Organizaciones sociales
gremiales, sociales y políticas de distinto origen nos convocamos con el
propósito de debatir los múltiples
problemas suscitados por la pandemia, y solicitamos al gobierno provincial que
nos convoque a conformar un comité de crisis provincial que atienda las
urgencias sociales y económicas. Tenemos mucho para decir y aportar sobre las
dificultades que sobrellevan a diario los entrerrianos.
Argentina tuvo que
hacer frente a la pandemia del COVID -19 en medio de la declaración de
emergencia social aprobada por el congreso en diciembre, y de la renegociación
de la deuda externa, profundamente agravada durante el gobierno de Mauricio
Macri. En este contexto de crisis, el gobierno de Alberto Fernández, tomó
medidas para afrontar la emergencia sanitaria como problema principal,
instruyendo en todo el territorio nacional el Aislamiento Social Preventivo y
Obligatorio desde el 20 de marzo. Su efectividad, en comparación con otros
países de la región y del mundo, proporciona por el momento datos positivos.
Al mismo tiempo, la
emergencia sanitaria puso al desnudo las desigualdades del país, cuyos
principales perjudicados son los que hace décadas conforman el esquema de
pobreza estructural. Y que en los últimos cuatro años del gobierno de Cambiemos
fueron los principales perjudicados.
Observamos que frente a
la enorme crisis suscitada se produce una disputa política por quién debe
pagarla. Valoramos positivamente el impuesto a las grandes riquezas que se
comenzará a discutir en el Congreso Nacional para que sean quienes
históricamente se beneficiaron con las políticas económicas los que esta vez
también hagan un esfuerzo. Del mismo modo que nos parece un acierto no pagar y
renegociar la enorme deuda contraída por el gobierno de Mauricio Macri,
consideramos necesario que se suspenda el pago definitivamente para su
investigación. Hoy más que nunca la deuda es con el pueblo. Con los millones
que viven bajo el índice de pobreza e indigencia, con los trabajadores, con las
pymes de la ciudad y el campo, con los jóvenes y niños (el 48% de los niños y
niñas son pobres) cuyo futuro es cada vez más incierto, con las mujeres
víctimas de violencia de género, en fin, con el pueblo en su conjunto.
Pero la disputa por
quién paga la crisis se manifiesta de diferentes maneras. Las grandes
industrias (Pan American Energy, Tecpetrol y Techint, entre otras) despiden,
suspenden y rebajan los salarios, contrariando el decreto (DNU) del 31 de marzo
del presidente Alberto Fernández, donde prohíbe las suspensiones y despidos por
el término de 60 días, y contrariando también las necesidades de los
trabajadores y sus familias. Estos grupos económicos junto a las grandes
cadenas de comercialización que presionan por el aumento de precios, y los
bancos (Santander Río, Banco Francés -BBVA-, Citibank, Itaú, ICBC, entre otros)
cuyas tasas de ganancias fueron extraordinarias con las políticas de Mauricio
Macri, pretenden que sea el pueblo quien pague la crisis.
Todo lo anterior
constituye un marco crítico insoslayable para la vida presente y futura de la
sociedad entrerriana. Por esa razón creemos que es momento de unirnos para
actuar coordinadamente con el horizonte puesto en atender las necesidades de la
mayoría, y con la perspectiva política de que no sean las clases populares
quienes paguen con su vida la crisis de la pandemia, agudizada por cuatro años
de políticas neoliberales. Las organizaciones sindicales, sociales y políticas
que nos convocamos venimos actuando de distinto modo, mediante acciones
directas sobre los problemas que aquejan al pueblo.
En virtud de esto,
proponemos al Poder Ejecutivo la conformación de un Comité Provincial de
Crisis, llamando a su integración al conjunto de las organizaciones sindicales,
sociales y políticas cuya experiencia territorial, sindical y social, adquirida
en largos años de militancia, nos permitirá contribuir en hacer más efectivas
las políticas destinadas a paliar las tremendas consecuencias sociales y
económicas que nos imponen las circunstancias actuales. Esto en el camino de la
construcción de una sociedad equitativa y solidaria.
Firma este documento entre
otras organizaciones: AGMER CDC
(Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos – Comisión Directiva Central)
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