El mensaje fue
replicado por el cura de La Rioja, Nicolás Vilches, y contó con el silencio
cómplice de toda la jerarquía eclesiástica. La Conferencia Episcopal, que no
demoró en pronosticar una “mayor división entre los argentinos” a partir de la
votación en el Senado, habilita sin miramientos todo tipo de agravios por parte
su propia curia hacia la marea verde.
Como vemos, la
misoginia no deriva de un exabrupto puntual proveniente de algún miembro
particular de la iglesia, sino que forma parte constitutiva de las
instituciones religiosas, quienes la promueven en todos los ámbitos en pos de
perpetuar un papel subordinado reservado para las mujeres, y de esta forma,
colaborar en sostener uno de los pilares sobre los que se apoya la explotación
hacia las mayorías.
La justificación lisa y
llana de los femicidios tampoco suscitó repudio alguno por parte de ningún funcionario
gubernamental. El gobernador provincial, Sergio Uñac, es un antiderechos de
larga data; y por su parte, el “primer feminista” Alberto Fernández, se postra
permanentemente frente al clero, ya que necesita de sus servicios para
garantizar la “paz social” en el medio del ataque profundo hacia los sectores
populares que viene protagonizando.
El Estado, responsable
de que en el 2020 se hayan perpetrado 298 femicidios -a razón de uno cada 29
horas- es también el que solventa con fondos públicos a estas “usinas de la
reacción”. En San Juan, los subsidios estatales a la Iglesia Católica abarcan
el sueldo del Obispo y de 32 seminaristas, el sostenimiento de 18 parroquias de
frontera, 39 colegios confesionales, y 150 instituciones laicales ligadas a la
iglesia, entre las que se encuentran comedores populares, Hogares de Belén,
Cáritas, etc. (Diario de Cuyo, 19 de
diciembre).
El artículo completo de
Sofía Yalj Harteker puede leerse aquí.
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