especial, de las ACES y de la aulas de enlace que
casi han desaparecido”
Colectivos más vulnerables también padecieronrecortes en servicios de orientación, logopedia o pedagogía. “Se atenta contra la atención individualizada del alumno, a la vez que se ha aumentado la ratio”, mantiene García, de ANPE. “Haymás de 70.000 puestos precarios, con jornadas parciales, no se aumentan
profesionales y se recorta en pedagogía terapéutica, audición y lenguaje… lo que supone la precariedad de la red de educación especial, de las ACES y de la aulas de enlace que
casi han desaparecido; junto con bibliotecas y proyectos de innovación. En definitiva, falta de recursos para atender la
diversidad”, sentencia Sandra Villa,
de Mareas por la Educación Pública.
Favorecer a la religión católica
Una de las novedades de la LOMCE tuvo que ver con la religión católica. Se convirtió en una asignatura
optativa y evaluable. El año pasado, sindicatos como
CCOO, ya mostraban que el número de los alumnos que
elegían religión había aumentado un 150%. ¿Las razones? “Cuenta para la nota media y percibe como una
asignatura fácil, y eso cuenta para
todo, como becas o promoción”, según Beatriz Quirós, de la confederación STEs. Y añade una consideración: “Según datos de la propia
Iglesia, hay unos 15000 profesores de religión católica. Si lo multiplicas por unos salarios de 30000 euros al año, salen 450 millones de euros que se destinan sólo al pago del profesorado de religión católica. Es una cantidad mareante si tenemos en cuenta todos los recortes
educativos y vemos cuánto cuesta el
adoctrinamiento del alumnado”, remarca. También incide en que la asignatura cuenta con algunos
atractivos para los estudiantes como viajes o que las calificaciones suelen ser
elevadas.
Privilegios de la escuela privada y
concertada sobre la pública
Fernando Arribas, de la asociación Yo Estudié en la Pública, explica cómo clases de secundaria
han pasado de 30 a 36 alumnos; o en bachillerato de 36 a 42 alumnos. “Esto genera desigualdad y masificación en las aulas, incluso con el cierre de algunas
como Getafe o Vallecas. Y deriva a la concertada. La libertad de elección no se aplica, sino que se restringe, lo que
obliga a otros alumnos a tener que marchar a la concertada”.
Beatríz Quirós, de STEs, recuerda que los recortes han ido a
parar sólo a la red públicaeducativa porque “en la privada y concertada se ha aumentado de
manera exponencial, donde se han mantenido los conciertos. Un 70% de los
alumnos está en la escuela pública, y el resto en la privada–concertada. Es anómalo en Europa porque incrementa la desigualdad y
la exclusión del alumnado más desfavorecido”, mantiene.
Otro apunte: los recortes han paralizado la construcción de centros de alumnos de 0 a 3 años, o la ausencia de mantenimiento de otros
centros, más envejecidos; donde “sólo la voluntad del
profesorado permite paliar una pequeña parte de esas deficiencias”, subraya Quirós.
Ley educativa sin ley de financiación
Para llevar a cabo una nueva ley de educación, hace falta un plan económico. Excepto la última subida en los Presupuestos Generales del
Estado de cara al año electoral, el colectivo
de la educación en España ha sufrido un fuerte hachazo en los últimos años.
Se han perdido unos 7 mil millones de euros de inversión en educación. Respecto al PIB nos mantenemos en unos niveles
medios del 4,6% pero Bruselas pide el 3,9% y eso no es una buena noticia”
“Los cambios ya empezaron en el año 2010. Calculamos que se han perdido unos 7 mil
millones de euros de inversión. Respecto al PIB nos
mantenemos en unos niveles medios del 4,6% pero Bruselas pide el 3,9% y eso no
es una buena noticia”, comenta Fernández, de ANPE. Reclama, ante todo, que junto a la
ley educativa se aplique “una ley de financiación paralela”. Sin una financiación real, que no sea una simple “memoria” no se podrán enfrentar los retos del
sistema educativo.
La polémica del informe PISA
Como excusa para estos cambios, siempre se ha llevado a discusión el polémico informe PISA, que critica el nivel educativo de los alumnos españoles. Pero diversos colectivos cuestionan este
baremo. Primero, por cuestiones socioculturales. Segundo, por la pura inversión en el sistema. “Con un gasto en educación de poco más del 4% del PIB, y nos iremos al 3.9 de Bruselas,
y con las ratios marcadas, no podemos pretender estar bien en ese ranking y
mejorar el fracaso escolar”, matiza Arribas, de la
asociación Yo Estudié en la Pública.
Desde este colectivo piden crear un observatorio en educación que mida con otras variables, más allá de la calificación de unas asignaturas
concretas. Y, que en ello, existan otros agentes en el debate. “José Antonio Marina fue nombrado por el ministro de Educación y se le acredita como el salvador de este tema.
Creemos que no tiene legitimidad y pedimos que el verdadero dialogo no caiga en
una sola persona, sino en un pacto global”, afirma.
El papel de las reválidas
Las reválidas de secundaria van
suponer un obstáculo para la continuidad
de los alumnos en estudios superiores, porque “es una prueba única para todos y no se valora procedencia ni nivel
sociocultural”
“Primero habría que matizar que no todas las reválidas deben llamarse así. En sexto no hay reválida. Es una prueba externa sin efecto académico y la compartimos, pero no para hacer ranking
de centro. Sí existe en 4º de la ESO, donde creemos que la evaluación continua debe ser en el centro; y en 2º de Bachillerato, y esa sí nos parece razonable”, determina Fernández, de ANPE.
Arribas, de Yo Estudié en la Pública, conoce estas pruebas por sus hijos: “Fueron exámenes de cuatro horas y media de duración, para niños de 8 y 11 años, y mis hijos decían que estaban agotados. Los enunciados eran de
seis o siete líneas cuando pedagógicamente se sabe que no estaban adaptados para
esas edades”, explica. Denuncia que
las reválidas de secundaria sí que van suponer un obstáculo para la continuidad de los alumnos en estudios
superiores, porque “es una prueba única para todos y no se valora procedencia ni nivel
sociocultural”.
Prácticas más rentables para
las empresas
La anterior FP de grado superior tenía dos años académicos. En los últimos tres meses del curso, el alumno recibía formación práctica en centros de trabajo. Pero la LOMCE cambia estos periodos. Ahora,
la parte docente se concreta sólo en el primer año. Y los tres meses de prácticas pasan a un año completo.
“Es peor porque comprimes toda la teoría de dos años en uno, y luego, aunque den un pequeño incentivo a modo de beca se pueden crear
sustituciones de puestos de trabajo reales por un contrato precario, que
desempeñan estos alumnos”, considera Arribas, de Yo Estudié en la Pública.
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