[…] fuentes del
Gobierno sostuvieron que la documentación secuestrada durante el allanamiento
en Campo de Mayo no corresponde al llamado Proyecto X sino a esa Unidad
Especial de Procedimientos Judiciales (Uesprojud) que acumula información
producida por pedido de jueces o fiscales o como tarea de prevención de algún
delito.
Sin embargo, los
documentos publicados por este diario -como la base de datos con los dirigentes
sociales de todas las villas de la Ciudad o un listado de más de mil
organizaciones “monitoreadas por la fuerza” que incluye gremios, entidades del
campo y organismos de derechos humanos- prueban que la información no formaba
parte de ninguna causa judicial sino de las tareas de inteligencia de la
Gendarmería, algo que está prohibido por la ley. En la Argentina, la actividad
de inteligencia está permitida sólo en el marco de la investigación de delitos
y bajo estricta autorización y control judicial. Nada de todo eso surge del
resto de los informes.
Hay “minutas
informativas” sobre las marchas para reclamar la aparición de Julio López o
justicia para las víctimas de Cromañón. También sobre encuentros en lugares
cerrados, como una reunión de delegados de base en el Bauen o audiencias
judiciales en distintos tribunales.
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