La pandemia del
coronavirus ha puesto en crisis sanitaria, humanitaria, social y económica al
mundo y a nuestro país. Las consecuencias inmediatas por la infección masiva
son muy graves, con decenas de miles de muertos, en particular en aquellos
países cuyos gobiernos han privilegiado la economía -asociados a los intereses
de los grupos económicos concentrados- por encima de la salud de la población.
Esta es la tensión y
disputa que recorre el mundo y también
nuestro país.
La inevitable
cuarentena es un gran esfuerzo del conjunto del pueblo para frenar los efectos
del contagio de la pandemia. En este escenario, es necesario privilegiar la
emergencia sanitaria por el COVID-19, también enfermedades preexistentes como
el dengue y sarampión que recrudecen en varias provincias argentinas. Todos los
recursos del Estado deben ser puestos en función de cuidar vida y la salud del
pueblo. Pero las desigualdades sociales, el hambre, una desocupación de casi el
9% en el cuarto trimestre de 2019, la pobreza de casi el 40% de la población
que nos dejaron, exige en particular atender la emergencia sanitaria y social
de gran parte de la población cuyas
condiciones de aislamiento o de cuarentena son extremadamente difíciles.
A su vez, las
consecuencias de deterioro en la estructura económica y productiva van a ser
profundas y el aumento de la desocupación es una realidad que golpea con
crudeza a la clase trabajadora y que amenaza con profundizarse. Se estima que
se perderán más de 25 millones de puestos de trabajo a nivel mundial, pero a su
vez las patronales empresarias imponen rebajas salariales, suspensiones y
retiros anticipados, y no dudan en pedir la represión contra quienes reclaman
por sus derechos, como ocurrió en el frigorífico Penta.
Los recursos económicos
para atender la emergencia sanitaria y social pueden y deben salir de los
sectores y grupos económicos concentrados de la economía que se han enriquecido
en los últimos años, a través de medidas
como impuestos de emergencia a las grandes fortunas u otras, y resulta
ineludible la suspensión de los pagos de la deuda externa y su investigación.
La
universidad al servicio del pueblo
A partir de la
declaración de la emergencia sanitaria, desde la CONADU HISTÓRICA hemos
convocado a la Docencia Universitaria y Preuniversitaria a poner nuestros
conocimientos, profesiones y experticias, al servicio del pueblo.
Son muchísimas las
experiencias de grupos de docentes y estudiantes que realizan acciones de
extensión, que van desde la fabricación de insumos sanitarios -cómo alcohol en
gel- hasta respiradores de bajo costo, o la disposición de miles de estudiantes
voluntaries en las facultades de medicina, farmacia y carreras afines para
contribuir al sostenimiento del sistema de salud que va a ser puesto bajo una
tensión inédita. Asimismo, también se registran Universidades que han ofrecido
sus residencias estudiantiles, tanto para posible adecuación hospitalaria, como
así también lugares de refugio para mujeres en situación de violencia doméstica
(agravada en tiempos de cuarentena).
Las Universidades deben
privilegiar el poner a disposición toda su estructura al servicio de las
necesidades urgentes del pueblo. Esta es la prioridad y es mucho lo que se
puede aportar. Comenzando por la atención de los estudiantes que al cerrarse
comedores universitarios no están recibiendo viandas ni bolsones de comida y
aquellos que ante la crisis necesitan que se amplíe la cobertura de becas y su
incremento.
Las
actividades de enseñanza
En el contexto de la
necesaria suspensión de las clases y aislamiento del conjunto de la población,
continuar con la vinculación pedagógica con las y los estudiantes a través de
las herramientas virtuales es una importante contribución para transitar esta
emergencia. Bajo ningún punto de vista deben agravar o complicar aún más esa
situación.
Las consecuencias
económico-sociales de la pandemia son y serán muy graves y profundas en el
conjunto del pueblo argentino, y por lo tanto en lo inmediato son inevitables
los retrasos, alteraciones y modificaciones del proceso de enseñanza, y deberán
mitigarse fundamentalmente con las adecuaciones del calendario académico.
Entendemos esta situación como transitoria y excepcional en tránsito al retorno
a las clases, que debe darse cuando se reúnan las condiciones de protección de
la vida y sanitarias para hacerlo.
Tanto la modalidad
virtual en la enseñanza, como la readecuación de los calendarios académicos -en tanto implican modificar las
condiciones de trabajo de la docencia- deben discutirse en paritarias con los
gremios representativos a nivel nacional y en cada Universidad. Esto no ha sido
así en gran parte de las instituciones universitarias. No sólo no se ha
consultado y discutido con la docencia y el estudiantado, sino ni siquiera con los
órganos colegiados de gobierno, generalizándose resoluciones unipersonales de
rectorados “ad referéndum”.
Existe además una
imposibilidad fáctica para que ciertas disciplinas y carreras se puedan
desarrollar plenamente bajo la modalidad virtual, en particular aquéllas donde
las actividades presenciales en grupos, en laboratorios, trabajos de campo,
plantas pilotos, etc., son imprescindibles.
Asimismo, la
implementación de esta modalidad virtual puede implicar la vulneración de
derechos de la docencia, tanto por las condiciones socio-económicas del
aislamiento al cual estamos sometidos, o porque el tránsito abrupto de la
modalidad presencial a la virtual exige medios y nuevos saberes que en muchos
casos no se cuentan, entre otras causales. En particular planteamos la
eximición de las tareas laborales para docentes que en la situación de
aislamiento, realizan mayores tareas de cuidado por tener menores y/o adultos
mayores a cargo, y de todos los casos contemplados en decretos y resoluciones
vigentes.
Tampoco se debe perder
de vista que miles de estudiantes pueden quedar fuera de la enseñanza por no
tener las condiciones de mínimas de conectividad o de estudio en sus hogares
sometidos con toda la familia a las condiciones de aislamiento.
Manifestamos que la
Universidad Pública Argentina más que nunca debe estar al servicio del Pueblo
ante esta situación de emergencia que afecta a nuestro país y a la humanidad
toda, que debemos garantizar como prioridad la vida de las y los argentinos,
contemplar las distintas realidades familiares que se producen en docentes y
estudiantes.
Asimismo -y en función
de las asimetrías y desigualdades que existen tanto en la docencia , en el
estudiantado como entre las distintas universidades de las regiones del país,
más otras tantas que podrían agregarse-, entendemos que forzar a docentes y
estudiantes a una continuidad de calendario académico trasladando mecánicamente
el cursado del cuatrimestre a la modalidad virtual sin contemplar las
condiciones sociales y psicológicas de los distintos actores involucrados y sus
entornos, justamente podría constituirse en un negacionismo de la situación de
emergencia y grave crisis del país, incrementando así la brecha de
desigualdad, incertidumbre y
complejidad, en la que ya estamos inmersos.
La pandemia es una
emergencia de la cual salimos colectivamente. Esto implica que las decisiones
que se tomen en las distintas Universidades deben estar consensuadas entre los
distintos componentes de la comunidad universitaria, docentes, estudiantes y no
docentes.
CONADU
HISTORICA - FEDERACION NACIONAL DE DOCENTES, INVESTIGADORES Y CREADORES
UNIVERSITARIOS
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