(El Día. La Plata, domingo 8 de octubre
de 2017)- La Justicia provincial investiga por estas horas la participación de
dirigentes de distintos gremios en la estructura de fraudes y estafas con
fondos del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), maniobras que habrían
significado pérdidas en el presupuesto del organismo por unos 2.800 millones de
pesos sólo entre los años 2014 y 2015.
La lupa está puesta
en el rol que desempeñaron los delegados gremiales como vocales del directorio
de la obra social que presta servicios a dos millones de bonaerenses. Pero
también, sobre funcionarios vinculados con entidades sindicales que fueron
denunciados y que, en algunos casos, serán llevados a juicio en los próximos
meses.
Básicamente, las
denuncias involucran a los vocales representantes de los gremios UPCN (Unión
del Personal Civil de la Nación) y Suteba (Sindicato Unificado de los
Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires) en el directorio
de la entidad, donde cada uno de los sindicatos (los mayoritarios en la
Provincia) tiene un sillón. En ese marco, se apunta a la supuesta
responsabilidad de esos delegados en maniobras como la autorización de compras
directas, uno de los mecanismos a través del cual se habrían cometido estafas,
básicamente con la adquisición de medicamentos, prótesis e internaciones
domiciliarias.
Dentro de las
investigaciones penales por estafas, hay algunas en estado muy avanzado, cerca
de la instancia oral. Es el caso que tiene como principal involucrado a Waldo
Vera, ex empleado administrativo de IOMA que formaba parte de las filas del
gremio que conduce Carlos Quintana, apuntado por supuestos fraudes a través de
“cheques voladores”.
Vera, a quien la
Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de La Plata le confirmó
recientemente la prisión preventiva, está acusado por el delito de “peculado”,
es decir malversación de fondos públicos, y por falsificar y quedarse con
1.740.000 pesos a través de diversos cheques falsos.
“Formaba parte de
UPCN”, explica, en referencia a Vera, el titular de la Asociación de
Profesionales de IOMA (Apioma), Idelmar Seillant, impulsor de más de treinta
denuncias vinculadas a distintos mecanismos para cometer fraudes y estafas en
el organismo, que abarcan medicamentos, internaciones domiciliarias, prótesis,
atención en clínicas, compra de computadoras que no ingresaron al instituto y
hasta tratamiento de personas fallecidas.
En la Justicia
bonaerense, las investigaciones por este tipo de maniobras forman un complejo y
extenso entramado de causas que recorren varias fiscalías. Según datos
oficiales, desde diciembre de 2015 a esta parte la Fiscalía de Estado
bonaerense interviene en 19 causas en representación de la Provincia a partir
de denuncias por maniobras de irregularidades.
En esa fecha se
produjo la salida de Antonio La Scaleia, quien fuera presidente de IOMA durante
la gobernación de Daniel Scioli. Su gestión fue uno de los blancos a los que
apuntó Elisa Carrió en la denuncia que abrió la investigación en la fiscalía de
Alvaro Garganta por malversación de fondos y lavado de activos contra el ex
gobernador.
Una de las causas
más avanzadas, cerca de la instancia del juicio oral, es la que investiga una
presunta red de profesionales para realizar estafas con medicación oncológica.
En total, son once imputados, entre los que hay médicos, famarcéuticos,
visitadores y ex funcionarios de IOMA.
Según la acusación
que elevó la fiscalía, los acusados ingresaban pedidos de medicamentos
oncológicos de pacientes inexistentes y ya fallecidos con recetas adulteradas
provistas por farmacias. Luego, auditores de IOMA involucrados en la maniobra
autorizaban la compra de esos medicamentos, que eran entregados, en vez de a
los inexistentes pacientes, a un visitador médico que los reducía y los ponía
en venta en farmacias.
“Desde el directorio
se permitieron todos estos actos de corrupción”, especifica Seillant, y en
referencia a los vocales que integraron el directorio de IOMA en representación
de los sindicatos mayoritarios.
La “trama gremial”
fue expuesta en la mayoría de las más de 30 denuncias impulsadas por la
Asociación de Profesionales que conduce Seillant, fundada en 2006 con la idea
de formar una suerte de “escuela” de auditores de los servicios que cubre la
obra social.
Entre las denuncias,
hay una que se tramita en la UFI 2 por delitos de acción pública y
enriquecimiento ilícito contra el ex presidente de la entidad La Scaleia y
varios funcionarios de la gestión. Entre los acusados está Luis Pérez, vocal
que integraba el directorio en representación de UPCN. Además, en la denuncia
Seillant pide que se investigue también el presunto enriquecimiento ilícito de
Patricia Nisembaum, vocal de IOMA por el gremio Suteba.
Seillant, que además
conformó el Sindicato de Profesionales del IOMA, también apunta a un mecanismo
que, dice, se fue extendiendo, que fue la creación de empresas que, denuncia,
pertenecen a dirigentes gremiales.
Un caso emblemático
es el que terminó con la detención de Eugenio Pirani, quien fue director
regional en Junín, secretario zonal del gremio en ese distrito, cuya pareja
figuraba como titular de una firma, Hestia S.A, que prestaba servicios a la
obra social y cometía estafas al hacer figurar como que brindaba tratamientos a
personas que en realidad ya habían fallecido.
Los muertos que
siguen figurando como beneficiarios de servicios que cubre IOMA es uno de los
mecanismos de estafas más habituales en la obra social. Y para Seillant, nada
de esto podría haber ocurrido “sin la venia de estos delincuentes vestidos de
funcionarios que dicen defender los derechos de los trabajadores”.
“Desde las vocalías
se permitió este tipo de corrupción, porque UPCN no sólo ponía a la gente que
entra, sino los funcionarios. Sin la venia del directorio no se podría haber
llevado adelante el vaciamiento de la institución”, dispara.
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