No obstante, sostuvimos
siempre que la presencialidad es el eje vertebrador de la educación, asumiendo
que la virtualidad debía ser vista como una necesidad en la emergencia y de
carácter transitorio, hasta tanto se dieran las condiciones sanitarias para el
regreso a las actividades presenciales. Jamás sostuvimos como válida la
afirmación “la virtualidad vino para quedarse”, que sin embargo ahora utiliza
el CIN en su reciente declaración del pasado 9 de febrero para el ciclo lectivo
2021.
Polemizamos con quienes
montándose en la emergencia plantean profundizar y estabilizar la virtualidad
para facilitar los procesos de mercantilización de la educación superior. Planteamos que la pandemia y el cuidado de la
salud siguen siendo la principal emergencia popular.
Es falso el debate de
presencialidad si o no. Sostenemos que la cuestión es cómo y cuándo se puede
retornar a las actividades presenciales y qué es lo que hay que hacer para
poder lograrlo.
La realización de
actividades presenciales no debe poner en riesgo la lucha general contra la
pandemia, que sigue siendo el problema central del conjunto del pueblo, ni
agravar los riesgos sanitarios en estudiantes, docentes y no docentes y sus
grupos familiares.
Para realizar
actividades presenciales hoy es condición ineludible la aplicación y
cumplimento de protocolos sanitarios que implican centralmente preservar el
distanciamiento, provisión de barbijos y elementos sanitizantes y mantenimiento
de la higiene y ventilación de los ambientes. Ello supone, además, inversión en
obras edilicias en muchas unidades académicas lo largo y ancho del país, que
obviamente no serán de inmediata concreción.
La disponibilidad de
aulas o metros cuadrados cubiertos son claramente insuficientes para albergar
al conjunto de estudiantes en clase preservando el distanciamiento. Estudiantes
que, por otro lado, tienen procedencias geográficas alejadas de los lugares en
los que se asientan los edificios universitarios. Con ello es claro que es
inviable ahora el retorno a la presencialidad plena.
Esto solo será posible
cuando las condiciones sanitarias lo permitan y será determinante la vacunación
generalizada, que reclamamos enfáticamente para el conjunto de la docencia de
las universidades nacionales con el prioritario objetivo de defender la salud y
la vida de nuestros representado/as. Sostenemos también que debe incorporarse
al COVID-19 como Enfermedad Profesional al Listado de Enfermedades Profesionales
de la Ley de Riesgos del Trabajo Nº 24.557, al tiempo que reiteramos la demanda
de fondos estatales para auxiliar a las Obras Sociales Universitarias cuya
crisis se sigue profundizando sin respuestas oficiales.
Reclamamos que la
definición de los protocolos debe realizarse con la participación ineludible de
las organizaciones gremiales de docentes, no docentes y estudiantes. Como
Federación representativa del sector, exigimos a las autoridades universitarias
que toda norma a publicar al respecto debe tener la previa convocatoria y
debate en las Paritarias del Nivel Particular. Debe garantizarse el respeto a
las condiciones laborales de cada una de las categorías y dedicaciones
docentes, el respeto pleno de nuestro Convenio Colectivo de Trabajo y proveerse
el presupuesto necesario para cubrir las suplencias que se generan en el caso
de desdoblamiento de actividades para preservar el distanciamiento y para
cubrir las excepciones por ser parte de grupos de riesgo o acogerse a las
dispensas por tareas de cuidados que deben garantizarse. Condiciones todas que
deberán asegurarse en lo inmediato, en particular en los establecimientos de
niveles preuniversitarios de las Universidades Nacionales, que son quienes
primero inician actividades presenciales y para quienes además exigimos que de
manera prioritaria se incorporen al plan nacional de vacunación.
Exigimos la
disponibilidad presupuestaria necesaria para que se cumplan eficientemente los
protocolos sanitarios en las actividades presenciales que puedan desarrollarse
gradualmente y la provisión de recursos tecnológicos (computadoras,
conectividad, paquetes de datos) a estudiantes y docentes que aún permanecerán
en la modalidad virtual de una parte importante de las actividades de
enseñanza. Tal como se han desplegado campañas en todo el mundo, resulta
imperioso que el Estado garantice la conectividad gratuita a docentes y
estudiantes y la provisión de los elementos tecnológicos a quienes no los
dispongan, así como el pago de un adicional por compensación de gastos por el
trabajo remoto docente.
Por otro lado, la
situación de los salarios de la docencia universitaria y preuniversitaria ha
tenido un grave deterioro del poder adquisitivo frente a la inflación. No se ha
respetado la cláusula gatillo de la paritaria 2019, en el 2020 los salarios
docentes quedaron nuevamente muy por debajo de la inflación. Es positivo el
anuncio de la elevación del piso salarial sobre cual se aplica el impuesto a
las ganancias, es un alivio. Reiteramos que el salario no es ganancia y por
ende reclamamos la eliminación total del impuesto a las ganancias sobre los
ingresos de las y los trabajadores.
Sabido es que el
aumento de la inflación es uno de los principales mecanismos de transferencia
de ingresos desde la población en general hacia los grupos concentrados de la
economía. Reclamamos urgente convocatoria a la Mesa de Negociación Salarial
para discutir una recomposición para el sector que permita recuperar la pérdida
del poder adquisitivo de nuestros salarios en el año 2020 y anteriores. La lucha en defensa de la salud y la
educación pública y la defensa de los salarios y nuestros derechos laborales es
la prioridad de nuestra Federación la CONADU Histórica en la presente etapa.
MESA EJECUTIVA DE
CONADU HISTÓRICA, jueves 11 de febrero de 2021
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