sábado, 12 de octubre de 2013

Persecución política a estudiantes en la universidad pública de Ecuador

(ANRed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, viernes 11 de octubre de 2013)- Hay un clima de tensión en la universidad pública ecuatoriana después de que este lunes se anunciara la expulsión de la dirigente estudiantil Daniela Macias por supuesta agresión al rector. Ella formo parte de la lista del Movimiento José Carlos Mariategui en las elecciones estudiantiles del mes de mayo pasado. Dicho movimiento es la segunda fuerza dentro de la casa de estudios, obtuvo 9 600 votos, siendo superado por 1 500 votos por la agrupación Nueva universidad, ligada al partido de gobierno Alianza País, quien gobierna la federación estudiantil FEUE desde el 2010.

Las denuncias involucran a los miembros del Honorable Consejo Universitario (HCU en adelante), máxima autoridad universitaria conformada por el rector Edgar Samaniego, vicerrectores y decanos de las facultades, un representante de los trabajadores y 8 vocales estudiantiles. Estos últimos, el rector y decanos afines al correismo.

En la universidad central, con alrededor de 37 000 estudiantes, actualmente hay más de 200 sumarios abiertos en contra de profesores, estudiantes y trabajadores. Van desde el caso del año 2009 cuando un grupo de dirigentes estudiantiles irrumpieron en una sesión del HCU en el marco de las discusiones sobre la reforma universitaria. Se generaron destrozos y embates entre los presentes de lo cual el presidente de la FEUE de ese entonces, Marcelo Rivera, fue condenado a 3 años de prisión por lo que fue calificado por las autoridades universitarias como “agresión terrorista” y refrendado por la tipificación actual del Código Penal ecuatoriano.


En julio de este año tres profesores y alumnos de la facultad de Filosofía fueron sancionados arbitrariamente por impartir clases de inglés en el marco de una capacitación a un grupo de taxistas de la capital, señalada en el Art. 21 del Reglamento de Régimen académico como requisito necesario para egresar.

En mayo de 2012 estudiantes de la Facultad de Comunicación Social fueron sumariadas por denunciar los malos tratos de la profesora Pilar Nuñez, ex asambleísta de alianza país. El Honorable Consejo universitario arremetió contra las estudiantes señalando que al hacer dicha renuncia los estudiantes habrían generado una “mala imagen de la universidad” por lo cual fueron hostigados al punto de verse en la necesidad de pedir protección al organismo de derechos humanos. Finalmente por la presión estudiantil la profesora fue apartada de la universidad.

En abril de este año en el contexto de las elecciones de la federación estudiantil FEUE se han dado una serie de denuncias de irregularidades donde se señalaba la arbitrariedad en la organización de las elecciones ya que el ente electoral universitario, el Consejo Electoral Estudiantil, está a cargo de Edison Andrade, militante de Nueva Universidad, agrupación que compitió en las elecciones.

Los anteriores casos se suman nuevos episodios de persecución a los dirigentes del Movimiento Universitarios José Carlos Mariátegui.

Posterior a las elecciones, en julio del presente, Tito Madrid candidato a Presidente de la FEUE y Marcelo Negrete, jefe de campaña del movimiento fueron sancionados con un sumario administrativo que les impide actividad académica y política en la universidad por 12 meses, ejecutándose así una moción patrocinada por los dirigentes estudiantiles ganadores de la contienda, Nueva Universidad y cuyo representante Carlos Muñoz y su predecesor Carlos Torres han sido criticados por haber participado en concentraciones del oficialismo en nombre de la FEUE, y avalados por el HCU. Meses después, el 22 de septiembre, se anuncio la expulsión de Daniela Macías miembro también de dicho movimiento y participante por él en el Frente de Resistencia, organización civil formada en el contexto de la aprobación de explotación petrolera en el parque Nacional Yasuni. La denuncia de Macias, candidata en las pasadas elecciones a la Asociación Femenina Universitaria, ha causado polémica ya que la dirigente estudiantil manifiesta que fue víctima de maltrato verbal y casi físico por parte del rector, denuncia que fue víctima de violencia de género por parte de las autoridades universitaria. Además sostiene que fue llamada a una reunión, planificada con anterioridad, para perjudicarla. En esta reunión fue advertida por las autoridades universitarias de que si no cesaba su trabajo político en la Universidad en cuanto a los cuestionamientos de cómo funciona la política educativa y la represión por medios de sumarios a sus compañeros, seria expulsada. Al dia siguiente se conoció de su expulsión definitiva de la universidad, esta fue mocionada por el representante de la FEUE, Carlos Muñoz y apoyada por el Rector de la Universidad y el decano de la Facultad de Comunicación quien declaro que la estudiante agredió al Rector, sin embargo Macias afirma que alzo la voz para defenderse.

El procedimiento con el que se dieron estas sanciones no ha sido clarificado por lo cual los estudiantes señalan que lo ejecutado no se baso en pruebas sino en declaraciones arbitrarias que buscan silenciar la crítica del movimiento a las fuertes problemáticas que atraviesa la educación superior en el país.

Estos no son casos aislados de un contexto nacional de fuertes transformaciones. La universidad ha sido un importante espacio de conflicto para el gobierno luego de que en el 2010 se aprobara la Ley de Reforma de Educación Superior que fue acusada por profesores y estudiantes de ser una ley arbitraria que no tomo en cuenta los puntos de vista de sus actores para redactarse. Caracterizada como un ley “desde arriba” la aprobación de la llamada LOES supuso el cierre de varias universidades públicas y privadas según un criterios de “calidad” con parámetros norteamericanos, cesantía de maestros y exigencia de títulos de maestría y pHd para ser docentes, el establecimiento de un examen de ingreso para a las universidades públicas y un criterio de gratuidad meramente formal. Los criterios de participación estudiantil también fueron modificados, hoy los requisitos para participar en las elecciones para cogobierno suponen acreditar calificaciones de más de 8 sobre 10 puntos, no haber arrastrado ninguna materia y tener más del 50% de la carrera aprobada. Se creó IECE Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo que otorga créditos al 5% de interés para estudiar a quienes no alcancen a formar parte de la acotadisima planilla de cupos para universidades públicas en lo que algunos han calificado como un intento a largo plazo de privatizar la educación.

Se impulsa también la acreditación en universidades norteamericanas, la formación en convenio con docentes europeos y norteamericanos y el fortalecimiento de la educación técnica, todo dentro de lo que podría llamarse un proceso de “modernización conservadora” en pos del proyecto de cambio de la matriz productiva, proyecto de este periodo de gobierno que a recibido fuertes críticas por basarse en criterios uniformes y parámetros de “calidad” orientados a saldar las necesidades de inversión y gestión empresariales.

Son varios los conflictos que disparo la aprobación de la loes. Su recepción en la central fue conflictiva y a oscilado desde la aprobación ecuánime que de ella han hecho los dirigentes de la FEUE miembros de la agrupación Nueva Universidad, a las críticas por parte los trabajadores, docentes y estudiantes. El movimiento universitaria José Carlos Mariategui a denunciado abiertamente de la orientación y las consecuencias de la LOES hasta las arbitrariedades que atraviesa la practica educativa en la universidad como casos de abuso de poder por parte de los profesores, acoso sexual, cobros indebidos a los estudiantes, intolerancia entre otros.

La persecución estudiantil abre serias preguntas que ligan dichas prácticas represivas con otras similares que se dan en otros ámbitos pues analistas coinciden en caracterizar que el país atraviesa por un proceso de fuerte persecución política relacionado con un momento en el que el gobierno busca fortalecer su ya instalado proyecto económico orientado a la extracción de minerales (inaugurando la era minera en el país), la explotación petrolera en aéreas protegidas, el fortalecimiento de la agroindustria. Las figuras de rebelión, sabotaje y terrorismo que figura en la ley ecuatoriana hay permitido condenar y encarcelar tanto a civiles como el caso de los jóvenes del Colegio Central Técnico, como a dirigentes sociales, sindicales, indígenas y estudiantiles, como los 10 de Luluncoto.

Estas denuncias de la ejecución de una educación elitista y afín a los intereses de los capitales extractivos que ligan al país, nuevamente y como en los tiempos de Alfaro símbolo del correismo, a la dependencia económica, política, social, son los elementos con los que cuentan los estudiantes hoy separados de la universidad. Para revertir la tendencia la disputa esta en la universidad, señalan, para que el futuro no continúe en manos del pasado.


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