Sobre las características del gobierno y la “comunidad” universitarias

(…) El régimen de gobierno que reserva para un claustro minoritario el gobierno de la universidad convierte a la autonomía universitaria en una ficción. La autonomía, cuando es ejercida por una minoría especial, tampoco especialmente calificada, es el taparrabos de un sistema oligárquico. La autonomía solamente es tal cuando involucra de un modo real, no formal, al conjunto de las personas que participan de la actividad universitaria.

La condición de profesor titular, académico graduado o científico con el debido diploma, no califica para ejercer la gestión de una universidad, como sí ocurre en lo que atañe a impartir la enseñanza correspondiente. Tan es así que ha surgido un posgrado para la licenciatura de la gestión universitaria, como una especialidad. Si esta calificación prosperara, podría ocurrir que esa gestión sea transferida en cualquier momento a un CEO, como ocurre con las sociedades anónimas, en especial si cotizan en Bolsa, algo que ya debe estar ocurriendo en las universidades privadas. Por ahora, el CEO es el rector que elige la asamblea de claustros dominada por el de los profesores titulares -una suerte de accionistas preferenciales, los cuales, como en las empresas, tienen derecho al voto múltiple.

El gobierno universitario no es, entonces, ‘meritocrático’, porque en esto nada tiene que ver el mérito ni las calificaciones académicas. El conocimiento y la investigación en biotecnología no acredita una capacidad de gobierno (preguntar, si no, al Banco Mundial-Coneau). Lo que se imponen son las ‘conexiones’; de un lado, con las compañías capitalistas ligadas a ciertas áreas de investigación y servicios, donde los profesores cumplen un doble servicio; del otro, con los gobiernos de turno. En estas condiciones, lo que tenemos es un gobierno universitario ‘tercerizado’ por la mediación de una camarilla de profesores, tutelado por el Estado. La acreditación de títulos sigue las normas del Banco Mundial, y lo mismo ocurre con el establecimiento de aranceles. Sobran los ejemplos de ‘tercerización’ capitalista: desde las maestrías, que postulan “formar profesionales de alto nivel para el desempeño en roles gerenciales”, pasando por los convenios con la industria del software, hasta la cesión de estudiantes a bajo costo que usufructúan monopolios como Arcor.

La llamada “comunidad universitaria” no existe, es sólo un relato, y no solamente por las diferencias naturales y jerárquicas entre sus integrantes. El Consejo Superior no representa a ninguna ‘comunidad’, incluso cuando se ampara en el Consejo Interuniversitario Nacional, pues funciona como patronal del conjunto de los docentes, con los cuales entra en conflicto por las condiciones laborales y los salarios, en lugar de ejercer una representación colectiva de toda la docencia y de todo el alumnado al momento de discutir el Presupuesto con el Estado. Esto nos describe la ‘luchas de clases’ que atraviesa el gobierno ‘autónomo’ de la ‘comunidad` universitaria. (…)

Significativo fragmento del documento Para impulsar la lucha por la democratización distribuido el 7 de noviembre por la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA)