Las autoridades políticas nacionales, provinciales y municipales desde hace ya muchos años asumen que la respuesta es sumar cada día más fuerzas de seguridad en la ciudad (de la policía santafesina, la Federal, Prefectura y Gendarmería) pero la situación en los barrios no ha hecho más que agravarse.
El récord de muertes violentas del año pasado (288) coincidió con el año de mayor presencia de fuerzas de seguridad en la región.
Quienes trabajamos con la niñez conocemos sus sueños y sus pocas oportunidades de futuro en los barrios, por eso denunciamos esta política de desprecio por la vida.
Además no podemos dejar de mencionar el crecimiento de víctimas niños y niñas que durante el 2022 perdieron su vida. Más de 30 chicxs de entre 1 y 17 años fueron asesinadxs y no estarán en las aulas descubriendo el mundo.
Maxi, el alumnito de la escuela 1344, es el sexto niño asesinado este año.
Nadie puede desconocer la complicidad de las fuerzas de seguridad con las bandas del delito. La Policía es hoy más parte del problema que de la solución. Pero, para funcionar este negocio tiene otras patas como la financistas que lavan la plata del narco y puertos privados por donde entra y sale la droga; la justicia y políticos que están vinculados a este entramado.
El Estado puede y debe ofrecer otra presencia en los barrios que garantice los mejores servicios públicos, las mejores escuelas, clubes, espacios recreativos y culturales e impulse todas las iniciativas que ayuden a que nuestrxs pibxs encuentren una salida por el lado de la educación y el trabajo en condiciones adecuadas y no vean vulnerados sus derechos.
Conocemos bien la gravedad de la situación.
Rechazamos que se insista con recetas que viene fracasando y agravando todo.
Exijamos nuevas respuestas a las autoridades políticas. Los gobiernos son responsables.
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