El gobernador de Entre
Ríos, Gustavo Bordet, presentó un proyecto de ley de "emergencia
económica, sanitaria, administrativa y previsional", en el marco de la
pandemia de coronavirus, que prevé aumentos de impuestos y de aportes
jubilatorios, contribuciones especiales, y un límite de aumentos paritarios,
iniciativa rechazada por la CGT (Confederación General de los Trabajadores) y
otras asociaciones y gremios provinciales.
Bordet defendió el
proyecto, que ingresó a la Cámara de Diputados, al sostener que las medidas del
gobierno del ex presidente Mauricio Macri generaron "cerca de $4.000
millones menos para Entre Ríos en seis meses, un hueco fiscal enorme y una
fragilidad extrema", sumado a la pandemia del coronavirus.
La CGT nacional rechazó
el proyecto porque, sostuvo, avanza contra "los intereses de los
trabajadores estatales y de empresas con participación de la administración de
ese Estado", y dijo que el gobierno entrerriano debe reclamar "un
mayor esfuerzo a quienes tienen mayor poder de contribución, que deben dejar de
ganar un poco ante la crisis".
El proyecto oficial
añadió que la caída de la actividad económica "ha sido enorme" y por
eso el proyecto de ley busca "encontrar recursos, cumplir con las
obligaciones corrientes y sostener las demandas del sistema sanitario que son
muchas".
La iniciativa declara
el estado de "emergencia económica, sanitaria, administrativa y
previsional" por un año, y promueve "un esfuerzo colectivo" de
"quienes tienen mayor capacidad contributiva".
El proyecto propone el
aumento de los impuestos a las droguerías de 1,6% a 4%; a quienes poseen más de
1.000 hectáreas, y dispone que el sector financiero y bancario aporte una
"contribución especial", ya que "fue el que más se benefició en
los últimos años", dijo el gobernador.
Respecto al sistema
previsional, el proyecto promueve un aumento progresivo de aportes de activos y
pasivos a la Caja de Jubilaciones que, según Bordet, comprenderá a quienes
perciban más de 75.000 pesos.
En Entre Ríos, cada
trabajador activo "aporta el 16%, el porcentaje más bajo en el país",
enfatizó el mandatario entrerriano y dijo que el aumento de los aportes lo
pagarán "todos: funcionarios políticos, legisladores y jueces, no
solamente trabajadores". Finalmente, Bordet propone que "ningún
organismo ni ente descentralizado del Poder Ejecutivo, Legislativo o
Judicial" incremente sus haberes "por fuera de los acuerdos
paritarios que el gobierno defina" con los gremios.
"Por ejemplo, si
se decide en paritaria que el aumento sea del 10 por ciento, será ese porcentaje para un
maestro, enfermera, juez, legislador o funcionario, todo con igualdad",
concluyó.
Si bien el proyecto
recibió el apoyo de intendentes, legisladores y políticos de la provincia, fue
rechazado por diferentes asociaciones, organizaciones sociales y políticas,
como la Asociación Gremial del
Magisterio de la provincia de Entre Ríos (Agmer), gremio docente
mayoritario, ATE, CTA, CTEP, Apyme, entre otras.
La Asociación de la
Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos y la Asociación Judicial de
Entre Ríos (AJER) emitieron un comunicado rechazando "enérgicamente"
el proyecto de ley.
"La democracia y
la ética de la política implican diálogo y consensos para afrontar los momentos
difíciles, y el gobierno, en esta oportunidad, no ha mostrado esa
vocación" señala el escrito.
Aseguraron que
implicaría "un ajuste más los bolsillos de aportantes y jubilados",
vulnera "de manera flagrante los derechos constitucionales de movilidad
jubilatoria, intangibilidad e independencia judicial y compromete seriamente la
institucionalidad y gobernabilidad".
En tanto,
organizaciones y gremios consideraron, en un documento conjunto, que "es
un error" que la crisis "se descargue sobre los trabajadores y
trabajadoras" y el Estado "debe protegerlos, más aún cuando son
quienes están poniendo todo su esfuerzo" durante la pandemia.
También remarcaron que
el "modelo productivo y recaudatorio no puede seguir siendo el que
surgiera con la dictadura" cívico militar y se declararon "en contra
de cualquier medida que pretenda descargar la crisis sobre trabajadores y el
pueblo".
Además de Agmer,
firmaron la Asociación Trabajadores del Estado (ATE); La Bancaria; la
Asociación de pequeñas y medianas empresas (Apyme); CTA de los Trabajadores y
CTA Autónoma de Entre Ríos; organizaciones civiles, políticas, sociales y
gremiales.
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