(Por Werner Pertot. Página 12, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, lunes 17 de octubre de 2016)- El juez Andrés Gallardo ordenó al Gobierno
porteño que no demuela el Centro Isauro Arancibia, una escuela que recibe a
niños en situación de calle y que el macrismo busca trasladar para habilitar la
traza del metrobús de Paseo Colón. En la cautelar que dictó, el magistrado
indicó que la gestión PRO deberá proveer las condiciones idóneas, tanto
educativas como edilicias, para que el Arancibia siga funcionando. Además, citó
a una audiencia a la ministra de Educación, Soledad Acuña y a otros
funcionarios.
El conflicto en torno
al traslado del Centro Isauro Arancibia lleva ya más de cinco años y se agravó
desde que el Gobierno porteño anunció su intención de demolerlo para dejar paso
a los carriles exclusivos. El centro alberga a unos 300 chicos en distintas
situaciones de vulnerabilidad social. Además de docentes, intervienen
psicólogos, trabajadores sociales, odontólogos y médicos. En marzo de este año,
este diario hizo un relevamiento del estado en que se mantiene el lugar:
encontró ventanas rotas, falta de calefacción, un subsuelo que se inunda (donde
funciona el jardín de infantes). Los estudiantes con discapacidad motriz tenían
que ser subidos por la escalera porque no funciona el ascensor.
En julio, el jefe de
Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, advirtió que el Arancibia será
relocalizado. La semana pasada, el secretario de Transporte, Juan José Méndez,
indicó que piensan demoler parte de la escuela y trasladar el centro a un nuevo
edificio. Los docentes advirtieron que el Gobierno porteño gastó 12 millones de
pesos en la remodelación.
Ante esta situación, la
asesora tutelar Mabel López Oliva interpuso un amparo, que recayó en el juzgado
de Gallardo. La asesora titular indicó que desde 2011 viene constatando en el
edificio actual “falta de conexión de gas y calefacción, ausencia de protección
en las ventanas, falta de división en las aulas, escaleras sin rejas de
seguridad para niños de hasta 4 años”. Tras ocho meses de intimaciones, el
Gobierno porteño no subsanó los problemas. Tampoco dio información certera de
si iba a disponer el traslado del centro y en qué condiciones.
El juez destacó que,
pese a que faltan obras, se invirtió en hacer algunas refacciones en el
Arancibia. “No puede soslayarse que a las obras del establecimiento ha sido ya
destinada la suma de 12.880.889 pesos, por lo que permitir sin más su
demolición a escasos días de haber finalizado la obra no aparece en esta
instancia un asunto soslayable ya que implicaría la pérdida irreversible de
dicha inversión monetaria con el consiguiente daño al patrimonio y al erario
público”, advirtió el magistrado.
“Corresponde acceder a
la pretensión ad cautelam requerida a fin de salvaguardar el derecho a la
educación, a la salud, a la vida, a la dignidad –entre otros– de los docentes y
niños que concurren al centro Isauro Arancibia”, destacó Gallardo en su
cautelar, en la que le ordenó al Gobierno macrista que “se abstenga de reducir
o demoler total o parcialmente, el edificio sito en la Av. Paseo Colón 1318
donde hoy funciona el Centro Isauro Arancibia y garantice el funcionamiento de
la totalidad de la escuela en el edificio actual en condiciones educativas
(pedagógicas y edilicias) adecuadas. Ello, hasta tanto se resuelva en
contrario”.
También convocó a una
audiencia a la que convocó a la ministra Acuña, al procurador Gabriel Astarloa
y al ministro de Desarrollo Urbano, Franco Moccia. Todos, aclaró, deberán
concurrir personalmente y traer información sobre las obras del metrobús del
Bajo, si se piensa reubicar al Arancibia en uno o más edificios, y dónde
planean que se desarrolle el ciclo lectivo 2017.
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