(Por Gerardo Albarrán
de Alba, desde México D. F. Página/12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
miércoles 10 de febrero de 2016)- El Equipo Argentino de Antropología Forense
(EAAF) sepultó aún más la “verdad histórica” sobre la que se ha montado la
administración del priísta Enrique Peña Nieto para dar carpetazo a la
investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal
Rural de Ayotzinapa, Guerrero, luego de ser atacados la noche del 26 y la
madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Ayer, el EAAF
presentó un peritaje que desmonta la versión oficial de los hechos y concluye
que “no es posible” que hayan sido incinerados ahí los 43 estudiantes, luego de
ser asesinados. “No hay consistencia entre la evidencia física y la evidencia
testimonial”, dice el peritaje integral del basurero de Cocula.
Aun cuando el EAAF
recomendó no hacer más peritajes en la zona y enfocar la búsqueda de los
estudiantes en otras zonas del estado de Guerrero, la PGR respondió ayer mismo
que realizará un nuevo estudio de dinámica de fuego, dijo que el caso “no está
cerrado” y anunció una nueva reunión, el próximo 18 de febrero, con los
familiares de los estudiantes desaparecidos y con los integrantes del Grupo
Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.
Mientras, 43
estudiantes siguen desaparecidos desde la noche del 26 de septiembre de 2014,
cuando fueron atacados por policías de Iguala, un municipio del estado de
Guerrero a 220 kilómetros al sur de la Ciudad de México. Al menos siete
personas fueron asesinadas en el lugar. Un centenar de personas han sido
detenidas desde entonces, incluyendo al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y
su esposa, cuya familia estaría vinculada al cártel de Guerreros Unidos. El
gobierno de Peña Nieto sostiene que los estudiantes fueron quemados ahí y sus
restos lanzados al río San Juan, según “confesiones” de los “autores
materiales” del crimen.
Durante poco más de un
año, el EAAF realizó un peritaje para resolver si es científicamente posible
que los 43 estudiantes pudieran haber sido incinerados en el basurero de
Cocula, como lo sostiene el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto desde
hace un año. Luego de estudiar imágenes satelitales desde 2010 y de analizar
capas de suelo del lugar, encontraron que es imposible producir un fuego de las
proporciones necesarias para incinerar 43 cadáveres. Incluso las “pruebas” de
la PGR, fundadas en declaraciones de los supuestos perpetradores, es tan
contradictoria que en el EAAF “no respaldamos la hipótesis de que hubo un fuego
de la magnitud requerida y de la duración informada” por la PGR. En el peritaje
integral del EAAF participó un equipo interdisciplinario de 26 peritos en
arqueología, antropología, criminalística, entomología y botánica forense,
balística, dinámica de fuego, interpretación de imágenes satelitales,
odontología forense, genetista y especialistas en trauma óseo. Dichos
especialistas provienen de Argentina, México, Estados Unidos, Colombia, Uruguay
y Canadá.
El estudio incorporó un
informe de sitio y un informe de laboratorio. La conclusión es que la evidencia
científica y la evidencia testimonial no son consistentes. Por tanto, el EAAF
“no respalda la hipótesis que postulara la Procuraduría General de la República”,
dijo ayer Miguel Nieva en conferencia de prensa. Hace poco más de un año, el
entonces procurador General de la República Jesús Murillo Karam había
presentado su “verdad histórica”: los estudiantes normalistas fueron asesinados
e incinerados por miembros del cártel “Guerreros Unidos”.
Murillo Karam dijo
entonces que las investigaciones, “sin lugar a dudas, llevan a concluir que los
estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida,
incinerados y arrojados al río San Juan. En ese orden. Esta es la verdad
histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como
se muestra en el expediente, y que ha permitido ejercitar acción penal contra
los 99 involucrados que han sido detenidos hasta hoy”, dijo en conferencia de
prensa el 27 de enero de 2015. Poco después, el procurador Murillo Karam fue
removido del cargo por el presidente Peña Nieto.
Previamente, el 6 de
septiembre de 2015, un informe de 550 páginas del Grupo Interdisciplinario de
Expertas y Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) negó que los estudiantes hayan sido incinerados en el
basurero de Cocula, e incluso aseguró que ni siquiera hay evidencia de que
hubiese un fuego de la magnitud que presumió el gobierno mexicano. “Ese evento,
tal y como ha sido descrito, no pasó”.
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