En este sentido, el Colegio de Profesoras/es ha enunciado algunas exigencias desde hace años y, durante este Gobierno, ha buscado infructuosamente la posibilidad de avanzar en el establecimiento ciertas garantías y materialización de propuestas que apunten a la transformación del funcionamiento de los establecimientos escolares, tales como:
-El pago bono de retiro que opera como un atenuante de los perjuicios de las insuficientes pensiones otorgadas por el sistema de AFP y que podría agilizar el arribo de nuevas generaciones de docentes, estrechando la brecha cultural con estudiantes, promoviendo una vinculación pedagógica más fluida. No obstante, la tardanza de su cancelación induce a miles de docentes a seguir laborando luego años del cumplimiento su edad de jubilación.
-El cambio al modelo de financiamiento y la corrección urgente ante el desastroso desempeño de los Servicios Locales de Educación. Estas exigencias expresan una multiplicidad de hechos sufridos por toda la comunidad escolar, tales como: docentes con salarios y cotizaciones previsionales impagas, establecimientos carentes de condiciones mínimas para su funcionamiento, sin que se registren cambios sustanciales en años; disminución del presupuesto destinado a ellos desembocando en que muchos/as docentes deban financiar, al menos en parte, iniciativas pedagógicas, reposición de materiales o reparaciones de la infraestructura escolar; burocratización de determinadas decisiones y prácticas en el ámbito financiero y pedagógico.
-El fin al agobio de docentes, manifestado en la obligación de responder a una excesiva carga burocrática postergando la atención y trabajo sobre las propias prácticas pedagógicas. Este agobio se materializa en la mentada «evidencia» y «registro» de lo realizado por miles de educadoras/es y, con gran notoriedad, en la denominada Evaluación Docente orientada a evaluar un saber responder, soslayando el desempeño cotidiano docente e ignorando los principios colaborativos en que, se supone, se funda su ejercicio.
Cuando se impuso la Evaluación Docente se esgrimió que su implementación posibilitaría mejorar la mentada «calidad de la educación». No obstante, los resultados de los propios instrumentos de medición del Estado arrojan una nula incidencia de esta y otras políticas, sin que ello haya inducido a revisarlas. De este modo, las razones que podrían explicar la conservación de este procedimiento se podrían hallar precisamente al margen de lo declarado: que en realidad constituye un mecanismo de estratificación y estancamiento salarial bajo pretexto el que es fruto o culpa de cada docente.
-La revisión de la Jornada Escolar Completa que, así como la Evaluación Docente, también se impuso con el argumento de mejorar la calidad de la educación, ha acabado por ser una medida irrelevante para tal propósito. Aunque inicialmente se estableció que las horas, denominadas de libre disposición, servirían para ampliar y diversificar los quehaceres y la formación educativa, han acabado por constituir un conjunto de horas que representan una extensión de lo que ya se realizaba. Finalmente, es lo más barato para un sistema escolar destinado para una población pobre de la que se espera reproduzca sus carencias.
-La reparación a la Deuda Histórica. El Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH), la explicado de la siguiente forma:
«Como se sabe, la deuda histórica se originó al transferir los colegios a los municipios en 1981, cuando al profesorado no se le reconoció el reajuste especial de entre 50 y 90 por ciento del sueldo base, que se les había entregado pocos meses antes, junto a los demás empleados públicos (EE.PP).
Dicho reajuste aparentemente abultado no hacía sino resarcir en parte menor el recorte de más de dos tercios que habían sufrido sus salarios tras el golpe. Los EE.PP. fueron aún más afectados que el conjunto de los trabajadores chilenos, que en promedio perdieron la mitad de sus remuneraciones. Como resultado de todo lo anterior, en 1990 los sueldos del magisterio alcanzaban apenas al 28 por ciento de su nivel anterior al golpe. El conjunto de los EE.PP. mostraba un deterioro algo menor, puesto que había recibido el reajuste antes mencionado. Por su parte, el promedio de remuneraciones del país se encontraba en ese momento en un 70 por ciento de su nivel anterior al golpe. De este modo, debido a la deuda histórica, el magisterio fue el sector más castigado del país por la política salarial de Pinochet.
[…]
El Colegio de Profesores ha encabezado la larguísima lucha que el magisterio ha venido librando para obtener el reconocimiento y pago de la deuda histórica. Ha logrado lo primero a nivel nacional e internacional y confiaba que por fin alcanzaría lo segundo. La respuesta del gobierno ha frustrado una vez más su justa expectativa.
Al no pagar parte de sus remuneraciones a los profesores trasladados, el gobierno incurrió en una ilegalidad manifiesta, puesto que el mismo decreto de municipalización señala que se debía respetar íntegramente el salario de los afectados por la medida. Centenares de maestras y maestros ganaron juicios al Estado y lograron recibir el mencionado reajuste, el que todavía aparece identificado claramente en sus liquidaciones de remuneraciones.
Por este motivo, el justo reclamo del magisterio fue acogido por la OIT, que en su Conferencia Internacional del Trabajo del 2009 trató el problema en sesión plenaria e instó al gobierno a reparar la deuda histórica del magisterio, puesto que la misma misma viola tratados que el Estado chileno ha suscrito….»
Convocatoria a paralización indefinida
Durante esta semana, el profesorado participó en una consulta nacional respecto a emprender una paralización indefinida luego que las anteriores no hayan permitido alcanzar los acuerdos esperados. De acuerdo al Colegio Profesores/as, votaron 54.508 docentes, de quienes el 46,34% aprobó la propuesta Gobierno mientras que el 53,66% la rechazó y definió el inicio de un paro indefinido como mecanismo de presión para ello.
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