(Por Santiago Gándara.
Prensa Obrera, número 1395, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lunes
28 de diciembre de 2015)- Víctor Hugo Morales entrevistó hace unos
días a Sandra Russo para denunciar el posible levantamiento de
“6,7,8” -lo que luego fue concretado por Cristóbal López,
declinando un nuevo contrato.
El tema ya se había
instalado en el programa televisivo, pero con remedos de argumentos
que apenas disimulaban la defensa desesperada de su panel en el
mundo. Pero, en esta ocasión, Sandra Russo incorporó un fundamento
más sólido. Dijo que el programa representaba un "proyecto",
una corriente de opinión que expresa a una parte de la sociedad y
que por eso mismo era justo reclamar el espacio correspondiente en un
canal público. Impecable. Y bolchevique.
Con independencia de que
el levantamiento fue concretado por Cristóbal López, declinando un
nuevo contrato en su calidad de productor, se imponen tres cuestiones
en relación con el debate. La primera es que ni Russo ni Víctor
Hugo Morales ni “6,7,8” levantaron jamás este argumento que sí
fue planteado por la izquierda en ocasión del debate de la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual. Esto es, que la verdadera
libertad debía ser la libertad de opinión, de las corrientes de
opinión existentes, que, como tales, debían tener su lugar en los
medios públicos según criterios de proporcionalidad. Ni Russo ni
otro periodista oficialista usó jamás ese argumento ni exigió que,
durante estos doce años, hubiera programas en los medios públicos
que expresaran otras corrientes de opinión que no fueran las que
monopolizaba el oficialismo. ¿Por qué lo que es justo hoy, no lo
era ayer? La respuesta es medio obvia: porque sólo les interesaba
que resonara la voz del gobierno. Una rara defensa de la libertad de
expresión u opinión... propia.
La segunda cuestión es
que el argumento -que en boca de Russo o Víctor Hugo Morales deviene
en impostura- es válido para abrir los espacios de los medios
públicos (televisión, radio, agencia noticiosa) a todas las
corrientes de opinión. En una campaña con ese objetivo, la
izquierda exigiría su alícuota parte de los medios públicos: nos
apoya el 3 por ciento del electorado; representamos centenares de
comisiones internas, sindicatos, organizaciones de desocupados, de
derechos humanos, centros de estudiantes; contamos con diputados
nacionales, legisladores y concejales en varias provincias; tenemos
presencia territorial en todo el país...
Finalmente, apuntemos que
los planteos de Russo, Víctor Hugo Morales o de la Presidenta en su
alocución de despedida, presuponen que durante estos años hubo
libertad de expresión. Falso. Y falso en la misma línea del planteo
russoniano; es decir, en el sentido de que no hubo programas en los
medios públicos que difundieran las opiniones de los trabajadores en
huelga, las intervenciones de la izquierda, los conflictos contra las
grandes corporaciones (los levantamientos en Famatina o los cortes en
la Panamericana), las marchas y paros educativos en todo el país,
las tomas de tierras o los desalojos de campesinos o pueblos
originarios... Un solo ejemplo: los grandes paros en Radio Nacional
no tuvieron la radio -¿no es pública?- para expresar sus
reivindicaciones y repudiar las acciones persecutorias de la
patronal.
Conclusión: abramos uno,
dos, tres programas en todos los medios públicos que expresen las
diferentes corrientes de opinión y las voces de la lucha de clases
para que no sigan hablando las fracciones de la misma y única clase.
Nosotros anotamos los nuestros. No resignamos el reclamo al marginal
33% de los sin fines de lucro. Exigimos la parte que nos corresponde
de los llamados medios públicos.
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