En el marco de un gobierno que viene avanzando contra los derechos de los docentes, que responsabiliza a los docentes de los problemas de la educación, que engaña a la opinión pública diciendo que tenemos tres meses de vacaciones, evaluamos que el Censo no se propone recoger datos para elaborar políticas que mejoren el sistema educativo sino utilizarlos a su conveniencia para justificar nuevos ataques cuando los docentes decidimos salir a luchar por nuestro salario o por las condiciones de enseñanza y aprendizaje.
Al mismo tiempo se formulan como objetivos “Caracterizar el perfil sociodemográfico de las personas que trabajan en los establecimientos” y “Conocer la formación adquirida, las actividades de capacitación y de desarrollo profesional realizadas por el personal; y las características de las prácticas de la enseñanza en el contexto institucional”. Para el primer objetivo el gobierno no tiene más que comparar nuestros salarios con la canasta familiar. No se necesita un censo para saber que los salarios son bajos y que necesitamos tomar más de un cargo y una cantidad excesiva de hora para llegar a fin de mes. El segundo objetivo no es posible saberlo mediante un censo: buscan utilizar los números para seguir aportando a la idea de que los docentes no se capacitan, cuando somos uno de los pocos sectores cuya capacitación se da por fuera del horario laboral, agregando horas a nuestra tarea.
Se necesita un censo real que se proponga conocer las condiciones de enseñanza y aprendizaje, las condiciones de laborales, los problemas edilicios y un aumento del presupuesto que permita resolver estos problemas.
Al tiempo que denunciamos las implicancias políticas que tendrá la información obtenida por este censo, aclaramos también a la docencia que no han sido especificados los alcances administrativos o jurídicos que podría tener el no realizar el mismo.
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