Frente a semejante situación -intimidatoria, de apriete burdo y autoritaria- desde esta Comisión Directiva Central queremos dejar en claro que:
La Conciliación Obligatoria no la solicitó AGMER, tampoco nuestros gremios hermanos. Fue el Poder Ejecutivo de la provincia quien, acorralado ante los contundentes niveles de acatamiento a las medidas de fuerza, la masividad de las movilizaciones en todo el territorio y el acompañamiento de la sociedad entrerriana recurrió -presuroso- al ámbito de la Justicia Laboral y ésta, -en misma prontitud- procedió a concederla. AGMER, respetuoso de toda norma legal, se ajustó a derecho y acató (aún no conformes con esto) lo dispuesto por la jueza.
>>La conciliación obligatoria dispone que las partes en conflicto deben cesar (léase, “no continuar, “insistir”, “sostener”) con lo que se denomina “estado de beligerancia”. Por ello, AGMER “no continuó con” la realización de los paros previstos, quedando estos en suspenso, hasta tanto dure el período de conciliación (20 días hábiles). Si el conflicto no se resuelve, las partes quedan liberadas a retomar las acciones que consideren pertinentes; lo establece la Ley de Paritarias Docentes (2006). En normativas laborales encontramos textos similares, incluso para otros sectores de trabajadores, incluso en Ciudad Autónoma. Significa –concretamente- que dicho texto estipula responsabilidades de cumplimiento a ambas partes.
Sin embargo, no. El Ejecutivo provincial que ya se puso la Constitución de la Provincia de Entre Ríos de sombrero al abonar montos en negro (poniéndose así en ilegalidad), ahora vulnera la conciliación obligatoria al aplicar –grotescamente- descuentos por días de paro a mansalva. La intención es clara y burda: disciplinar y causar desaliento el conjunto de la docencia entrerriana, que viene dando notables ejemplos de esfuerzo, compromiso y dignidad para reclamar lo que es justo y profundamente ético, lo que debería ser normal: un salario que lleve dignidad a la tarea docente, a sus familias. Entonces, no tenemos dudas que el gobierno actúa -en las negociaciones- en forma desleal. Y esto es lo que advertimos ya en la primera reunión de conciliación y que denunciaremos inmediatamente ante el mismo juzgado laboral. Quizás el gobernador no lo sepa o no lo comprenda, pero en Entre Ríos la Constitución y sus leyes se respetan.
Desde la Comisión Directiva Central de AGMER advertimos que, de ninguna manera, vamos a tolerar un solo atropello más, ni un solo ajuste más. La única esencialidad, en Entre Ríos, pasa por tener un salario digno. Lo sostenemos porque todo intento por debilitar un solo derecho consagrado constitucionalmente profundizará el conflicto. Y alertamos, finalmente, que la Ley Previsional 8732 no se toca siquiera en una sola línea. Reclamamos no meter más leña al fuego. El Ejecutivo provincial debe ajustarse a derecho y no descontar un solo día de paro.
AGMER | Comisión Directiva Central
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