Alarmados
por las decisiones que impulsa el gobierno de la provincia -siguiendo
a rajatabla la partitura nacional- los habitantes cotidianos de los
profesorados de Santa Fe han comenzado a pronunciarse contra una
política que afecta a la calidad educativa.
El balance que los
empuja en tal dirección es tan simple como contundente. Hace más de
una década los institutos vienen resistiendo las políticas de
improvisación y de ajuste hostiles a la educación pública. A
principios del 2000, docentes y estudiantes, fundamentalmente a tasé
de asambleas autoconvocadas, enfrentaron el intento de cierre de los
institutos que no cumplieran con los "parámetros de calidad",
que suponía ítems del tipo planta docente postitulada, bibliotecas
actualizadas, investigación, etcétera El proceso que se
buscaba impulsar era un tsunami neoliberal similar a los de los
noventa y fue bautizado: "acreditación", que -algún
caramelo siempre te ofrecen- prometía la validez nacional de los
títulos. A cambio, cada instituto, con sus propios recursos, tenía
que afrontar la evaluación de calidad, que iba a tener como
necesario efecto cierre de carreras, formaciones de una sola cohorte,
proyectos especiales. En fin.
La
puesta en marcha de la reforma de los diseños curriculares del Nivel
Superior que se alienta en la actualidad se presentó como otra cosa,
más "inclusiva", según la palabra de moda. Sin embargo,
bastó que se pusieran a contar para que advirtieran una reducción
de las horas de los planes de estudio a un techo de entre 2600 y 2800
horas reloj, cuando actualmente los planes tienen entre 2900 y 3000
horas aproximadamente.
El
estado de deliberación fue inmediato, así como la autoconvocatoria
de las asambleas, cuyo primer orador no tuvo más remedio que
comenzar con el consabido: "Otra vez sopa".
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