Militarización de las escuelas en Brasil: una amenaza a la educación y a la democracia

La elección de Jair Bolsonaro como presidente de Brasil en el año 2018, más allá de indicar un proceso amplio de desregulación de la economía, marcado ya por políticas de socavamiento del papel del Estado en todas las esferas de la vida social y por un programa contundente de privatizaciones, trajo consigo también una nueva agenda educativa al país. Aunque ya presentes de forma difusa antes de su elección, con la llegada de Bolsonaro al poder los abanderados de lo que en Brasil se conoce como movimiento Escuela sin Partido, de la militarización de las escuelas y de la educación adquirieron fuerza y coordinación política nacional.

El movimiento Escuela sin Partido protesta contra lo que se llamó adoctrinamiento político, ideológico y religioso, supuestamente practicado en el marco de nuestros centros educativos por los profesores brasileños. Firmemente enraizado en una visión negacionista de la Historia, ese movimiento pasa a acusar y perseguir a los profesionales de magisterio de nuestro país, acusándolos de comunistas, difusores del ateísmo y de lo que convinieron en llamar ideología de género, término creado por movimientos neoconservadores que intentan, cueste lo que cueste, prohibir cualquier tipo de debate sobre los estudios de género y asuntos relacionados, como el feminismo. Los defensores de ese movimiento conservador y reaccionario atacan la libertad de cátedra de esos profesionales y, en un esfuerzo por reescribir la historia de Brasil, comienzan a adoptar un absoluto revisionismo de nuestra propia historiografía oficial, elogiando y defendiendo la sanguinaria dictadura civil-militar que se instaló en Brasil en 1964 y perduró hasta mediados de los 80.

Ese movimiento sufrió un duro revés en agosto de 2020, ya durante el gobierno Bolsonaro, cuando la Corte Suprema brasileña juzgó inconstitucional una ley de los estados que prohibía que las escuelas discutieran temas relacionados con el género y la sexualidad en sus aulas. Esa victoria judicial de los sectores democráticos de la educación brasileña creó una importante jurisprudencia en el marco de la mayor corte judicial de Brasil, cohibiendo, al menos momentáneamente, la presentación de proyectos legislativos similares en el marco de los estados subnacionales. Se produjo, así, un reordenamiento de las prioridades educativas de Bolsonaro. Resultado del mismo fenómeno social, el proyecto de militarización de las escuelas brasileñas pasa, actualmente, a ser prioridad central del programa educativo y de su gobierno.

Antecedentes y situación actual de la militarización de las escuelas brasileñas

El proyecto de lo que llamamos aquí militarización de las escuelas, en el marco de la agenda educativa del gobierno Bolsonaro, difiere del fenómeno que ya existe en Brasil en los consorcios educativos conocidos como colegios militares, instituciones sumamente antiguas. El primer colegio militar de Brasil se constituyó a finales del siglo XIX, en la época de la proclamación de la República brasileña. Vinculados a corporaciones brasileñas, esos colegios militares tienen vínculo institucional con las Fuerzas Armadas (Ejército, Marina y Aeronáutica), por lo cual son estructuras funcionales de la esfera nacional de nuestro sistema federado, o bien con las policías militares y el Cuerpo de Bomberos de los estados, instituciones vinculadas a los estados de la Federación.

Esa estructura de enseñanza militar, anterior al gobierno Bolsonaro, se dedica a atender, básicamente, la educación de los hijos de los funcionarios públicos de esas corporaciones y, a pesar de ofrecer la enseñanza en el marco de la educación básica brasileña, cuenta con una normativa propia y representatividad residual en el conjunto del sistema de enseñanza de Brasil: toda esa estructura abarca menos de 200 escuelas de un universo de más de 182.000 escuelas de educación básica.

Por otra parte, el proceso de militarización de las escuelas representa un esfuerzo gubernamental del actual mandatario brasileño por transferir la gestión administrativa y pedagógica de las escuelas civiles de Brasil, de ese universo de más de 180.000 escuelas, a las fuerzas militares. La llegada de Bolsonaro al poder instituyó esa orientación nacional en las políticas públicas educativas, por primera vez de forma coordinada en el marco del gobierno federal, lo que impulsó la cantidad de escuelas afectadas por esa política de militarización.

Desde su primer día de gobierno, Bolsonaro instituyó la Subsecretaría de Fomento a las Escuelas Cívico-Militares en el marco del Ministerio de Educación (MEC), para cuya dirección fue nombrada una militar, teniente coronel del Ejército brasileño. El proceso de militarización de las escuelas brasileñas, ya en curso por medio de la iniciativa de varios estados y municipios, recobra un especial impulso con esa señal política de la nueva arquitectura organizacional del Ministerio de Educación de Brasil. La propia nomenclatura escuelas cívico-militares, acuñada por la nueva estructura organizativa del MEC, pasa a ser usada por otras iniciativas de militarización educativa. Su crecimiento en varias ciudades brasileñas se constató de forma muy fuerte desde el primer semestre de 2019, primer año de gestión del gobierno Bolsonaro. En julio de ese mismo año, el MEC lanzó el Compromiso Nacional por la Educación Básica, una carta de intenciones de los proyectos del nuevo gobierno brasileño para la educación básica de Brasil. Este documento indica claramente como una de las prioridades del gobierno brasileño el fomento a la militarización de la educación, asumiendo como meta la implantación de 108 escuelas cívico-militares hasta el año 2023, con la proyección de probar ese modelo escolar en todos los estados de la Federación.

Ante las reacciones contrarias del sector educativo brasileño a su proyecto de militarización de escuelas, el gobierno creó, en septiembre de 2019, por medio de la Secretaría General de la Presidencia de la República, el Programa Nacional de Escuelas Cívico-Militares (Pecim) para la adhesión voluntaria de los entes federados subnacionales. La intención política del gobierno federal fue la de compartir la decisión de la militarización de las escuelas con los gobernadores del Estado, usando como punto de atracción la oferta de recursos financieros extra para la implantación de esos proyectos piloto en las ciudades. La oferta de apoyo financiero a los estados y municipios, por medio del Ministerio de Defensa y ante un escenario de escasez de recursos públicos de los estados y municipios para la educación, hizo que varios gobernadores e intendentes se adhirieran a la propuesta de Bolsonaro. Una mayoría de quince de los estados de la Federación se adhirieron, en ese momento, a la política propuesta por el gobierno.

De esa manera, en el marco de sus sistemas de enseñanza de los estados, los resultados obtenidos en 2019 respecto a la ejecución de esa política de fomento a la militarización de las escuelas civiles brasileñas se desarrollaron, como proyecto de gobierno, para el año 2020. Ese año, tan solo tres de los veintisiete estados de la Federación brasileña no participaron en el programa de escuelas cívico-militares de Bolsonaro: cincuenta y cuatro escuelas de todo el país, en veintitrés estados de la Federación, pasaron a formar parte del proyecto piloto, lo que constituye un verdadero secuestro de nuestras escuelas públicas por parte de la gestión administrativa y pedagógica de los militares brasileños. La promesa del gobierno Bolsonaro de poner en marcha 216 de esas escuelas hasta el final de su mandato trajo consigo el compromiso de que el gobierno federal destinara una suma de casi 152.000 euros 1/ a cada una de las unidades que se adhirieran a su proyecto educativo de militarización, así como proponer a los funcionarios públicos de las Fuerzas Armadas de Brasil para que ejercieran cargos administrativos en los centros educativos de Brasil.

Toda esa política nacional del gobierno Bolsonaro autorizó a varios estados de la Federación brasileña a ejecutar, en el marco de los estados, procesos de militarización de las escuelas en los propios sistemas públicos de enseñanza. A través de convenios y otras modalidades, los gobiernos de los estados transfirieron la gestión de varias escuelas de sus redes educativas públicas, por medio de asociaciones, mecanismos y acuerdos legales diversos, a sus fuerzas militares, que básicamente son corporaciones de policía con las que cada Estado cuenta en su estructura de gobierno. Se trata de un proceso avasallador, que se fortaleció y se desarrolló más con el gobierno Bolsonaro, pero que varios gobernantes de los entes subnacionales en Brasil lo posicionan también como proyecto político.

Cabe señalar que este proyecto tiene cierto apoyo social en sectores significativos de la sociedad brasileña, que ven en la militarización de las escuelas una posible solución a los problemas de seguridad y disciplina escolar. La adhesión social a este proyecto político avanza incluso en la oferta del sector de la educación privada en Brasil, con un silencioso y vertiginoso crecimiento de la creación de escuelas militares. Administradas por expolicías, agentes de la reserva del Ejército brasileño e incluso por civiles que nutren la necesidad de imponer más disciplina en los procesos pedagógicos para, así, poder vender sus negocios, esas instituciones privadas de enseñanza con disciplina militar se están creando y proliferando por varios estados de Brasil a partir de diferentes motivaciones: desde la oportunidad de negocio enfocada a un mercado abierto de clientes que valoran la disciplina para la educación de sus hijos hasta aquellas imbuidas de valores que nutren los principios cristianos, el patriotismo y el civismo, por ejemplo. Muchas de esas escuelas, abiertas durante el gobierno Bolsonaro, encontraron dificultad de supervivencia ante el aislamiento social que la pandemia de la covid-19 impuso al sector de la educación. Sin clases e inactivas, muchas de esas instituciones ya cerraron sus puertas y, solo así, se descubrió que algunas de ellas ni siquiera estaban acreditadas por ley para funcionar ante las Secretarías de Educación de los estados.

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