-¿Cómo se desencadenaron las luchas en Oaxaca en
2006 y como se conformó la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO)?
-Oaxaca
ha sido siempre un Estado [méxicano] muy pobre y plagado de injusticias, por lo
tanto también de protesta social. Entre 2004 y 2010 tuvimos como gobernador a
Ulises Ruíz Ortiz, un político vinculado al PRI que ya indicaba durante su
campaña electoral que no iba a permitir más movilizaciones sociales, bloqueos
de carreteras, marchas o plantones. En mayo del 2006 el Magisterio, como era
habitual se concentró en la ciudad de Oaxaca [capital del Estado de Oaxaca] y
se mantuvo en un plantón en la plaza del Zócalo del cual fuimos desalojados
violentamente el 14 de junio.
Esta
situación fue el detonante para que el conjunto de organizaciones sociales del
Estado, hartos de la política represiva impulsada por Ulises Ruíz, estallaron
con una serie de movilizaciones en la ciudad. Esta situación propició que la
sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza, conocida en
todo el país por ser una de las más combativas a nivel nacional, convocará a
estos movimientos a la conformación de la APPO.
A partir de entonces todas las organizaciones
involucradas en la APPO, más de 360 organizaciones sociales, pedimos la
renuncia del gobernador Ulises Ruíz, lo que se convirtió en la bandera de lucha
para la mayoría de la población en este Estado. En realidad se desató una
insurgencia civil, hubo tomas del Palacio Gobierno, la Cámara de Diputados, la
Presidencia Municipal, así como de otras instituciones públicas, llegó un momento en el que ya no había
gobierno, aquí la gente se gobernaba sola.
-Estas movilizaciones vinieron acompañadas de
represión. ¿Cómo se desencadenó?
-Efectivamente,
el empoderamiento popular que se dio en ese momento conllevó a que interviniese
el Gobierno Federal a través de unidades traídas incluso desde otros Estados y
desencadenando una gran represión. En los meses posteriores están documentados
26 asesinatos contra activistas sociales, siete desaparecidos, y unos 300
encarcelamientos. A partir de ahí, se ha desarrollado una guerra de baja
intensidad por parte del Gobierno que va acompañada de una estrategia paralela
enfocada a dividir y sembrar desconfianza entre las organizaciones afines.
A las organizaciones más combativas se les
asesinó o encarceló dirigentes. Están documentados muchos casos, entre ellos
los asesinatos de Artemio Norberto Camacho en agosto del 2009 durante una
marcha de maestros, Eleazar Martínez Almaraz en diciembre del 2009 cuando se
dirigía a dar clases en su centro de trabajo, los defensores de derechos
humanos JyriJakoola y Betty Cariño en abril del 2010 cuando fue atacada la
Caravana Humanitaria que se dirigía a San Juan Cópala, Gregorio Jaime Rosas
Chávez en noviembre de 2010, Carlos René Román Salazar quien fue desaparecido
en marzo del 2011, Luís Quiroz Quiroz quien además de maestro desarrollaba
funciones municipales en San Agustín Chayuco en abril del 2011, Guadalupe Pérez
Sánchez quien fue desaparecido en mayo del 2011, Edwin Omar García Sánchez
baleado en agosto del 2011, Rafael Vicente Rodríguez Enríquez tras haber sido
falsamente acusado de secuestro y detenido por seis años en diciembre del 2011,
Bernardo Vásquez Sánchez activista antiminero en enero del 2012 o Luís Enrique
Martínez Cruz síndico municipal de la comunidad de Santa Cruz XitlaMiahuatlán
en agosto del 2012.
Ante
estos casos y otros, el Gobierno actúa como en el viejo oeste, ofrecen plata a
través de anuncios televisivos para quien de información de estas
desapariciones o asesinatos, pero no se ha llegado a nada más, la impunidad
anda a sus anchas en el Estado de Oaxaca por estos asesinatos.
Leer
completa la entrevista publicada por Diagonal
aquí.
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