El
gobierno PRO a nivel nacional arranca con el levantamiento del cepo
cambiario y la confirmación de la quita de retenciones al “campo”,
lo que en concreto implica una fuerte devaluación del peso y mayor
inflación. La anunciada “revisión” de los subsidios a las
empresas de servicios significará un brusco aumento de las tarifas
de luz, agua y gas. Lo mismo ocurrirá con el transporte y los
combustibles. Todo lo cual llevará a una escalada inflacionaria que
ya se encuentra por encima del 30% anual, lo que actualiza la
necesidad de empezar a discutir las paritarias, que el gobierno de
Macri intentará pautar con la burocracia sindical a través de un
nefasto “pacto social”.
Este año en la Ciudad, los
principales sindicatos docentes acordaron con el macrismo un aumento
salarial por debajo de la inflación real. El acta salarial de
febrero estableció un aumento del 26% en dos cuotas, que anualizado
es de un 19%, con cifras en negro, manteniendo las diferenciaciones
salariales a la baja y el achatamiento de la escala salarial.
Los docentes no podemos
esperar al 1º de abril para obtener un aumento de nuestro sueldo.
Es necesario plantear fuertemente un aumento de emergencia y la reapertura de la Mesa Salarial y de Condiciones Laborales, para avanzar en una mejora real de los problemas que afectan a la docencia y a la educación.
Se profundiza la
crisis educativa
El nuevo Ministro de Educación nacional, Esteban Bullrich, ha hecho campaña magnificando el salario docente de la Ciudad y la situación educativa en general.
Pero los docentes que trabajamos en las escuelas públicas porteñas sabemos que -aunque no se la declare- hay una emergencia en la infraestructura escolar con escuelas en crisis en todos los distritos escolares. Cada día se suspenden las clases en un promedio de diez escuelas por problemas edilicios, falta de luz o agua, incrementándose la cantidad cada vez que llueve.
Los docentes de la Ciudad debemos trabajar dos y más cargos para llegar (mal) a fin de mes. El salario se paga con varias cifras en negro, generando que un docente con 10 años de antigüedad gane lo mismo que uno que recién se inicia. A lo que debe agregarse que cada vez que un docente toma un nuevo cargo pasa meses sin cobrar.
Se profundizó en los
últimos años el vaciamiento de los equipos de orientación escolar
que atienden las escuelas primarias y jardines, y los departamentos
de orientación escolar de las escuelas medias, donde el Estado
desatiende los efectos de la crisis social que impacta en las
escuelas y tiene como principal víctima a la niñez y a la
adolescencia, y quita los recursos que las escuelas necesitan.
Esto tiene consecuencias en la propia tarea docente, y la orientación del gobierno ha sido responsabilizar a los trabajadores de la educación por los efectos de la crisis social, llegando al extremo de separar del cargo y sumariar a la directora del jardín y la maestra del niño Agustín Marrero, muerto por los golpes de su padrastro.
Este año se llevó a
cabo el proceso de inscripción online para los cargos docentes, que
generó una enorme crisis, agravada por la reciente votación de una
ley que elimina las elecciones democráticas de los vocales de Juntas
de Clasificación y Disciplina, que no podría haber avanzado sin el
acuerdo de sectores sindicales a espaldas de los trabajadores,
perjudicando al conjunto de la docencia y beneficiando a un puñado
de sindicatos que vienen teniendo una política de integración y
acuerdos con el gobierno macrista, en detrimento de los intereses de
la docencia y la educación pública (UTE, UDA, AMET, Camyp). Una ley
que profundiza la destrucción de las Juntas iniciada por la Ley
Abrevaya de 2011, esta vez, votada por todo el Interbloque K y UNEN,
con el aval de la burocracia sindical, para restringir la
representación de los trabajadores docentes.
Una vez más, el Presupuesto 2016 viene con ajustes que configuran un cuadro de aumentos salariales a la baja, menos recursos para las escuelas públicas y un considerable aumento (30%) de los subsidios a las escuelas privadas (más de $4.000 millones). Además, los recortes afectan a distintas áreas: salud, cultura, vivienda.
Al tiempo que el gobierno
profundiza la injerencia de organismos privados y de la Iglesia
Católica en las escuelas públicas, se lleva a cabo la puesta en
marcha de la unidad de evaluación integral de la calidad y equidad
educativa, que ha intentando llevar adelante evaluaciones externas y
estandarizadas, con la perspectiva de responsabilizar a los docentes
por la situación de la educación y avanzar en la línea de que el
salario y la estabilidad en los cargos queden atados a los resultados
de la evaluación.
En lugar de llevar
adelante un plan de construcción de jardines y escuelas para
solucionar el problema de la falta de vacantes -evidenciada con la
inscripción on line que dejó sin escuela a miles de niños/as-, el
PRO y la “oposición” legislativa (FpV, ECO, UNEN y otros)
cedieron 30.000 metros cuadrados al Arzobispado.
Ante este cuadro,
llamamos a la docencia a abrir un proceso de debate en las escuelas y
distritos para avanzar en nuestros reclamos y poder enfrentar el
ajuste en curso y el que preparan los gobiernos nacional y de la
ciudad.
Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior (Ademys)
No hay comentarios:
Publicar un comentario