Danna Ingleton, del
brazo tecnológico de AI, Amnesty Tech, resaltó que una nueva plataforma,
Digital Violence (Violencia digital) “saca a la luz las importantes conexiones
entre el uso del software espía de NSO y demoledoras violaciones de derechos
humanos”, en cuatro continentes.
Esa plataforma, de la
agrupación británica Forensic Architecture, permitió ya trazar un mapa de la
distribución mundial de Pegasus, un programa que NSO (iniciales de sus
creadores y propietarios) vende exclusivamente a gobiernos y solo después de
ser autorizados con base en la legislación militar israelí.
Pegasus es un malware
(programa malicioso) que se instala subrepticiamente en los teléfonos y permite
acceso total a los mensajes, correos electrónicos, multimedia, micrófono, cámara,
llamadas y contactos en el dispositivo del usuario.
Un caso latinoamericano
de víctimas de Pegasus, según las investigaciones de AI y Citizen Lab, fue el
espionaje sobre defensores de derechos humanos que participaron en las
indagatorias por la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, en
México, un crimen masivo ocurrido en 2014.
En 2012, el gobierno de
México había anunciado un convenio con NSO por 20 millones de dólares.
En octubre de 2019, AI
reveló que el teléfono del historiador y periodista marroquí Maati Monjib fue
infectado con el software espía Pegasus. Detenido en diciembre de 2020 y
liberado bajo fianza en marzo de 2021, el activista “continúa sufriendo acoso
por parte de las autoridades marroquíes por su labor de derechos humanos”.
En 2018, Citizen Lab y el diario The New York Times informaron sobre el
uso del software NSO para espiar al círculo íntimo de Jamal Khashoggi justo
antes del asesinato de ese periodista en el consulado de Arabia Saudita en
Turquía.
Otros medios de prensa han
dado cuenta del empleo de Pegasus en países tan disímiles como España, Turquía,
Tailandia, Qatar, Kenia, Uzbekistán, Mozambique, Marruecos, Yemen, Hungría,
Nigeria y Bahréin.
En octubre de 2019, la
empresa de mensajería instantánea WhatsApp y su matriz Facebook demandaron a
NSO en Estados Unidos en virtud de la Ley de Abuso y Fraude Informático de ese
país.
La nueva plataforma
“revela que el dominio digital en el que habitamos se ha convertido en la nueva
frontera de las violaciones de derechos humanos, un sitio de vigilancia e
intimidación del Estado que le permite cometer esas violaciones”, dijo
Shourideh Molavi, responsable de investigación de Forensic Architecture.
Edward Snowden, quien
preside en Estados Unidos la Fundación para la Libertad de Prensa, dijo en una
serie audiovisual de AI-Citizen Lab que
“NSO Group es lo peor de lo peor, al vender herramientas de robo digital a
actores de los que sabe perfectamente que violan activa y agresivamente los
derechos humanos”.
La plataforma Digital Violence reúne datos sobre
actividades relacionadas con NSO, sus licencias de exportación, presuntas
adquisiciones, infecciones digitales y ataques físicos (que incluyen
intimidación, acoso y detención) a activistas que anteriormente han sufrido
ataques mediante software espía, destacó AI.
NSO se presenta como
una empresa dedicada a “crear tecnología que ayuda a las agencias
gubernamentales a prevenir e investigar el terrorismo y el crimen, para salvar
miles de vidas alrededor del mundo”.
Con sede en Herzliya,
cerca de Tel Aviv, NSO (iniciales de sus fundadores Niv Carmi, Omri Lavie
Shalev Hulio), tiene ingresos anuales entre 40 y 150 millones de dólares, según
informes concordantes, y en 2017 ya empleaba 500 personas.
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