(Página 12, Buenos Aires, viernes 29 de marzo de 2013)- El conflicto
por las jubilaciones forzadas de los docentes mayores de 65 años que enseñan en
la Universidad de Buenos Aires sigue vigente. Si bien el Consejo Superior
decidió prorrogar esta semana numerosas designaciones docentes hasta el 30 de
junio (que vencían a fin de marzo), el gremio docente AGD denunció que en el
listado aprobado por el gobierno de la UBA “hay detectadas algunas bajas”. En
la mayoría de los casos cesanteados, se trata de docentes e investigadores de
larga y acreditada trayectoria en la educación superior. En ese contexto, las
autoridades y profesores de la Facultad de Ciencias Sociales dieron a conocer
una declaración, tal como se resolvió en una reunión abierta a la comunidad
académica, para manifestarse en contra de las cesantías que aplica la UBA,
desconociendo la vigencia de la ley de jubilaciones sancionada en 2009 que
prevé la continuidad de los profesores hasta los 70 años.
“Con el cese de los
trabajadores de más de 65 años, el Rectorado de la UBA impugna un derecho
laboral, desconoce las tareas de docencia e investigación llevadas a cabo por
ellos y los castiga, sencillamente, expulsándolos de cargos legítimos”, dice el
documento. El conflicto, que llegó a judicializarse en diciembre del 2011, está
en manos de la jueza María José Sarmiento.
El conflicto por las
cesantías comenzó cuando las autoridades de la UBA quisieron imponer el retiro
forzado de 642 docentes interinos, una disposición que, según la declaración de
Sociales, “resulta violatoria de los derechos humanos, humillante, y en muchos
casos, priva del necesario sostén económico y de la protección de la obra
social universitaria”.
Las autoridades de la
UBA basan su decisión en el estatuto universitario, vigente desde 1958, que
establece que los profesores cesan a los 65 años, y no les reconocen a los
docentes la posibilidad de continuar ejerciendo hasta los 70, tal como
establece la ley de jubilaciones que se aplica en el resto de las universidades
nacionales. Desde la UBA esgrimen que la ley es “inconstitucional” y se amparan
en la autonomía universitaria.
“La autonomía
universitaria persigue garantizar la libertad académica; el Rectorado de la UBA
la invoca para desconocer los derechos laborales consagrados en la ley vigente,
razón por la cual coloca a la universidad en una situación de excepción en
comparación con la totalidad de las demás universidades nacionales, que sí
cumplen con la ley”, argumenta el documento de Sociales.
Desde que se generó el
conflicto, los cargos de los docentes que las facultades reclaman son
prorrogados cada seis meses. Lo que está en discusión son los cargos interinos
(que son mayoría en la planta docente de la UBA), ya que a los profesores
regulares se les admite que continúen en sus cargos hasta los 70.
“Seguimos reclamando la
reincorporación de todos los docentes y exigimos el cumplimiento efectivo de la
Ley 26.508 que el Rectorado y el Consejo Superior se empeñan en desconocer,
vulnerando derechos laborales conquistados y dejando en la calle a docentes”,
sostienen dirigentes de la Conadu Histórica, al tiempo que afirman que “hay
casos detectados de docentes que no figuran en los listados” de prórroga.
El conflicto está en
manos de la Justicia, que debe resolver la cuestión de fondo: si la UBA debe
acatar la ley o no. Las autoridades de Sociales entienden que “la apelación por
parte de la UBA a una demanda de inconstitucionalidad de la Ley 26.508,
cuestionando los derechos adquiridos por los docentes universitarios, niega la
soberanía popular y deja a los ciudadanos a merced de los poderes fácticos”. La
causa está en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, a cargo de
la jueza Sarmiento.
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