SAPAG,
EL EMPERADOR Y EL FALLO PARA DESIGNAR SUPLENTES
Repudiamos la
resolución 98/2013 de la jueza civil Graciela Beatriz Rossi, que hace lugar a
la designación de suplente en la sala de cinco años del Jardín de Infantes 16
de Chos Malal.
La medida viola el
derecho de huelga en este caso, contra la compañera Analía Fernández y sienta
un precedente para todos los trabajadores de la educación en huelga.
Se trata de una medida
coercitiva que el gobernador ha saludado. Sapag que en su discurso de inicio de
sesiones legislativas anunció una consulta popular para prohibir el derecho a
huelga, fue directo a su aplicación vía el poder judicial.
Tiene como base el
decreto n° 735/10 que es manifiesta y
absolutamente inconstitucional. Por eso, a pesar que tiene 3 años desde su
dictado, jamás pudo ser aplicado.
La educación NO es un
servicio público esencial. Para saberlo basta leer la Constitución Nacional que
en su art. 14 define a la educación como un DERECHO y no como un “servicio”. Lo
mismo se repite en el art. 110 de la Constitución Provincial y en los Tratados
Internacionales con jerarquía constitucional (art. XII de la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 26 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos; art. 28 de la Convención sobre los Derechos
del Niño, entre otros).
También la Organización
Mundial del Trabajo (de la cual Argentina forma parte) fija taxativamente qué
trabajos pueden calificarse como “servicios esenciales”. En ningún caso la
educación ha sido incluida entre los servicios públicos esenciales porque esa
definición se restringe a aquellos “cuya interrupción podría poner en peligro
la vida, la seguridad o la salud de las personas”. Se descarta expresamente el
sistema público de educación.
Sólo un déspota puede
creer que firmando un decreto o resolución se suplanta lo que está escrito en
las Constituciones Nacional y Provincial y los Tratados Internacionales.
Por donde se la mire
esta ofensiva muestra la zozobra de la política del gobierno para presionar y
obligar a que los directores informen los paros y armen “listas negras”.
El derecho de los niños
y niñas es violado por el gobierno cuando un pizarrón cae sobre sus cabezas
como en la escuela de San Martín de los Andes, o el cielorraso que se desplomó
en la Escuela especial 1, o la puerta que se azotó en un jardín del Chocón.
La falta de partidas de
alimentación y limpieza, el
transporte, de obras escolares
para garantizar un banco para todas/os, el sueldo miserable de los trabajadores
de la educación (que afecta las condiciones para enseñar), etc. es una
violación lisa y llana de los derechos de los niños y niñas.
Reclamamos el rechazo y
apelación del fallo por parte del CPE y la derogación del decreto 735/10.
Llamamos a todas las
organizaciones a pronunciarse en defensa de la compañera Analía Fernández y por
la anulación del fallo y el decreto 735/10.
ACTIVIDADES
Se resuelve continuar
con el paro el día viernes con recorrida de escuelas y la exigencia de la
negociación para plantear todas las consideraciones que realizaron las
asambleas respecto a la propuesta del gobierno.
Sábado:
asamblea y plenario de secretarios generales
La propuesta del
gobierno fue rechazada por las asambleas. Reclamamos la precisión en la
devolución de prestaciones del ISSN, la convocatoria a una mesa salarial en
donde el gobierno realice una oferta a cuenta de junio. Y además exigimos una
sesión extraordinaria del cuerpo colegiado del CPE para que se vote la resolución
de devolución de los descuentos por la recuperación de contenidos.
Como planteamos en la
mesa de negociación, el gobierno niega el otorgamiento de un incremento
salarial frente a la inflación creciente, contrasta con la aceptación de la
redeterminación de precios de las empresas contratistas como lo establece el
Decreto 1201/02. Existen recursos financieros suficientes pero están destinados
a los subsidios a las empresas privadas, a las condonaciones impositivas, a los
sobreprecios de obras y al pago de intereses por el endeudamiento creciente en
la provincia, tal como lo refleja el actual proyecto de presupuesto 2013.
Reclamamos el cese de todo tipo de intimidación y amenazas de sanciones que
violan el derecho de huelga.
La pérdida de días de
clases es responsabilidad del gobierno, ya que nuestros reclamos fueron
planteados en el período de receso escolar. Es el ejecutivo y sus
representantes quienes deben garantizar todas las condiciones para el normal
desarrollo del hecho educativo. Y quienes teniendo en sus manos la decisión
política y material de resolverlo, eligieron la prolongación del conflicto.
COMISION
DIRECTIVA PROVINCIAL ATEN
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