Todo acto educativo
tiene una instancia de evaluación. Por ello, como sindicato, lo consideramos
como parte constitutiva del proceso de enseñar y aprender. Nos oponemos a los mecanismos de pruebas estandarizadas,
porque desvirtúa esta premisa, además porque da crédito a las instituciones
privatizadoras y al poder económico para avalar los ajustes que siempre les
interesan.
Vale recordar que en el
año 2016 surge el operativo para evaluar en escuelas primarias y
secundarias. Sin un análisis de experiencias anteriores como
el Operativa Nacional de Evaluación -ONE- y Aprender 2016. Ambos rechazados por
estudiantes y docentes. Desde UnTER (Unión de los Trabajadores de la Educación
de la provincia de Río Negro), Nos opusimos a las políticas educativas de
medición del Ministro Esteban Bullrich, hoy reemplazado por Alejandro Finocchiaro
que ratifica el operativo junto al ministerio provincial que conduce Mónica
Silva. Claramente dijimos que estas
pruebas responden a las exigencias de los organismos internacionales de crédito
y para nada se relacionan con la realidad de cada institución educativa.
Para este gobierno la
evaluación es una de las estrategias elegidas para justificar todas las
transformaciones que quieren imponer en el campo educativo desde una
perspectiva meritocrática, estandarizante, mercantilista y privatizadora. En
este proceso de mercantilización la única finalidad es medir “la calidad
educativa”, con el único objetivo de
bajar la inversión del Estado,
reducir el presupuesto, conducir a la privatización de la educación y
promover el lucro de diferentes empresas vinculadas al gobierno neoliberal.
La Declaración de
Purmamarca del 12 de febrero de 2016, ya determinaba en uno de sus puntos
“Promover procesos de evaluaciones anuales en la educación primaria y
secundaria para obtener diagnósticos precisos que nos permitan mejorar el
aprendizaje de los estudiantes. Para ello, el Ministerio de Educación y
Deportes de la Nación impulsara la creación del Instituto de Evaluación de la
Calidad y Equidad Educativa”, ratificado por el Dto. 552/16 de fecha 04 de
Abril que, entre otras cuestiones, expresa: “evaluar las políticas prioritarias
impulsadas en el sistema educativo nacional, de las instituciones, de los
contextos y actores del sistema y de los aprendizajes alcanzados por los
estudiantes”.
Consideramos importante
clarificar que uno de los fundamentos por lo que decimos NO a este operativo
“Aprender”, radica en que el
procesamiento de los datos de estas pruebas estandarizadas se utiliza un
recurso estadístico que se llama escalamiento, que permite “agrupar” las
preguntas por nivel de dificultad; es decir, se constituyen grupos de preguntas
que miden el mismo nivel de desempeño. Si, por ejemplo, se comete el error
-intencional o no- de poner preguntas “difíciles” en el nivel de desempeño
“bajo” o se las categoriza como “problemas matemáticos sencillos”, se engrosará
siempre el porcentaje de estudiantes que se encuentren en esta categoría. Esto implica que la validación puede
manipularse para conseguir los porcentajes a medida de las necesidades de quien
evalúa y no de lxs estudiantes.
No avalamos el
operativo “Aprender”, en el que meramente aparecerán estadísticas frías y
numéricas que nada tienen que ver con nuestra concepción de escuela, de
enseñanza, de aprendizaje, que entendemos como parte de un proceso de
construcción atendiendo la diversidad y la realidad sociopolítica que atraviesa
a las comunidades educativas.
Las políticas definidas
en este contexto, bajo estas herramientas que no son, ni fueron discutidas con
los/as trabajadores/as de la educación tienen claramente, la intencionalidad de
disciplinar al colectivo docente, como ya lo intentaron en los 90. Hoy como ayer, prima la consigna de que
todo está mal; por supuesto por exclusiva responsabilidad del docente, sin que
el estado se haga cargo de su obligación de garantizar las condiciones de
enseñar y aprender, que abarca desde lo edilicio hasta la implementación de
políticas públicas que permitan el acceso, permanencia y egreso de las/os
estudiantes.
A pesar de lo que se
escribe pomposamente en los documentos, como en el Artículo 4º de la Ley
Nacional Nº 26.206 y el Artículo 2º de la Ley Orgánica de Educación F N°
4819 donde se consagra a la Educación
como un Derecho Social, se otorga al Estado en la responsabilidad principal e
indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para
todos/as las/os habitantes de la Nación, nada se dice de modificar el
presupuesto educativo, por lo que se continúa firmando acuerdos de mantener el
6% del PBI; es decir, se reparte la misma torta, sin tener en cuenta la evidente ampliación
del sistema educativo.
Otra Escuela, otro
modelo de trabajo es posible, y en esa posibilidad hay modelos diferentes de
evaluación. Quienes educamos lo sabemos, las autoridades también, pero
definieron responden a los intereses de los poderosos de siempre.
General Roca-Fiske Menuco, miércoles 25 de
octubre de 2017
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