El día 8 de octubre el Jefe de
Gabinete de Ministros, Juan Manuel Abal Medina, firmó la decisión
administrativa 830, publicada el día 18 en el Boletín Oficial, por medio de la
cual decide reasignar partidas presupuestarias (modificar el presupuesto) para
el pago de deudas por más de 600 millones de dólares con diversas empresas que
litigaron contra la Argentina en el CIADI.
La quita será del 25%, y el
capital adeudado con más sus intereses, se pagará en Bonos emitidos en dólares
estadounidenses con vencimientos en el año 2015 y 2017. Además las acreedoras,
suscribirían BAADE, por el 10% del reclamo.
Aunque la operación pudiera ser
cuestionada, ya que significa transferir a futuros gobiernos el pago de
obligaciones eventualmente impugnables, ello no sería materia de ilícito
alguno, pero el caso es que aquí se ha continuado con negociaciones
incompatibles con el ejercicio de la función pública, debido a las conexiones
comerciales de los involucrados con funcionarios del gobierno, y al hecho de
que no se paga a los supuestos acreedores, sino a fondos de inversión que
compraron los litigios. Estos fondos fueron creados por el Fondo Gramercy Funds
Management, un fondo buitre, con el que el gobierno negociara en el año 2010 y
que en asociación con la consultora Arcadia, motorizaron el canje de deuda del
año 2010, asociados a bancos extranjeros, habiendo comprado títulos de la deuda
externa a precios de remate.
Cabe consignar, que el Grupo
Gramercy, es a su vez controlado por accionistas de las compañías petroleras británicas
que están explorando en la plataforma continental, con lo cual en esta
operación de pago, se estaría violando la Ley 26659, que prohíbe en forma
expresa ese tipo de negociaciones.
Que tal como lo dice la Decisión
del Jefe de Gabinete de Ministros, no se está pagando a CMS Gas, Vivendi
Universal, Compañía de Aguas del Aconquija y Azurix, sino a las compañías CC-WB
HOLDINGS LLC, NG_UN Holdings LLC, ambas empresas que fundara y registrara
Gramercy, y también Blue Ridge, otro fondo buitre. El que firmara documentos de
la compra de los litigios es James Taylor, Director del Departamento de Asuntos
Legales de Gramercy.
El artículo que firma Alejandro
Olmos Gaona puede leerse completo aquí.
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