La presentación fue
anunciada en una conferencia de prensa frente a la Legislatura que reunió a
todos los sectores que conforman la comunidad educativa porteña.
El pedido de juicio
político contra Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg, Santiago Otamendi y Luis
Francisco Lozano se fundamenta en la vergonzosa sentencia definitiva con la que
rechazaron el amparo que ordenaba al Gobierno de la Ciudad garantizar a un niño
una vacante en la escuela pública. El fallo del TSJ indica que solamente podrán
reclamar vacantes en establecimientos estatales aquellas personas que
demuestren que no pueden pagar una institución privada.
Esta decisión viola el
Artículo 24 de la Constitución de la Ciudad que indica que es obligación del
Gobierno de la Ciudad garantizar la vacante a las personas que opten por la
escuela pública.
Durante la conferencia,
la legisladora Lorena Pokoik del Frente de Todos afirmó que el fallo “es
inédito y le da la espalda a todo lo que hemos avanzado en conquistas de
derechos. Es un fallo discriminatorio que está basado en la mercantilización de
la educación pública”.
La diputada del Frente
de Izquierda y los Trabajadores Myriam Bregman calificó al fallo como
escandaloso y violatorio de la Constitución de la Ciudad y de “todos los
tratados de derechos humanos que hablan de la progresividad de derechos”.
La Secretaria de Prensa
de UTE Paula Galigniana, explicó que mientras se desarrollaba la conferencia de
prensa, la Secretaria General del sindicato, Angélica Graciano, estaba
declarando en la causa que le abrió el gobierno de Larreta por defender la
transparencia en los actos públicos de acceso a cargos docentes. “Esta maniobra
no es un hecho aislado, viene encadenada con todo lo que hace el Gobierno de la
Ciudad que utiliza a la justicia para ajustar en educación”, indicó.
Participaron de la
actividad Jorge Adaro de Ademys y Alejandra López de SADOP quienes acompañaron
el repudio al fallo del TSJ. También estuvieron presentes las y los
legisladores del Frente de Todos Lucía Campora, María Bielli, Cecilia Segura,
Laura Velasco, Victoria Montenegro, Juan Manuel Valdés, Leandro Santoro, Javier
Andrade, Santiago Roberto, Manuel Socias, Matías Barroetaveña. Por el Frente de
Izquierda y los Trabajadores estuvo el legislador Pablo Almeyda.
Entre las
organizaciones presentes estuvieron Cooperadores en Movimiento, con su titular
Pablo Cesaroni; Micaela López Rodríguez, de La vacante es un Derecho; Amparo
López, del Centro de Estudiantes del lenguas Vivas; Camila Carrillo del Centro
de Estudiantes del Mariano Moreno; y Ester Levy de FEDUBA.
Sumaron sus adhesiones
las Abuelas de Plaza de Mayo y las Madres Línea Fundadora; Familias de
Desaparecidos y Detenidos por razones políticas Comisión Zona Norte; Familiares
y compañeros de los 12 de Santa Cruz; Fundación Memoria Histórica y Social
Argentina; la APDH y Argentina por los Derechos Humanos y Buena Memoria, entre
otros organismos defensores de los Derechos Humanos.
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