En la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Mariana Scayola, secretaria general del gremio Ademys, remarcó las
prevenciones: "Vemos muy difícil una vuelta a la presencialidad. En el
marco del aumento de la curva de contagios, el Gobierno tiene una política de
convivencia con el virus, pero no están garantizando las condiciones sanitarias
para esa presencialidad".
Del otro lado de la
avenida General Paz, María Laura Torre, secretaria general adjunta del Suteba,
gremio liderado por Roberto Baradel, indicó: "Lo primero es el cuidado
solidario y colectivo de todos los bonaerenses. Hoy, cuando se habla de
presencialidad, no la podemos imaginar de la misma manera que antes porque
tampoco es igual en el resto de las situaciones".
En medio de las
recorridas de Trotta por las provincias y los reparos de los gremios docentes,
el expresidente Mauricio Macri cuestionó al Gobierno por su política educativa
en medio de la pandemia (ver aparte). Recibió una dura respuesta a través de un
comunicado de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), con las
firmas de Sonia Alesso, secretaria general, y Baradel, su adjunto.
"¡No tienen
vergüenza!", señalaron, en alusión a Macri y su gobierno. Pero, en el
marco de esa reacción, convalidaron las preocupaciones ante el repunte de
casos. "Esos personajes parece que no se informaron sobre un segundo brote
en Europa, sobre el aumento de casos de Covid-19 en niños y jóvenes",
señalaron, para completar: "En estos tiempos de pandemia, las condiciones
de salud, el cumplimiento irrestricto de los protocolos y las condiciones de
higiene y salubridad en las escuelas deben ser una prioridad para el regreso a
la presencialidad".
El mensaje final es aún
más determinante: "No podemos permitir que se juegue con la salud, con la
vida de la comunidad educativa".
En los últimos días,
Trotta recordó que la decisión de la modalidad con la que regresarán las clases
es una prerrogativa de las provincias. Sobre ese punto, Romero planteó que
"se va a producir una profunda grieta" entre los distintos distritos,
donde lo político se cruzará con lo sanitario. Además, advirtió: "Hoy
tenemos un sistema educativo quebrado: en cada provincia se pagan distintos
salarios y los contenidos también varían de una a otra. Ahora se va a
resquebrajar más y se van a formar distintos jóvenes según la región, lo que
podría traer consecuencias muy serias".
Scayola apuntó contra
el ministerio y criticó las libertades otorgadas a las jurisdicciones:
"Nos parece que el ministro Trotta vuelve a desresponsabilizarse al decir
que cada provincia va a hacer lo que le parezca. Antes había dicho que el
criterio para la presencialidad iba a ser el semáforo epidemiológico, pero se
desdijo. Si tuviéramos eso en cuenta, no estaríamos por volver".
Cuando fue consultado,
Trotta evitó la confrontación y relativizó que los planteos sean definitivos:
"Vamos a seguir dialogando. Las distintas organizaciones sindicales
tuvieron voluntad en 2020, tenemos que continuar trabajando".
"Para febrero se
tiene que discutir si el plan jurisdiccional se cumple. Contiene ocho
protocolos, abarca desde la infraestructura escolar hasta la cantidad de niños
por aula y cómo se desarrolla esto en la pandemia", explicó Torre, quien
prefirió no anticipar escenarios.
Desde un comienzo,
Trotta aclaró que "el inicio de clases no está asociado a la vacuna, pero
la vacuna fortalece". De todos modos, algunos dirigentes gremiales
vinculan la presencialidad directamente con la vacunación de los docentes.
"Señalar como
resuelto algo sin que haya una evidencia concreta de que se vaya a cumplir en
el corto plazo no colabora. La vacunación de los docentes no garantiza nuestra
salud ni la de los estudiantes", dijo Scayola.
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