El proyecto de
presupuesto dado a conocer por el gobierno de Dilma Roussef ha
agregado un nuevo condimento a la crisis de Brasil. El déficit que
anunció ha sido tomado por la gran burguesía como un indicador del
fracaso del ajuste. Se acentuó la caída de la Bolsa y la
devaluación del real. La crisis industrial ha pegado otro salto:
la desocupación superó el 8 por ciento, y encima las llamadas
“certificadoras de riesgo” de las financieras internacionales le
bajaron la calificación y todo lo empujaron hacia la zona roja del
desquicio.
La presidente, entonces,
intentó superar este agujero fiscal con la reimplantación del
impuesto al cheque, cuya vigencia fue interrumpida bajo la gestión
del PT, pero se estrelló con la resistencia cerrada de su
compatriotas más poderosos. Esta negativa ha ido de la mano con una
presión cada vez mayor para recortar los llamados gastos y planes
sociales. ¿Finalmente? El ministro de Economía, Joaquim Levy, ha
vuelto a plantear una poda sensible de los programas de asistencia
social y las becas escolares para hogares de bajos recursos y
prácticas médicas caras y complejas en el ámbito de la salud
pública.
Ajuste más ajuste. O sea que, una vez más, lo que está sobre el tapete es quién paga las crisis. En Brasil, en
Argentina, o dónde sea...
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