El ministro de
Educación Nicolás Trotta y el ministro del Interior Wado de Pedro, con el aval
explícito de los rectores, firmaron un convenio por el cual se pretende imponer
el ciberpatrullaje a los estudiantes.
Identifíquese
El convenio firmado
ayer tiene como fin implementar un programa de reconocimiento facial de las y
los estudiantes en las instancias de exámenes virtuales, un verdadero
escándalo.
Transforma la línea de
la retrógrada política del rector de la Universidad Nacional de Córdoba Hugo
Jury, que inauguró la política del ciberpatrullaje en la vida de los
estudiantes, en una política de Estado.
En Córdoba se contrató
a Respondus. Una multinacional de entornos virtuales que ofrece un software con
dos módulos. Por el primero, LockDown Browser, se controla la computadora del
estudiante, restringiendo el navegador para impedir que se abran ventanas o se
hagan capturas de pantalla. Por el segundo, Monitor Work, la webcam del
estudiante se enciende y se graba todo lo que sucede en su casa.
De implementarse esta
medida se profundizará la expulsión de los estudiantes que no cuenten con el
equipamiento exigido (computadora propia, webcam) y la necesaria conectividad.
Esto también corre para la docencia universitaria, a la que se la sigue
sobrecargando de tareas con salarios devaluados y a quien no se le ha provisto
de las herramientas de trabajo. Todavía peor: ahora se le ofrece endeudarse
para costeárselas. No pueden garantizar una “educación en línea” y pretenden
garantizar su evaluación sobre la base de una precarización presupuestaria,
salarial y pedagógica.
El programa que se
intenta imponer en las 57 Universidades Nacionales, denominado SIU Quechua, se
hará con la intervención del Registro Nacional de las Personas (RENAPER),
vulnera el derecho más elemental a la intimidad de nuestros estudiantes. Estos
softwares recopilarán y archivarán los datos más sensibles de los estudiantes
en sus hogares, con programas propios de los servicios de inteligencia.
Se trata de un enorme
retroceso educativo.
La firma del convenio
expone que el Ministerio de Educación y los rectores pretenden convertir lo
excepcional en la «nueva normalidad» educativa. Esto no es una especulación: el
ministro de Educación de Tucumán declaró que la virtualidad vino para quedarse…
de la mano de las grandes corporaciones que hacen sus negocios millonarios.
Por otra parte,
representa una concepción pedagógica represiva. Contra toda una rica tradición
de debates sobre la evaluación educativa, se impone el peor criterio y la peor
relación pedagógica: enfrentar a los estudiantes sobre la base de la sospecha y
pensar la evaluación como un interrogatorio para demostrar que es culpable (de
no saber) antes de que la cámara detecte lo contrario.
Habría que recordarles
a los rectores las intervenciones de Deodoro Roca, uno de los protagonistas de
la Reforma de Córdoba, que escribía en “Palabras sobre los exámenes”: “La falsa
educación -¡toda la nuestra!- reposa en una cabal falta de respeto al
discípulo”.
En defensa de la
relación presencial y empática entre estudiantes y docentes, de nuestras
condiciones de enseñanza y de aprendizaje, y de la universidad pública,
despleguemos una gran campaña de denuncia por la no aplicación del
ciberpatrullaje en las universidades.
Que se saque a la
policía de nuestros exámenes.
AGD UBA (Asociación
Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires)
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